El futuro del callejero franquista de Huesca, abocado a los tribunales

Un grupo de asociaciones memorialistas y culturales y de particulares de Huesca valora llevar al Ayuntamiento a los tribunales e iniciar un proceso contencioso-administrativo porque entiende que este ha incumplido la Ley de Memoria Democrática Aragonesa. Argumentan que el mantenimiento de la nomenclatura de algunas calles con nombres de alcaldes del franquismo y la no retirada de una placa en el edificio consistorial de este mismo periodo son contrarios a la normativa, a pesar de que la institución defiende la legalidad de sus decisiones. Para ello promueve la adhesión de quienes deseen brindar su apoyo económico desinteresado para afrontar los costes del proceso.

La polémica se refiere a una placa ubicada en el vestíbulo con el agradecimiento explícito a “su Excelencia el Caudillo, Francisco Franco, el Generalísimo” después de la rehabilitación del Ayuntamiento después de la Guerra Civil. Tras negarse a retirarla, se acordó el añadido de un texto explicativo junto a ella. Asimismo, se mantienen con el mismo nombre las calles dedicadas a los primeros ediles de la dictadura porque, “como indican las leyes de Memoria Democrática, se ha tenido en cuenta que nunca hayan sido investigados, acusados ni condenados por delitos de violencia contra las personas ni por delitos de sangre, ni de forma directa ni indirecta”, indican desde el Ayuntamiento de Huesca.

En este sentido, los demandantes lamentan la “laxitud” en la aplicación de la Ley frente al “franquismo político y sociológico alojado en instituciones como el Ayuntamiento de Huesca, el de Zaragoza, o el de Calatayud y aun otros que se niegan a retirar los símbolos de la dictadura, se alimenta de un contexto de sospechosa permisividad favorecido por el Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Cultura”. La Ley de memoria democrática aragonesa, “ha sido abandonada a su suerte, antes incluso de haberse facilitado una mínima oportunidad de desarrollo”.

Ya en agosto de 2019 se debería haber constituido la comisión técnica de memoria democrática, responsable de la redacción de un plan de acción que no se ha materializado. El plazo para elaborar el proceso normativo de la Ley concluía en febrero de 2020. “Difícilmente se podrán abordar los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que enuncia la Ley sin el concurso del Centro de Investigación de la memoria democrática que debe redactar el censo de memoria, catálogo que contendrá toda la información sobre desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”, lamentan las asociaciones.

En este tiempo tampoco se ha actualizado el mapa de fosas de víctimas del franquismo ni se ha sistematizado un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Las mismas fuentes acusan a la Dirección General de Patrimonio de emplearse “con carácter errático, aleatoria voluntad y muy desigual fortuna, como queda meridianamente claro en el caso del callejero que nombra alcaldes de la dictadura en Huesca”. En este contexto, “el régimen sancionador que establece la norma legal permanece inexplorado, favoreciendo la actitud insumisa de las autoridades incumplidoras”.

Entre los firmantes se hallan la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). También, profesores e historiadores como Modesto Arjona Ortiz, José María Azpíroz Pascual y Juan Mainer Baqué; miembros de la Asociación Terres de Mémoire et de Luttes o Pedro Sáinz Terrado, víctima del franquismo.

El recurso de reposición, paso previo a la presentación del contencioso administrativo, planteaba “que se estime nulo o subsidiariamente anulable el acuerdo de pleno adoptado el 19 de octubre pasado, en cuanto al mantenimiento de la placa franquista en el patio del Ayuntamiento y la colocación de otra auxiliar explicativa; la permanencia en el callejero de los nombres de los exalcaldes Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa Coarasa y Mariano Ponz Piedrafita, igualmente el de Federico Mayo, así como la exhibición de las placas que recuerdan la Obra de la Delegación Nacional de Sindicatos en muros y portales”. 

Asimismo, se instaba al Ayuntamiento a anular el acuerdo de resignificación para la Plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja. Los recurrentes solicitaban que se denominasen los distintos espacios urbanos “de acuerdo con la tradición popular e histórica y la inapelable perspectiva democrática”. Así, recordaban al concejo que la futura Plaza de la Comunidad Foral de Navarra es conocida en la ciudad desde mediados del siglo XIX como “Plaza de Zaragoza”. 

Por otra parte, junto a la denuncia del acuerdo de pleno que venía a rechazar el requerimiento realizado por la Dirección General de Patrimonio para el cumplimiento de la Ley de Memoria, el Colectivo solicitaba el cambio de denominación de las calles Pedro Sopena, Vicente Campo, Gil Cávez y Emilio Miravé, alcaldes franquistas, y de los “destacados personajes del régimen” Castán Tobeñas y Ricardo del Arco. 

Las asociaciones argumentan la “inseparable” condición de franquistas militantes y colaboradores directos con las instituciones de la dictadura, de los regidores municipales y los personajes que las leyes señalan como “instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”. “Que la gestión local -señalan- deba responder en gran medida a cuestiones de orden práctico y cotidiano, no resuelve el conflicto democrático y ético que implica la adhesión de sus ejecutores a las directrices, normas, jerarquías y estructuras de la dictadura que los nombra y ampara, dictadura a la que sirven y que ha sido reiteradamente condenada por los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos”.

En cuanto a la placa del patio municipal, “no es necesario que aparezcan yugos y flechas, ni que exalte el 18 de julio, ni que se denigre a las víctimas de la terrible represión, la placa constituye un elemento intrínsecamente vinculado con los vencedores y su régimen militar y policial sostenido a base de leyes, escudos, monumentos, himnos, ocupación de espacios públicos y homenajes permanentes a los propios vencedores y su tiempo”. El recurso presentado plantea la sustitución del plafón franquista por otro que recoja con rigor documental las vicisitudes arquitectónicas del edificio municipal a lo largo de toda su historia.