El Gobierno central insta a Azcón a aplicar en Aragón la Ley de Vivienda para acabar con la “angustia” de los alquileres

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este viernes al Gobierno de Aragón que aplique la Ley de Vivienda y que use todas las herramientas que esta prevé para bajar el precio de los alquileres y acabar así con la “angustia” de las familias inquilinas. Así lo ha manifestado en una vista a una promoción de 112 viviendas de alquiler asequible en el barrio zaragozano de Las Fuentes-Montemolín. En el acto estaba presente el consejero autonómico de ramo, Octavio López, quien ha vuelto a reclamar a la ministra suelos en la ciudad de Zaragoza “para construir 2.000 viviendas más”.

En su intervención en Zaragoza, la ministra –acompañada por la titular de Educación, Pilar Alegría– ha concretado que la declaración de zona tensionada implica la activación de un paquete de medidas extraordinarias para revertir una situación de dificultad en el acceso a la vivienda. Algunas de esas medidas son la obligación de referenciar los nuevos contratos al anterior –con lo que se evitan las subidas abusivas y disminuye la rotación de las personas inquilinas–, la disposición de recursos adicionales para la construcción y rehabilitación de vivienda, y la habilitación de bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio de los alquileres.

Hace apenas dos días, el propio consejero autonómico reivindicó su rechazo a aplicar la legislación estatal, que calificó de “nefasta”. Calificó de “invento” la cuestión de las “zonas tensionadas”, Aragón no va “a aplicar”, y solo ve desarrollará el artículo 15, que permite transformar suelos destinados a equipamientos en vivienda pública.

La ministra, sin embargo, ha pedido “no mirar hacia otro lado” ante un “bien esencial que se come las rentas de las familias”. “Mi petición es que se utilicen todos los instrumentos legales que hoy existen en España. Los tenemos y están funcionando para limitar el crecimiento de los precios de alquiler”, ha subrayado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha visitado este viernes una promoción de 112 viviendas de alquiler asequible en el barrio zaragozano de Las Fuentes-Montemolín, con una inversión del Gobierno de 3,57 millones procedentes del Plan de Recuperación.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha invertido 325 millones de euros en Aragón. Con esos fondos, se han movilizado con ello 5.971 viviendas, de las cuales 1.036 son de nueva construcción y 4.935 en rehabilitación. En Zaragoza, la inversión asciende a 80 millones, 50 para la construcción de nueva vivienda.

Participación público-privada

Las manifestaciones del consejero aragonés de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial han ido, como era previsible, por otros derroteros. Así, ha vuelto a solicitar a la ministra de Vivienda suelos ociosos del Estado para impulsar 2.000 viviendas públicas en Zaragoza capital y ha puesto en valor la participación público-privada y la colaboración entre instituciones, a fin de contribuir con más eficacia a la solución del grave problema de la vivienda.

López ha remarcado que Aragón precisa construir entre 1.000 y 1.500 viviendas públicas durante los próximos 15 años y que esta disposición de suelos por parte del Estado contribuiría a conseguir ese objetivo. “Si hay que compartir fotos, como hoy, se comparten, lo importante es atender el interés de los ciudadanos”, ha dicho.

Por otra parte, el consejero de Vivienda aragonés ha mostrado su disposición a que Aragón se adhiera al nuevo plan estatal de vivienda, siempre que este permita articular acciones que respondan a las necesidades de Aragón, tal como se está haciendo con el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

En concreto, López ha supeditado la adhesión final de Aragón al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a que el proceso de negociación con el Ministerio derive en acuerdos satisfactorios para las necesidades de Aragón. “Mi opinión es intentar conseguir que podamos participar de ese plan el mayor número de comunidades autónomas, siempre que se respeten los programas específicos que tenemos en cada comunidad autónoma para intentar ajustarlos como un guante a la realidad de cada una de ellas”.