Grupos clandestinos copan el turismo de pesca en el Mar de Aragón

Una semana de pesca en el pantano aragonés de Mequinenza –conocido como el Mar de Aragón- o en el tarraconense de Ribarroja, le sale a un centroeuropeo - transporte incluido- por unos 1.500 euros en los que entran alojamiento, manutención y desplazamientos por la zona. De haberse cumplido las expectativas de la Federación de Pesca, que hace cuatro años, cuando reclamaba la creación del coto que hoy veda esa parte de la ribera del Ebro, estimaba que la actividad atraía anualmente a unas 700.000 personas, la zona recibiría una riada de billetes que, sin embargo, no ha llegado.

Y no lo ha hecho, básicamente, por dos motivos: uno, el sobredimensionamiento de las expectativas; otro, que el grueso del negocio está en manos de grupos que actúan de manera clandestina o semiclandestina.

Las empresas con licencias en regla y que pagan la Seguridad Social a sus trabajadores no gestionan más del 15 % de la demanda, denuncia el diputado de Podemos Andoni Corrales, que citó datos oficiales según los cuales “el 80 % de los visitantes son atraídos por empresas no regularizadas que al no pagar impuestos compiten deslealmente con las locales y ofrecen a bajo coste hospedaje, transporte y embarcaciones”.

“Ni siquiera llevan pegatinas”

Fuentes de la zona corroboran esa versión, al tiempo que alertan sobre la degradación ambiental que está provocando en el Ebro la introducción de especies invasoras, principalmente para la pesca, como el siluro o el mejillón cebra, utilizado como cebo por los pescadores y que ha colonizado la cuenca desde el delta.

“En la zona operan unas 50 empresas, muchas de ellas ni siquiera llevan pegatinas en las furgonetas y las barcas con las que mueven a los turistas, a los que alojan en pisos y chalets que van alquilando”, señalan, al tiempo que advierten que apenas quedan especies piscícolas autóctonas en esos embalses.

Esos grupos se llevan el grueso del dinero que mueve la pesca, aunque su actividad también genera ingresos bajo control: la Federación de Pesca obtuvo el año pasado cerca de medio millón de euros por la tramitación de permisos de pesca en el Mar de Aragón.

Miles de permisos, miles de furtivos

Los pescadores deportivos han generado una intensa polémica en torno al Plan de Pesca del Gobierno de Aragón, el cual, como la mayoría de las comunidades autónomas, ha adecuado sus normas a la sentencia por la que el Tribunal Supremo tumbó el año pasado el Catálogo de Especies Invasoras del Ministerio de Medio Ambiente, que, por motivos económicos, omitía animales como la carpa, el black bass (carpa americana), el cangrejo rojo o el arruí.

La polémica llegó la semana pasada a las Cortes, donde el PAR no obtuvo los apoyos suficientes para instar al Departamento de Desarrollo Rural a suspender la vigencia del plan. No obstante, esa formación, el PSOE, el PP y Ciudadanos coincidieron en señalar que la inclusión de la carpa y el black bass entre las especies invasoras, y la prohibición de devolver al río los ejemplares capturados, mermará los ingresos de los negocios vinculados a la pesca en el eje del Ebro.

Según Ramiro Domínguez, de C’s, la pesca, con 42.000 licencias, mueve más de 15 millones de euros al año en Aragón. Lucía Guillén, del PAR, cifró en 44.500 los permisos emitidos el año pasado para pescar en Mequinenza y en más de 20.000 los de Ribarroja. Un año antes, las sanciones por pesca furtiva en esos entornos superaban las 1.600 -casi la mitad de ellas en Caspe- mientras la Guardia Civil interceptaba varias remesas de más de una tonelada de carpas que eran enviadas a países de Centroeuropa.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decidió el pasado jueves suspender cautelarmente la vigencia del plan en un auto en el que señala que “en términos de generalidad siempre ha de valorarse de forma más prevalente el interés general de protección del medio ambiente”, aunque, en este caso, y ante los eventuales “perjuicios” que pueden sufrir los pescadores, opta por “demorar la eficacia de esta normativa al menos hasta el momento en que se puedan valorar sus argumentos” jurídicos a favor y en contra.