El precedente en Aragón de un escándalo con Acciona: desfalco de 150 millones en la mayor trama corrupta en la comunidad

La polémica que liga a Santos Cerdán y José Luis Ábalos con Acciona tiene en Aragón un precedente claro: el caso Plaza, la mayor trama de corrupción registrada en la comunidad, que generó un desfalco de hasta 150 millones de euros –según estimó la Fiscalía Anticorrupción– de los que la constructora aceptó pagar 60 como responsable civil subsidiaria. Dos directivos de la compañía fueron condenados junto con otras 16 personas.

Este verano se cumplen 12 años de la macrooperación policial que destapó el caso. Fue un 14 de agosto de 2013 cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en una investigación liderada por el fiscal José Grinda, se desplegaron por Zaragoza para detener inicialmente a tres personas por una posible malversación millonaria en las obras para urbanizar el polígono logístico de Plaza. Unos trabajos que llevó a cabo una UTE formada por Acciona con una constructora aragonesa, MLN, y que se acabó demostrando que estaban inflados. Tanto, que si el importe certificado por la Cámara de Cuentas ascendió a 389 millones de euros, la Fiscalía calcula que el dinero público malversado ascendió a 147 millones entre facturas y certificaciones falsas de obra.

Hay una similitud más entre la trama actual y la que se vivió en Zaragoza. Aquí, uno de los primeros damnificados de Acciona ha sido el director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, despedido por la compañía. En el caso Plaza se vivió algo parecido con Pedro Martínez, que era presidente de Acciona Infraestructuras en Aragón. Aunque no resultó inculpado, terminó fuera de la compañía el 31 de diciembre de 2013, aunque –al menos según informó Acciona– por decisión propia, debido a “motivos de carácter personal”.

Los primeros arrestados del caso Plaza fueron el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril –que estaba en Salou; en el apartamento de su hija, los agentes localizaron más de 400.000 euros bajo el colchón–, y dos técnicos. Cuando concluyeron las pesquisas, ya eran 25 los acusados. El responsable político de mayor calado fue el consejero delegado de Plaza y exviceconsejero del Gobierno de Aragón, el socialista Carlos Esco, que finalmente resultó absuelto por falta de pruebas.

Directivos de Acciona

Entre los detenidos y posteriormente procesados hubo varios cargos de Acciona, dos de los cuales ocuparon el cargo de gerentes de la UTE. El más destacado en la trama fue José María Jordán, directivo de la compañía que acabó aceptando una pena de dos años y un día de prisión, más el pago de una multa de 100.000 euros. Jordán reconoció ser autor de un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Otro ejecutivo de Acciona, Miguel Ángel Bretón, quien sustituyó a Jordán en el puesto, se libró de la prisión también tras admitir su participación en la trama. Solo tuvo que pagar una multa de 2.880 euros.

En el momento de su procesamiento, ambos se encontraban ya lejos, destinados en Latinoamérica –el primero en Brasil, el segundo en Colombia–. Se da la circunstancia de que Jordán fue trasladado por Acciona al país sudamericano después de ser también vinculado con la Operación Molinos, el gran caso de corrupción en torno a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y a su primo, Carmelo Aured. El papel de la compañía con ambos investigados causó sorpresa, ya que les trasladó su respaldo al avalar los 8 millones de euros que les impuso el Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza para seguir en libertad.

También fue enjuiciado José Luis Rodríguez Cachafeiro, director financiero de Acciona en Aragón, y otro empleado de la compañía, José Luis Albendea. El primero tuvo que pagar una multa y el segundo resultó absuelto.

Este periódico ha hablado con uno de los dos denunciantes que dieron origen al caso Plaza, él mismo empleado de Acciona y que, debido al paso del tiempo, prefiere ya que no se refleje su nombre. Esta persona considera que “el modus operandi” de la actual presunta trama de corrupción es muy similar a la de la década pasada, aunque con alguna diferencia. “Entonces también hubo implicaciones políticas, pero ahora se han pedido responsabilidades y dimisiones, están dimitiendo, y sin embargo con el caso Plaza solo se cargaron contra los denunciantes”, lamenta.

Pone el ejemplo del propio Pedro Martínez, cuya marcha considera que “sirvió de cortafuegos” para que el castigo no fuera excesivo, algo que liga con el despido en el caso actual de Justo Vicente Pelegrini.

“La forma de actuar es similar”

“La forma de actuar es similar. Se suele pensar que el dinero de las mordidas se da a cambio de adjudicaciones, pero no es así, porque las grandes constructoras ya se reparten el pastel. El objetivo es tener enganchado al responsable político de turno, el que tiene que tomar las decisiones: que cuando tengas que hacer un modificado o cuando la dirección técnica te discuta una certificación, puedan ir a él y recordarle que ya han pagado, que lo solucione”, desgrana.

Este denunciante es muy crítico con el sistema que existe en España para quien quiere destapar un caso de corrupción. “Fueron contra mí, he acabado arruinado, pidiendo préstamos a mis familiares. Ha sido de película. Se metieron contra mi familia, me calumniaron, me metieron dos juicios que gané... Menos mal que estaba limpio. Visto con perspectiva, no sé lo que haría. Viendo que todos se fueron de rositas y que incluso premiaron a alguno para que no hablara...”, deja caer.

El caso Plaza se cerró de forma definitiva no hace demasiado, en 2022. En marzo de ese año se resolvió el laudo arbitral que debía determinar la responsabilidad civil de Acciona, que añadió otros 4,2 millones de euros que la compañía debía aportar. De esta forma, la constructora ha tenido que devolver en total 61,9 millones. Una cantidad importante, pero muy alejada de los 150 millones que inicialmente reclamaba el Gobierno de Aragón.