Carecer de un responsable municipal que vele por el interés general en la gestión de las basuras de Santander incumple la Ley de Contratos

“En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra”. Este es un fragmento del artículo 62 de la Ley de Contratos que el Grupo Socialista de Santander entiende que se ha incumplido al externalizar en WSP-Spain no solo el control de la gestión del servicio de residuos de Santander, sino incluso la responsabilidad misma de que se haga correctamente.

La oposición y Ciudadanos, miembro este del equipo de gobierno municipal, han pedido en el pleno que la alcaldesa devuelva la responsabilidad a la Dirección General de Medio Ambiente, petición que prosperó pero que no será atendida ya que la contratación de la empresa se ha hecho para “proteger” a la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, hasta que concluya el litigio judicial y se resuelva la querella interpuesta por el anterior concesionario, Ascan Servicios Urbanos-Geaser.

El contrato de basuras está siendo gestionado por la empresa Cespa, que recibió el encargo por el procedimiento de emergencia, el mismo procedimiento de emergencia utilizado para conceder a WSP-Apia el control y la responsabilidad por el trabajo que realice Cespa.

El portavoz socialista ha denunciado que este segundo contrato “a dedo” externaliza por primera vez la figura de responsable del contrato, que hasta ahora recaía en la directora general de Medio Ambiente.

La adjudicación es, a su juicio, “inédita”, “inaudita” y “de dudoso encaje legal”, ya que el artículo 62 de la Ley de Contratos apunta “claramente” a que, en casos de concesiones de servicios, la administración designará a “una persona que actúe en defensa del interés general para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario”. 

Asimismo Fernández ha rechazado las explicaciones ofrecidas por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), quien justificó externalizar al responsable del contrato en una empresa privada por la querella anunciada por la anterior concesionaria contra Domínguez, que es “un alto cargo del PP”.

“La confesión”, como ha tachado el portavoz socialista los motivos esgrimidos por la edil de Medio Ambiente, revela que “Gema Igual está protegiendo a su directora general y está poniendo la estrategia legal y política del PP por delante de los intereses generales de los santanderinos y las santanderinas”.

Costará más del doble

WSP Apia cobrará 261.500 euros, “más del doble con respecto al mismo servicio que desarrollaba la misma empresa en el anterior contrato”, por comprobar que se cumplan las indicaciones que para la recogida de la basura se han establecido.

La alcaldesa atribuyó el incremento de precio del contrato de fiscalización a la “falta de material por la obstrucción” de la anterior concesionaria Ascan -en referencia a la no cesión de camiones y la retirada de contenedores-, lo que considera el portavoz socialista “una explicación totalmente delirante”. “¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino?”, ha afeado.

Por el contrario, el portavoz socialista cree que la empresa “se cobra la responsabilidad que antes ejercía un alto cargo del PP a un precio superior al sueldo de la directora general de Medio Ambiente”. “Si una empresa privada va a hacer el trabajo de un alto cargo, ¿por qué los santanderinos tenemos que pagar ese salario? Pagamos dos veces por lo mismo”, ha rechazado.