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Un millar de cántabros ha muerto este año sin ser valorado o sin cobrar su prestación de Dependencia

Un cuidador junto a un anciano.

Javier Fernández Rubio

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Cerca de un millar de cántabros que estaban en lista de espera para la Dependencia o esperaban que se hiciera efectiva, han fallecido este año sin conseguir ni lo uno ni lo otro. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha informado, asimismo, que Cantabria es la Comunidad que más personas, que eran beneficiarias y vivían en una residencia de ancianos, ha fallecido. En concreto, el 44,% de las personas beneficiarias de la Dependencia que han fallecido en 2020 se encontraban alojadas en una residencia de ancianos.

Los datos que evalúan el período de enero a octubre han sido facilitados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que tiene como fuente el Imserso y el recuento de fallecidos según los datos disponibles en los registros civiles. MOMO es el sistema que evalúa a diario la discrepancia entre los datos de fallecidos reales, obtenidos en los registros civiles, y los oficialmente diagnosticados por COVID.

En España, el 27% de las personas dependientes beneficiarias y fallecidas en este año vivían en una residencia. Las autonomías donde es mayor este porcentaje son Cantabria (44,8% de las personas beneficiarias fallecidas contaban con atención residencial.), Cataluña (39,1%), Castilla-La Mancha (36,7%) y Madrid (32,8%).

Según el último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia y teniendo en cuenta los datos hasta el mes de octubre de este año, “el impacto de la COVID-19 ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, ha valorado la asociación de directivos.

El impacto de la COVID-19 ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias

Mil fallecidos a la espera

Más allá del impacto de la COVID, la asociación constata que en todo 2020 han fallecido cerca de un millar de mayores que estaban pendientes de valoración, en lista de espera o en el 'limbo' de la Dependencia, que es una expresión que se refiere a quienes han adquirido el derecho a cobrar la prestación pero que todavía no les había sido efectiva.

En concreto, 505 mayores que estaban en lista de espera de la Dependencia han fallecido (47.201 en todo el país), 457 se encontraban a la espera de que se hiciera efectiva (29.453 en toda España) y 48 fallecieron a la espera de su valoración (17.748 en todo el país).

Los trámites burocráticos para ver reconocida la Dependencia son arduos y lentos desde que se implantara por ley hace 15 años. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha demandado una vez más un incremento de la financiación del Estado y una simplificación burocrática de las comunidades autónomas.

“El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el Pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de presidentes autonómicos. De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia”, han indicado desde la asociación de gestores. 

Además, demanda a los gobiernos autónomos reformas normativas para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. “Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas”, han concluido. 

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