Santander abre una veintena de expedientes por los asentamientos ilegales de Corbanera
Más de dos años después de que se produjeran las primeras denuncias de los vecinos, y tras decenas de escritos y peticiones de ayuda a todas las autoridades competentes, el Ayuntamiento de Santander ha tomado cartas en el asunto y ha abierto una veintena de expedientes de disciplina urbanística en el Barrio de Corbanera como consecuencia de los múltiples asentamientos ilegales que pueblan la zona, en una situación que los afectados califican como de “abandono y degradación”.
Tras el requerimiento del Defensor del Pueblo para que el Consistorio realizara una intervención urgente, y después de que este mismo caso haya sido remitido a distintos departamentos del Ayuntamiento o del Gobierno de Cantabria, así como a la Delegación del Gobierno, la Comisión de Peticiones del Parlamento, la Fiscalía, la Casa Real o, incluso, el Vaticano, “los servicios técnicos municipales están girando visitas de inspección para incoar nuevos expedientes en aquellos casos en los que proceda”.
Así lo ha confirmado el equipo de Gobierno municipal a eldiario.es, que había hecho público un dossier con decenas de protestas ante los distintos estamentos públicos, y en el que los vecinos de este enclave que se extiende desde La Maruca hasta El Bocal mostraban su “más profunda indignación ante la dejación, pasividad, negligencia y desidia” de las autoridades ante las reiteradas denuncias sobre los asentamientos ilegales que ocupan la zona desde hace décadas.
De hecho, criticaban “la pasividad y el desprecio” que habían obtenido por parte del Ayuntamiento de Santander como respuesta y los afectados recordaban también que el abandono llega hasta el punto de que carecen de los mínimos servicios públicos, como farolas para alumbrar los caminos por la noche, una carretera en condiciones o puntos de recogida de basura, entre otras necesidades.
Y es que a las molestias de las caravanas, tiendas de campaña, casetas, remolques o inodoros sin ningún tipo de control sanitario, se le unen los fines de semana, sobre todo en temporada estival, las decenas de campistas que celebran macrofiestas, barbacoas o botellones hasta altas horas de la madrugada con los ruidos, los residuos y la suciedad como consecuencia más notoria.
Múltiples requerimientos oficiales
En un escrito consultado por este diario y firmado por Soledad Becerril el 5 de junio de 2015, la Defensora del Pueblo solicitó al Ayuntamiento de Santander que realizase una visita de inspección al lugar para comprobar si se estaban llevando a cabo actividades molestas, insalubres o peligrosas, si las instalaciones existentes eran conformes a la legalidad y estaban amparadas por una autorización municipal, para que posteriormente remitiera información sobre el resultado de estas actuaciones.
En un nuevo requerimiento, fechado en este caso el pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo lamentó que “pese a la concreción de la solicitud cursada por esta institución, la información se limita a remitir el mismo informe que ya envió previamente, con la única novedad de comunicar el archivo del expediente de restauración de la legalidad urbanística tramitado frente a los módulos instalados en el Barrio de Corbanera”.
La Junta de Gobierno Local de Santander, presidida por Íñigo de la Serna (PP), analizó el escrito de la Defensora del Pueblo en una de sus últimas reuniones y ha comenzado a tomar medidas para poner orden en una zona protegida, de alto valor ecológico, y que durante años ha estado prácticamente abandonada por las instituciones.
