El fuego eterno de Cantabria: las llamas como elemento de gestión del monte

En las ordenanzas de Rasines, aprobadas en 1701, la número 39 rezaba de la siguiente manera: “que ninguna persona sea osada de apegar fuego en los montes comunes ni particulares [...] pena de que pueda ser preso [y] pagar doscientos maravedíes”. Sin embargo, tres siglos después, el problema de los incendios forestales sigue muy presente en la comarca del Asón.

La causa real de la mayoría de los fuegos está vinculada con una particular manera de entender la gestión del territorio rural: quemar el monte para garantizar la regeneración de los pastos. No se trata de un fenómeno reciente: para cuando la ordenanza antes mencionada fue escrita, el fuego como elemento de gestión del monte llevaba usándose milenios: los análisis de la turbera de La Molina (Puente Viesgo) muestran como desde el 6.200 B.P. los incendios se enseñorearon del territorio, de la mano de la extensión de la ganadería.

Sin tener que recurrir a tiempos tan pretéritos, la hemeroteca nos deja una imagen desoladora: si bien no hay datos definitivos sobre los incendios en Cantabria en 2018, el año pasado fue uno de los peores que se recuerdan, pues ardieron 11.305 hectáreas en 742 incendios. En 2016 las hectáreas perdidas en los 145 incendios fueron 1.285,5, según los datos del Ministerio. Y en 2015, año particularmente duro, solo en los incendios provocados en diciembre se perdieron más de 9.000 hectáreas.

Centrándose en la comarca del Asón, un simple dato muestra la incidencia de este fenómeno: solo en 2015 se produjeron 19 incendios en el Parque Natural de los Collados del Asón, con 1.700 hectáreas quemadas. La pérdida de biodiversidad es mucho mayor de lo que parece a simple vista. Nuria Gómez, bióloga y miembro de la Asociación Cailagua, señala que “la base de la cadena trófica se ve completamente arrasada”. “Se nos olvida la cantidad de invertebrados que desaparece con cada uno de estos incendios, y su papel fundamental en el ecosistema”, concluye. Un problema añadido resulta del hecho de que buena parte de estos fuegos se producen en laderas, por lo que la desaparición de la cobertura vegetal favorece los procesos erosivos.

Una autoría ¿discutida?

Una vez apagado el fuego, toca buscar al responsable. Que el detenido por el fuego más mediático haya sido el responsable de Protección Civil de Ramales de la Victoria no ha hecho sino enturbiar una cuestión que las declaraciones de algunos cargos políticos ya estaban contribuyendo a oscurecer. Así, las declaraciones del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), parecían dar a entender que buena parte de los fuegos son obra de “pirómanos”, y si bien reconocía que algunos autores pueden estar vinculados con intereses ganaderos, minorizaba su importancia.

Resulta revelador contrastar esta actitud con la mantenida en 2015 por el entonces director general de Montes, Javier Manrique (PP), quien acusó sin ambages a los ganaderos de estar detrás de estos fuegos. Que nos encontremos en plena precampaña, y que el Partido Regionalista de Cantabria haya tenido entre los ganaderos una de sus principales fuentes de votos es un dato al que señalan sus detractores para explicar esta postura en un político con las máximas responsabilidades.

Son muchos los que consideran que detrás de los incendios existe una casuística diversa. César García (PSOE), alcalde de Ramales, al hablar sobre el incendio allí ocurrido, y antes de saber quién había sido el responsable, señalaba que “el terreno quemado en el monte de La Sierra no tiene aprovechamiento ganadero, no hay ni cabras”, apuntando que no veía “ningún interés vinculado a la ganadería”. Sin embargo, un día antes había ardido el monte Hornijo, en el que es habitual ver pastar ganado. Una zona que ha ardido prácticamente todos los años durante la última década.

Y es que en la mayoría de las ocasiones el aprovechamiento de los pastos está claramente detrás de los fuegos en la comarca. “Nadie te va a decir públicamente quiénes son los que prenden lumbre al monte, pero no hay más que fijarse en quiénes tienen ganado en esas zonas” señala un vecino, recogiendo la idea apuntada por Miguel Ángel Revilla. “Hace treinta años hasta se contaba en el bar, ahora se hace de una manera más discreta”, concluye.

Los datos del Plan Estratégico de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales (PEPLIF) no dejan lugar a dudas: de los incendios ocurridos en Cantabria entre 1985 y 2015, el 80,53% son intencionados; y si bien otro 9% son de origen desconocido, estadísticamente es fácil inferir que la mayoría tuvieron un origen similar. Respecto a los incendios intencionados, el informe señala que están relacionados “en casi el 92% de las ocasiones con prácticas de regeneración de pasto o desmatorralización”.

Pese a ello, existen voces que apuntan en otra dirección. Alejandro Ahumada, de EQUO, considera que existe un problema de “falta de educación ambiental” por parte de algunos ganaderos, pues “hay otras formas alternativas, menos lesivas, para regenerar el pasto”. Pero señala que es un error centrarse exclusivamente en el ganadero, pues “cada vez hay más incendios, mientras que el número de ganaderos disminuye”, y cree que los fuegos provocados por ganaderos “no representan la mayoría”. Ahumada apunta como autor de buena parte de estos incendios a otro colectivo, al de los cazadores, con la intención de “facilitar la visión”. “Y esto nos parece inaceptable”, concluye.

José Antonio García Gutiérrez, presidente de la Asociación de Agentes Forestales de Cantabria, niega rotundamente este punto de vista. “Puede que ocasionalmente algún fuego sea obra de un cazador, pero en casi todos los fuegos, lo que hay detrás son los pastos; los cuadros indicadores que utilizamos apuntan continuamente en esa dirección, los pastos”, afirma tajante.

Por su parte, el delegado de Agentes del Medio Natural de Comisiones Obreras del Gobierno de Cantabria, Javier Martínez, recuerda que los incendios “son un delito tipificado en el Código Penal, y como tal investigados por los Agentes del Medio Natural, cumpliendo su función de Policía Judicial genérica y siguiendo instrucciones precisas de la Fiscalía de Medio Ambiente”.

Teniendo todo esto en cuenta, choca la ligereza con la que determinadas personas aluden a las quemas. Y es que declaraciones como las realizadas recientemente por Gaspar Anabitarte (UGAM) suponen banalizar unos incendios que, además de las cuantiosas pérdidas ambientales, ponen en riesgo a las personas, en particular a los profesionales de la extinción.

Unos medios muy precarios

Martínez, considera que los datos del PEPLIF son “irrebatibles”, y dejan perfectamente claro quién está detrás de la mayoría de los incendios. Frente a las recientes manifestaciones de algunos cargos políticos que parecen diluir la autoría de los fuegos en un nebuloso colectivo de “pirómanos”, Martínez señala que “las declaraciones de los políticos son eso, declaraciones; pero el diagnóstico objetivo está en el PEPLIF. Cualquier afirmación que vaya en otra línea debería justificarse con datos”. Asegura que poner el acento en el caso anecdótico -el bombero pirómano- y obviar una realidad menos mediática no supone sino “enturbiar un correcto diagnóstico”, dificultando aún más el encarrilamiento de este problema ambiental.

Además, Martínez aporta algunos datos muy preocupantes. “En el último decenio, el número de conatos (incendios que afectan a menos de una hectárea) se ha triplicado”. No así el número de incendios, y ello gracias a que “las cuadrillas logramos llegar a tiempo en muchos casos, evitando que la situación empeore”.

Para el representante de Comisiones Obreras, una de las principales causas de esta última catástrofe ambiental ha sido la falta de medios humanos y materiales, básicos para combatir un problema que “va a más”. Pone como ejemplo que los vehículos con los que cuentan para su trabajo “tienen una media de más de 300.000 kilómetros”. “Muchos de ellos están siendo echados para atrás en la ITV, con faltas graves”, aduce.

Algo similar les ocurre en el terreno de las telecomunicaciones, “muchas heredadas del antiguo ICONA, completamente analógicas, y con amplias zonas sin cobertura”. “La mayoría de los directores de extinción ni siquiera disponen de un móvil oficial, teniendo que recurrir al propio”. Aunque reconoce que hay avances puntuales, como la reciente dotación de ocho motobombas, siguen siendo completamente insuficientes, en particular en lo que atañe al personal. “Hay que tener en cuenta que un buen número de fuegos se producen en lugares donde los vehículos no pueden llegar, y ahí el elemento humano es fundamental”, apunta.

En la misma línea se pronuncia García Gutiérrez, quien critica que “mientras Revilla llama a la colaboración ciudadana, tiene abandonados a los profesionales”. Considera, asimismo, que el uso del término “pirómano” no responde a la realidad, pues son “incendiarios”.

Dos enfoques

Se trata, en definitiva, de dos enfoques muy diferentes, y que reflejan dos formas de afrontar la realidad. Frente a un discurso de algunos cargos políticos, más preocupados por lo simbólico y por no herir suspicacias que puedan pasar factura electoral, encontramos un diagnóstico material, pegado al terreno, de los técnicos y de los que combaten día a día la lacra de los incendios.

Y es que, según señalan los especialistas, para aplicar el tratamiento adecuado es “fundamental” realizar un buen diagnóstico e identificar al patógeno que lo causa. El diagnóstico (el PEPLIF) está disponible desde 2017. Parece, por tanto, faltar la voluntad del médico para aplicarlo correctamente. Mientras, si no se pone remedio, la “paciente” naturaleza seguirá ardiendo en la próxima surada.