Cantabria lleva más de dos semanas sin reaccionar tras el K.O. de la Justicia a las restricciones por la pandemia

El Gobierno de Cantabria lleva más de dos semanas sin contrarrestar la anulación por parte de los jueces del criterio que guiaba a la Consejería de Sanidad para dictaminar la situación de alerta de los municipios de la comunidad autónoma. No solo no ha encontrado la manera de encajar un dato prácticamente imposible de conseguir como es la población flotante de Cantabria en tiempo real en plena temporada de verano, tal y como le exige la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), sino que ha renunciado a pedir la prórroga del toque de queda y de la limitación de reunión en las localidades más afectadas después de otro revés judicial que puso en duda estas dos medidas.

Esta pasada semana, el Ejecutivo autonómico aún seguía dándole vueltas a cómo poner en activo el sistema de alerta por municipios -el Semáforo COVID-, después de que un auto del TSJC anulara la última actualización hace dos martes hasta que no se hicieran los cálculos sobre la población censada y no censada que se encuentra en Cantabria en cada momento. Hasta ahora la Consejería había hecho sus cálculos de incidencia, y por lo tanto las restricciones derivadas, sobre la población censal, como ocurre en toda España.

Ahora tendrá que armar un 'sudoku' con el criterio de la población flotante que le han impuesto los tribunales, que consideraron que los datos de incidencia eran desproporcionados porque no se incluyen a los turistas o a las segundas residencias en plena temporada estival. El aumento de la población, que oficiosamente puede ser de un millón y medio de personas a lo largo del verano, y su aplicación en el cálculo de la incidencia -un criterio que no sigue ninguna autoridad sanitaria en España- modificaría a la baja los resultados del Semáforo COVID.

No obstante, tanto el Instituto Cántabro de Estadística (Icane), dependiente de la Consejería de Economía, como la Consejería de Turismo ya han comunicado a Sanidad que no tienen forma de conocer el dato de la población flotante en tiempo real. Hay aproximaciones, estimaciones basadas en datos de oficinas de turismo, registros hoteleros y extrahoteleros o consumos de energía y agua, pero datos exactos y en un tiempo real, no.

No solo el TSJC le echó por tierra a la Consejería de Sanidad el Semáforo COVID, sino que ni siquiera se molestó en entrar a valorar el uso del pasaporte COVID como instrumento para el acceso a locales hosteleros en zonas con alta incidencia del coronavirus, algo que pidió públicamente el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE). Por si fuera poco, un segundo auto, hace dos viernes, en que el TSJC consentía la prórroga del toque de queda en varios municipios de una a seis de la madrugada, pero condicionado a que solo fuera durante seis días, ni siquiera fue recurrido. Y no solo no fue recurrido sino que, al término del plazo, Sanidad no ha pedido una nueva prórroga ni ha informado, como informaba cuando los tribunales le daban la razón, en base a qué el TSJC fue en este caso tan restrictivo. Tampoco el TSJC ha informado públicamente de su decisión.

Esta situación ha sido ya calificada de “parálisis” por el principal partido de la oposición, el PP. Su portavoz en materia sanitaria, César Pascual, ha declarado hace escasos días que el Gobierno cántabro “se limita a restringir derechos y cuando la justicia se lo paraliza, la nada. Nada en protección de la salud y siempre a rastras del virus y a ciegas. Llevamos semanas sin Semáforo COVID y cuando se le pregunta al Gobierno qué otra herramienta tiene dan la callada por respuesta”, ha subrayado.

Dos semanas K.O.

La relación entre las autoridades sanitarias y las judiciales ha cambiado radicalmente en Cantabria desde junio, momento en que el TSJC empezó a echar abajo las restricciones que dictaba la Consejería. Antes de quedar K.O. por el TSJC, la misma Sala solía dar la razón a Sanidad. En aquel entonces, la Asociación de Hostelería de Cantabria, que lo recurría todo, estaba presa de la desesperación y se movilizaba con concentraciones y manifestaciones. Ahora las tornas han cambiado, Sanidad no tiene el aval judicial para sus medidas más drásticas y los hosteleros están tan crecidos que, de tú a tú, ofrecen al Gobierno de Cantabria negociar las medidas sanitarias.

A diferencia del verano de 2020, en que la industria turística partía en junio de una situación con escasa incidencia de contagios después de tres meses de confinamiento domiciliario de la población, el verano de 2021 llegó sin solución de continuidad en zona de riesgo alto tras un 'oleaje' en el que se sucedían los períodos álgidos y los de relativa calma con la COVID-19. La progresiva implantación de la vacunación ha ido relativizando el coste en víctimas de la pandemia, pero el cese del estado de alarma en mayo abrió una dispersión de medidas autonómicas para intentar la cuadratura del círculo: contener los contagios y mantener la 'normalidad' turística de la temporada alta. Este es el contexto en el que Cantabria se ha movido, con mejor o peor resultado.

Cantabria había apelado a todos los instrumentos restrictivos de movimientos y usos con la aquiescencia de los jueces hasta junio. En seis ocasiones, la Justicia desestimó los recursos que los hosteleros habían presentado. Sin embargo, a partir de junio el amparo judicial cesó y fueron cayendo las medidas más significativas dictadas por Sanidad, ahondando no solo la disparidad de pareceres entre los dos poderes, sino también dentro del Gobierno en donde su presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, quien siempre ha presumido de no inmiscuirse en asuntos sanitarios, ha vuelto a vaticinar que “ya no habrá más cierres”. Con la decisión de los jueces, ha vuelto el Revilla más partidario de “la economía primero”.

En Cantabria sigue cerrada la hostelería de ocio nocturno y se sigue manteniendo el uso de mascarilla en interiores, limitaciones de aforos en actos y prohibición de venta de alcohol en supermercados, pero la situación es muy confusa en la calle entre otras cosas porque ha estado durante semanas en un nivel 3 de alerta que no tiene reflejo en los niveles municipales, ni se sabe bien qué consecuencias entraña. A eso se añade un cansancio de la población y una desobediencia de facto por parte de ella de las medidas más restrictivas que se han venido dictando.

Primera rectificación

Sin embargo, la primera andanada de la Justicia se produjo en junio, cuando anuló, no una vez sino dos, la restricción de horario nocturno de los locales hosteleros, tanto la inicialmente propuesta por Cantabria como la posteriormente dictada adecuándola a las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Ambas fueron desestimadas por lo que los bares y restaurantes siguieron abiertos hasta la hora marcada en cada licencia de actividad durante unas semanas, hasta que se incorporó al Semáforo COVID.

¿Qué había cambiado desde el punto de vista judicial? El fin del estado de alarma decretado por el Gobierno central a mediados de mayo y los efectos de inmunización de las vacunas empezaron a hacer virar la interpretación de los jueces a la hora de evaluar riesgos y respaldos jurídicos de medidas drásticas que limitan derechos.

El respaldo jurídico, reflejado en los sucesivos autos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), venía de considerar justificado que en aras a proteger la salud de la población dada la alta incidencia de los contagios pudieran restringirse derechos fundamentales como los de reunión o movilidad, dos principios constitucionales que son características de las democracias.

Pero el TSJC ha pasado de considerar las medidas sanitarias como “necesarias y adecuadas” a dudar abiertamente de los datos de incidencia que se le suministran y de que la suspensión de un derecho fundamental esté justificada para acabar con prácticas como la del 'botellón', aunque desde Sanidad se considera que medidas como el toque de queda van más allá de terminar con la bestia negra de los hosteleros. Sea como fuere, desde junio, el “equilibro” de las medidas restrictivas que proponía la Consejería de Sanidad empezó a resquebrajarse y la suspensión de preceptos constitucionales tiene ya los días contados en Cantabria.

No obstante, la Justicia sí avaló este viernes continuar con la limitación de cierre de los locales de ocio nocturno, rechazando la medida cautelar de la patronal hostelera, partidaria de que pubs y discotecas pudieran abrir según horario de licencia y no hasta la una de la madrugada. El TSJC argumentó que los intereses generales y el derecho a la salud deben prevalecer sobre los intereses económicos del sector y aseguró que la medida no afecta a ningún derecho fundamental.