El Colegio de Abogados de Cantabria se suma a la petición de cambiar el marco normativo de la justicia gratuita
El Colegio de Abogados de Cantabria reclama que se cambie el marco normativo de la justicia gratuita, así como otras recomendaciones que ha realizado el Comité de Expertos que integra el Observatorio de este servicio judicial a nivel nacional. Además, el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, ha dado a conocer el balance de la comunidad en 2016 en cuanto a denuncias, inversión y valoración por parte de la ciudadanía.
Estas declaraciones llegan con motivo del día de la Justicia Gratuita, que se celebra este miércoles día 12 de julio en todo el Estado, por lo que, en Santander, se ha instalado una carpa en la que se informado a todos las personas interesadas de este servicio gratuito.
Entre las otras propuestas, están “implantar de forma definitiva el Expediente Electrónico para asegurar la conexión entre el Colegio y las Administraciones Públicas”; “garantizar que los abogados que prestan el turno de oficio tengan su despacho principal abierto en el Colegio de Abogados donde se requiere su actuación profesional” para así evitar problemas de desplazamiento, y “equilibrar de forma justa los criterios para la resolución de los expedientes de concesión del beneficio de justicia gratuita”.
En cuanto a los datos de la comunidad, De Diego ha informado que en Cantabria se han tramitado 8.197 expedientes en el último año, de los que se concedió justicia gratuita a 7.129 beneficiarios.
Para ello, la comunidad cuenta con 534 abogados que prestan este servicio, de los que el 54,1% son mujeres. Un total de 343 abogados han ofrecido asistencia al detenido, tanto en dependencias policiales como judiciales, mientras hay 154 letrados adscritos al servicio de violencia de género, que han asistido a 559 mujeres el año pasado. En el turno de extranjería, por su parte, hay 87 abogados y en el turno de menores lo prestan 130 letrados.
El decano ha recordado que el turno de oficio y la justicia gratuita lo organiza la abogacía a través de los colegios de abogados y su Sistema Integral de Gestión de la Abogacía, SIGA, que, en el caso de Cantabria, remiten los expedientes a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno de Cantabria para la decisión. Además, hay servicios de orientación jurídica en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y Santoña.
La inversión en Cantabria desciende
El dinero destinado por Cantabria al servicio de justicia gratuita en 2016 fue de 1,83 millones de euros, lo que supone un 3% menos que en 2015, cuando ascendió a 1,89 millones. Unos datos que contrastan con el incremento medio en España del 5%, con 238,9 millones invertidos.
Son datos del XI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española que ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el decano del Colegio de Abogados de Cantabria.
Con todo, según el representante de los abogados, en Cantabria la profesión está satisfecha con el grado de cumplimiento del Gobierno en cuanto al abono de las indemnizaciones. Ya que, como ha explicado De Diego, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, le confirmó la pasada tarde que antes del 24 de julio se abonarán las indemnizaciones correspondientes al primer trimestre del año, que es el último liquidado. Ahora, según ha señalado, se cerrará el segundo trimestre, que será satisfecho después de verano.
El decano ha explicado que esta diferencia de inversión en justicia gratuita entre la comunidad y el resto del país se debe a que en algunas comunidades se han actualizado los baremos de indemnización de los abogados.
A nivel nacional, el coste del servicio por habitante asciende a 5,13 euros por persona, mientras que el importe medio de las indemnizaciones que percibe cada abogado por cada expediente que tramita es de 135 euros.
Por otra parte, el decano ha recordado el papel del Parlamento de Cantabria para conseguir que la Dirección General de Tributos decidiera la no implantación del IVA en el turno de oficio, una cuestión que rechazó la abogacía por las “complicaciones” de tramitación que suponía, según ha explicado De Diego.
