Vidas vulnerables: la desprotección es estructural y no un fallo del sistema

Hay una constante que atraviesa nuestra época con una claridad incómoda: cuanto más vulnerable es un ser, menos protección institucional recibe. No es una anomalía puntual ni una suma de errores administrativos; es un patrón. Un patrón que se repite en la forma en que se trata a los animales no humanos y en cómo se abandona a quienes, dentro de nuestra propia especie, ocupan los márgenes.

La denuncia hace unas semanas por la desaparición de varios perros de caza en Lillo del Bierzo, vinculados a un presunto caso de maltrato, volvió a poner sobre la mesa una realidad que las activistas llevan años señalando: las administraciones públicas no están diseñadas para proteger a los animales no humanos. Cuando lo hacen, es tarde, es insuficiente o es puramente simbólico. La impunidad con la que operan quienes explotan, abandonan o maltratan animales no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema que los considera recursos antes que vidas.

Algo similar ocurrió con la decisión de varias comunidades de tumbar la propuesta de declarar la anguila en peligro de extinción. A pesar de los datos científicos, de la evidencia acumulada sobre el colapso de la especie, la respuesta institucional ha sido mirar hacia otro lado. No por desconocimiento, sino por intereses, porque proteger a la anguila implica incomodar a sectores económicos. Cuando hay que elegir entre la vida y el beneficio, la balanza se inclina, una vez más, hacia el beneficio.

Ante este vacío, son las activistas quienes sostienen, en la práctica, la defensa de los animales. Cada día, en silencio o bajo riesgo, rescatan, documentan, denuncian, liberan. Lo hacen sin recursos, sin respaldo institucional y, en muchos casos, enfrentándose a la criminalización. Mientras tanto, la Administración gestiona expedientes, archiva denuncias o aplica sanciones que rara vez tienen un efecto disuasorio real. La protección efectiva, la que salva vidas, no viene de arriba.

Lejos de ser una anomalía, esta desprotección ha sido ampliamente analizada por la tradición anarquista. Emma Goldman ya advertía que el Estado no es una estructura neutral, sino una herramienta diseñada para preservar un orden social basado en la dominación. En sus textos, insistía en que las instituciones no protegen a quienes sufren, sino que estabilizan las condiciones que hacen posible esa misma explotación. Piotr Kropotkin, por su parte, desmontó la idea de que el Estado encarna el interés común. En su análisis histórico, mostró cómo las estructuras estatales han servido sistemáticamente para proteger la propiedad privada y los privilegios de las élites económicas, incluso cuando ello implicaba perpetuar el sufrimiento de amplias capas de la población. El Estado interviene, sí, pero lo hace de forma selectiva: reprime cuando el orden es cuestionado y se inhibe cuando la violencia proviene de quienes lo sostienen.

Más recientemente, autoras como Silvia Federici han señalado cómo el Estado moderno ha sido fundamental en la organización de la explotación, especialmente en lo que respecta al trabajo reproductivo y los cuerpos feminizados. Desde esta perspectiva, la desprotección no es una carencia, sino una herramienta: mantener a determinados cuerpos en situación de vulnerabilidad permite sostener relaciones de poder profundamente desiguales.

En una línea convergente, Murray Bookchin denunció que las instituciones estatales están intrínsecamente ligadas a una lógica de dominación que se extiende también a la naturaleza. La jerarquía social, argumentaba, no solo organiza la explotación entre humanos, sino que legitima la dominación sobre el resto de seres vivos. La crisis ecológica y la violencia contra los animales no son fallos del sistema: son su consecuencia directa.

Esta lógica no se limita al ámbito animal, sino que es la misma que rige la relación del poder con los seres humanos más vulnerables. Las personas sin hogar siguen siendo gestionadas como un problema de orden público más que como una emergencia social. Las mujeres que sufren violencia machista se enfrentan a sistemas saturados, revictimizantes y, en demasiadas ocasiones, ineficaces. Las personas racializadas continúan siendo objeto de discriminación estructural, controles policiales y exclusión sistemática.

No es falta de capacidad. Es una cuestión de prioridades.

Cuando se trata de proteger los intereses de las grandes corporaciones, los recursos aparecen con una rapidez asombrosa. Se movilizan unidades antidisturbios para desalojar protestas frente a sedes bancarias. Se blindan infraestructuras críticas cuando peligran beneficios privados. Se aprueban subvenciones millonarias para grupos empresariales bajo el pretexto del crecimiento económico. La maquinaria institucional funciona con precisión quirúrgica siempre que el objetivo sea preservar el orden económico existente.

En cambio, cuando lo que está en juego son vidas vulnerables, humanas o no, la respuesta se diluye en trámites, excusas y falta de voluntad política. La desprotección no es un fallo del sistema: es una de sus características estructurales.

Este paralelismo no es casual. Responde a una misma lógica de dominación que jerarquiza las vidas en función de su utilidad. Aquellas que no generan beneficio, que no encajan en la lógica productiva o que cuestionan el orden establecido, son fácilmente descartables. En ese marco, tanto los animales explotados como las personas marginadas ocupan el escalón más bajo.

Frente a esto, la acción institucional, tal y como está configurada, no solo es insuficiente: es parte del problema. No se trata únicamente de que falten recursos o voluntad política; se trata de que el propio diseño del sistema impide una protección real de quienes no resultan rentables. Se interviene en los síntomas, se administra la miseria, pero no se transforman las causas.

Sin embargo, hay otro hilo que atraviesa estas realidades: la organización colectiva desde abajo. Son redes de apoyo mutuo las que sostienen a personas sin hogar cuando el sistema las abandona. Son colectivos feministas los que acompañan a mujeres frente a la violencia cuando las instituciones fallan. Son activistas antiespecistas quienes rescatan animales de situaciones de explotación y maltrato cuando nadie más lo hace.

Ahí se realiza una actividad política real.

Si algo demuestran estas prácticas es que existen otras formas de proteger, de cuidar y de organizar la vida. Formas que no dependen de la lógica del beneficio ni de la burocracia institucional, sino de la solidaridad, la empatía y la acción directa. Formas que no delegan la responsabilidad, sino que la asumen colectivamente.

Hablar de los más vulnerables no debería ser un ejercicio de compasión, sino un punto de partida para cuestionar las estructuras que producen esa vulnerabilidad y, sobre todo, para asumir una responsabilidad colectiva: la de organizarnos para construir poder popular.

Un poder que no se limite a resistir, sino que sea capaz de crear condiciones materiales de protección y cuidado. Que articule redes, que genere recursos, que dispute espacios. Que haga posible que ninguna vida quede desprotegida por no ser rentable. Frente a la indiferencia institucional, la única respuesta efectiva es la organización. Frente a la desprotección, la construcción de herramientas propias. Frente al abandono, comunidad organizada. No como una alternativa simbólica, sino como una estrategia de supervivencia y de transformación.

Necesitamos hacerlo nosotras mismas porque nadie va a venir a salvar a las más vulnerables