Calatayud sustituye ahora la polémica corrida de toros por una novillada con una tramitación exprés de 72 horas

El Ayuntamiento de Calatayud ha sacado a licitación el contrato para realizar un festejo taurino el próximo 7 de septiembre por las fiestas de la Virgen de la Peña. Lo hizo el 29 de agosto, viernes, con un plazo de presentación para las empresas interesadas de 72 horas —dos de esos días, inhábiles al ser fin de semana—, ya que concluía este lunes 1 de septiembre a las 14:00. Sin embargo, no hay tiempo para solicitar la autorización al Gobierno de Aragón, que se ha de presentar con quince días hábiles de antelación. Según el pliego de condiciones, el próximo fin de semana la plaza de toros debía acoger una corrida de toros, pero tras retirarse la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento ha sustituido esta corrida por una novillada.

La licitación actual del Ayuntamiento no concuerda con el pliego de condiciones que se publicó en abril y del que resultó adjudicataria Hermanos Colomer. Estos realizaron los actos de agosto y, al verse incapaces de asumir el coste de la corrida de toros de septiembre, presentaron su renuncia. Llegaron a un acuerdo “sin sanción” con el Consistorio, que, según esta firma, “nos dijo que tenía otra empresa que lo podía hacer”. El Ayuntamiento sostiene que tras esta cancelación se determinó hacer una transferencia de crédito “preventiva” ante una situación “sobrevenida”: “Esa modificación se lleva a cabo porque tiene que hacerse para dotar de partidas a los gastos que tengas, en este caso si fuese necesario para la organización del festejo taurino”, exponen.

Raúl Adrada, de Toro Fusión, empresa que ha colaborado en el apercibimiento enviado por la Agrupación de Profesionales Taurinos al Ayuntamiento, denuncia que la licitación publicada el pasado viernes está fuera de plazo, ya que para poder realizar un festejo taurino hay que pedir autorización al Gobierno de Aragón quince días hábiles antes del evento. Han enviado un nuevo escrito al Ayuntamiento “para decirles que no es legal lo que están haciendo, la administración tiene unos plazos y no se pueden inventar la ley”. Por otro lado, denuncia que se ha licitado “por debajo del precio real del festejo”, que estima entre 20.000 y 22.000 euros, aunque al haber sacado la licitación como contrato menor de suministros, el valor no puede superar los 15.000 euros. Ante las preguntas de este medio relativas a este asunto, el Consistorio ha rechazado dar declaraciones.

En primera instancia, se publicó la licitación de este contrato menor de suministros por 15.000 euros, que posteriormente fue modificada a 14.990, ya que los contratos menores de suministro están definidos como aquellos cuyo valor estimado es inferior a 15.000 euros. En dicho contrato la empresa adjudicataria se compromete a suministrar seis reses para la corrida de toros, obtener y pagar las autorizaciones y permisos pertinentes y a realizar “cuantas actuaciones se requieran para el correcto suministro de las reses y será responsable único de todas las actuaciones que puedan derivarse de ello”.

Adrada asegura que han impugnado esta licitación y se han puesto en contacto con el Gobierno de Aragón para que no autorice este festejo, ya que son las empresas organizadoras de festejos taurinos populares las que deberán solicitar la autorización “con una antelación mínima de quince días hábiles, la pertinente solicitud en la que se haga constar, además de los datos personales, los referentes a los festejos que se pretenden realizar”, tal y como establece el documento de Gestión de autorizaciones para espectáculos públicos - Festejos taurinos populares. En este caso, no hay empresa adjudicataria y el plazo para presentarse concluye seis días antes del evento. Adrada asegura también que, si siguen adelante, “pondremos una querella”.

Este contrato llega después de semanas de incertidumbre en torno a la celebración de la corrida de septiembre. El Gobierno municipal aprobó un decreto para detraer 65.000 euros de partidas de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Industria con el fin de garantizar el festejo taurino, pese a no tener entonces empresa adjudicataria. A la confusión se sumó la advertencia de la Agrupación de Profesionales Taurinos, que advirtió de una posible querella si el Ayuntamiento adjudicaba la corrida de forma directa a la firma Ignacio Ríos S.L. sin respetar la Ley de Contratos del Sector Público. El Consistorio negó que se hubiera producido ninguna adjudicación irregular, aunque el aviso forzó a replantear el procedimiento.