Archivada la denuncia por agresión de miembros de ultraderecha durante los altercados en un mitin de Pablo Iglesias
Los insultos, las amenazas, los intentos de agresión y las muestras de violencia que se produjeron el pasado 27 de octubre en el exterior del Palacio de Festivales de Cantabria, protagonizados por miembros de grupos de ultraderecha y exaltados con banderas inconstitucionales con el objetivo de reventar un acto público de Pablo Iglesias en Santander, quedarán de momento sin juzgar por los tribunales.
A pesar de los múltiples vídeos e imágenes que reflejan los hechos y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas que se congregó ese día en esta concentración no comunicada para protestar contra el líder de Podemos, el Juzgado de Instrucción ha archivado por “falta de autor conocido” la denuncia presentada por una operadora de cámara de televisión que fue zarandeada y recibió golpes mientras realizaba su trabajo.
La protesta de estos grupos de ideología fascista se produjo la misma jornada y casi de manera simultánea a la celebración del pleno del Parlament de Cataluña en el que se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Iglesias tenía previsto ese día una serie de actos en Cantabria, que concluyeron con un mitin en el Palacio de Festivales que no pudo desarrollarse con normalidad como consecuencia de estos incidentes en el exterior del recinto.
De hecho, antes y después del mitin se vivieron momentos de tensión entre un grupo de personas con banderas y los asistentes al acto de Podemos, incluidos los periodistas, en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional. La presencia de este grupo de exaltados impidió que pudiera entrar todo el público asistente al acto, ya que se cerraron las puertas del auditorio antes de completar el aforo por motivos de seguridad, y algunas personas tuvieron que quedarse en la calle.
La operadora de cámara denunció haber sido agredida tras el acto por parte de uno de los manifestantes que protestaban por la presencia de Iglesias en Santander e intentaron reventar el acto, un incidente que ahora ha archivado el Juzgado de Instrucción, según ha confirmado Europa Press, medio al que pertenece esta profesional.
Inacción policial
Tras los altercados en Santander, Podemos anunció la presentación de una queja ante la Delegación del Gobierno en Cantabria por lo que calificaron como “inacción policial”. La formación morada criticó públicamente que la Policía no impidiese que “30 fanáticos bloqueasen” las puertas del Palacio de Festivales, lo que provocó que “numerosos” simpatizantes del partido no pudiesen entrar al mitin.
También censuraron que no se procediese a la identificación de todas las personas que se manifestaban “de manera violenta” contra aquellos que pretendían acceder al encuentro. El partido solicitó una reunión con el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), y anunció acciones legales contra aquellas personas que “insultaron, vapulearon, zarandearon y hostigaron” a periodistas, simpatizantes y cargos del partido.
Desde Podemos subrayaron que “la crítica política es legítima” y “va asociada al cargo”, pero que “en ningún caso tiene cabida lo llevado a cabo por los manifestantes”, que “profirieron insultos racistas, vivas a Franco -con presencia de alguna bandera preconstitucional- y atacaron a los periodistas acreditados que únicamente hacían su trabajo”, algo que “debería investigarse por su gravedad”.
Desde este partido cuestionaron la gestión del delegado del Gobierno en Cantabria por “una actitud demasiado laxa contra los violentos”, no solo por “la falta de seguridad ampliamente constada -dicen- por las imágenes y vídeos que se han conocido”, sino por la “impunidad” con la que la extrema derecha se está manifestando en los últimos tiempos ante la “pasividad de las autoridades”.
A pesar de que esta causa se archiva ahora por “falta de autor conocido”, desde la Delegación del Gobierno aseguraron a eldiario.es en los días posteriores a los altercados que “se hicieron identificaciones”, aunque fueron incapaces de concretar cuántas.
Además, sigue sin resolver la sanción por la convocatoria de esa concentración sin permiso legal y hay abierto otro proceso judicial por una querella criminal presentada por el periodista Oscar Allende, director de EL FARADIO, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta.
