No es país para 'hippies': más de 200 multas a miembros de la Comunidad Arcoíris por su asentamiento en Huesca

El paso de la denominada Comunidad Arcoíris por el núcleo deshabitado de Abellada, en Huesca, les ha salido caro a sus más de cien integrantes. La Guardia Civil ha hecho balance este miércoles del operativo que ha desplegado en las últimas semanas para controlar el asentamiento y ha informado de que ha interpuesto más de 200 multas en infracciones en materia medioambiental y de seguridad ciudadana.

El municipio, situado en el corazón de la sierra de Aineto, a 1.221 metros de altitud, fue refugio durante el mes de mayo -en concreto, 28 días para coincidir con el ciclo lunar- de la controvertida Comunidad Arcoíris ('The Rainbow Family'). Allí se reunieron más de un centenar de personas sin recabar los permisos oficiales, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona y que mantuvo en alerta a las autoridades.

Se trata de un movimiento internacional, asimilable a los movimientos 'hippies' de los años sesenta, que elige periódicamente encuentros en lugares remotos y silvestres que atraen a personas de todo el mundo, desde trabajadores que aprovechan sus vacaciones hasta quienes viven de ahorros acumulados tras años de empleo.

Este miércoles, la Guardia Civil ha explicado que, desde que se tuvo conocimiento el pasado 30 de abril del asentamiento, se activó un dispositivo en el que participaron diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Huesca y de Jaca, así como de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona ) de la Comandancia de Huesca, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) o la Unidad Aérea con base en Huesca. Durante las cuatro semanas realizaron un seguimiento permanente del asentamiento que permitiese un control ante posibles infracciones administrativas en materia de conservación del medio ambiente y en materia de protección de la seguridad ciudadana.

En esos 28 días, agentes del Instituto Armado identificaron a 105 personas y 170 vehículos y formularon un total de 208 denuncias por infracciones administrativas en materia de Protección del Medio Ambiente –acampadas ilegales, hacer fuego en zonas del asentamiento, estacionamientos en lugares no autorizados– y en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, a raíz de la denuncia interpuesta por propietarios de la finca donde se estableció el campamento, la Uprona de Huesca instruyó diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Jaca y ampliadas posteriormente y se pudo informar a la autoridad judicial de las personas participantes que fueron identificadas para que, si así se considerase por los propietarios de las fincas como potenciales perjudicados, puedan ejercer sus derechos por la vía penal y/o civil.