Acuerdo inédito en Bilbao para rechazar a la nueva ley de administraciones locales
El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Partido Popular en Madrid ha logrado unir por primera vez al resto de los partidos en el Ayuntamiento de Bilbao. En el pleno de este jueves, todos los grupos con representación municipal menos el PP votarán a favor de una proposición del PSE que pide su retirada, exige respeto para la autonomía local y solicita al Parlamento vasco que elabore su propia normativa.
PNV, Bildu y el propio PSE han firmado un acuerdo con el que se comprometen a apoyar la proposición. “El pleno del Ayuntamiento de Bilbao insta al Gobierno de España a no continuar con la grave injerencia que el Anteproyecto de Ley supone en el principio de Autonomía local”, reza su texto. Además, también le pide que cualquier modificación de la normativa básica “refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco tal y como se aprobó en el propio Congreso de los Diputados”.
Mediante este documento, los tres partidos instan al Gobierno central a abrir un proceso de negociación con todos los grupos con representación parlamentaria en Madrid y con los agentes que trabajan en la administración local. Por último, piden al Gobierno vasco que “remita al Parlamento Vasco, en todo caso, en un plazo de 12 meses, el Proyecto de ley Municipal de Euskadi”. En suma, se trata de un documento muy similar al aprobado por el Parlamento vasco hace escasos días.
El Anteproyecto de ley local que prepara el PP en Madrid ha conseguido unir en su contra a prácticamente toda la oposición en el Congreso de los Diputados y a múltiples gobiernos autonómicos y Ayuntamientos. Su texto prevé la eliminación de algunas mancomunidades y el traspaso de sus competencias a las Diputaciones, la limitación de sueldos de los alcaldes y la reducción del número de concejales de algunos municipios, entre otras medidas. Algunas de ellas afectan directamente a Bilbao como es el caso de la reducción de los salarios. El propio Iñaki Azkuna, alcalde de la villa, vería su sueldo reducido de los 89.514 euros brutos anuales que cobra actualmente a los 68.981,88 euros, salario actual de un ministro español. Otros cargos del consistorio e incluso los portavoces de la oposición también verían reducida su asignación, aunque en menor medida que el regidor.
