El 'nuevo PROA' no logra cubrir todas las plazas tras los cambios introducidos

Las aulas de muchos centros escolares de Cantabria han estado estas tardes inusualmente silenciosas. Y es que, por primera vez en muchos años, el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) ha dejado de funcionar en su formato tradicional, y la nueva modalidad auspiciada por la Consejería de Educación se ha encontrado con algunos problemas para ponerse en marcha.

Los datos aportados por el departamento que dirige Francisco Fernández Mañanes (PSOE) apuntan a que se han cubierto las plazas del PROA en todos los centros de Secundaria (a excepción de un instituto y del CEO Príncipe de Asturias). En los centros de Primaria está resultando más difícil cubrir los puestos, estando cubiertas, a día de hoy, en torno al 75% de las vacantes.

Entre las causas que explican estas diferencias entre ambos niveles educativos se encuentra la convocatoria de oposiciones este año en Infantil y Primaria, por lo que muchos interinos prefieren invertir su tiempo en prepararlas. En Secundaria, además de no haber oposiciones, existen más profesores con medias jornadas, un colectivo que puede mostrar mayor interés por ocupar estos puestos. Isabel Fernández, directora general de Innovación y Centros Educativos, ha agradecido en declaraciones a eldiario.es la “implicación de los docentes”, al tiempo que recalcaba que se trataba de una “medida extraordinaria”.

El PROA se puso en marcha hace casi una década, con la intención de ofrecer una ayuda a aquel sector del alumnado que, por sus circunstancias personales o sociales, tenía mayores dificultades para seguir el ritmo académico. Ofertado tanto en Primaria como en Secundaria, ha atendido a miles de alumnos en estos años, siendo valorado positivamente por toda la comunidad educativa.

El problema surge con la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, que obligaba a revisar todos los contratos en vigor en la Administración pública. Se trata de una norma que transpone directivas europeas, y que tiene como objetivo mejorar en aspectos tales como la seguridad jurídica y la transparencia en la contratación pública. Pero lo cierto es que ha supuesto una notable tarea burocrática para las administraciones, que han tenido que lidiar con el complejo proceso de adaptación a dicha normativa.

Como explica Fernández, el servicio se licitó en noviembre, quedando desierto al no presentarse ninguna empresa. Ante esta situación, la Consejería recurrió a los contratos menores como forma de paliar la carencia de monitores del PROA, situación que se ha mantenido hasta febrero. Fernández señala que la fórmula de contratos menores tiene unos límites legales que han impedido continuar con la misma, por lo que la Consejería, atendiendo a los informes de sus servicios jurídicos, “se ha visto obligada a recurrir al único marco legal que tenemos cuando es imposible contratar, los recursos propios”.

La directora general incide en que se trata de una medida “extraordinaria”, y que el nuevo servicio del PROA está en licitación. “Esperamos que todo el procedimiento esté concluido para la segunda quincena de mayo”, apunta, añadiendo que el nuevo pliego abarca un plazo de dos años. Desde la Consejería se asegura que se ha estado trabajando para pulir aquellos aspectos que pudieran incidir en el escaso interés mostrado en noviembre por las empresas del sector.

Pese a reconocer la complejidad de la cuestión, José Ramón Merino, del sindicato STEC, considera que lo ocurrido con el PROA ha sido una “chapuza”, pues “no debería haberles pillado por sorpresa”, al ser una ley que lleva más de año y medio en vigor.

200 monitores en el paro

Según STEC, en torno a 200 monitores se han visto afectados por esta situación, número que los monitores del PROA incrementan hasta 220. Ángela, licenciada en Historia del Arte, es una de las profesionales del PROA que se ha quedado sin trabajo a finales de febrero. Tras cinco años prestando servicios en un centro de la zona oriental, cuenta que “recibimos un correo de Educo diciendo que el contrato se rescindía por problemas con la Consejería. Es lo único que se nos ha comunicado”.

Si bien en los años anteriores eran tres las profesoras que impartían clase por la tarde, desde inicios de este curso estaba ella sola. Cobraba 200 euros mensuales por una jornada de 9 horas y media semanales, lo que suponía un salario neto de seis euros por hora. Ángela considera un “agravio comparativo” las nuevas condiciones que la Consejería ofrece a los funcionarios para encargarse de esas tareas. “A ellos se les ofrece 18 euros/hora (brutos), lo que supone unos 480 euros al mes”. Además de la diferencia salarial, apunta a lo “injusto” que resulta ofrecer esas clases de apoyo a gente que ya se encuentra trabajando.

Ella tiene claro quiénes son los grandes perjudicados. “Yo no tengo muchos problemas para buscarme la vida, pero los damnificados son los chavales”, apunta. “Son precisamente los alumnos más necesitados de ayuda los que pagan las consecuencias”. En la misma línea incide Laura, monitora de Primaria: “A nosotros no nos veían como profesores, sino como personas que les ayudaban cotidianamente, lo que nos permitía ejercer de puente entre niños y tutores, pues detectamos cosas que a veces a ellos se les escapan”.

Cree que el hecho de que ahora estas horas sean impartidas por maestros o profesores no perjudicará lo puramente académico, pero “sí que es posible que los niños se sientan más cohibidos, al verlo como la continuación de la mañana, y asistan menos”.

Diversidad de opiniones

En los propios centros las opiniones son diversas, si bien predomina el tono crítico. En línea con lo apuntado por las monitoras, un docente de Secundaria aduce que “lo que no puede ser es que ahora se pague el doble que antes por el mismo trabajo”. “Es una falta de respeto a los monitores”, incide otro profesor laredano.

Ello no obsta para que también haya valoraciones positivas. Una directora de centro considera que “es posible que el servicio mejore, al ser gente mejor formada la que realice los apoyos”. Otra directora, por el contrario, considera “absurdo” ofrecer “horas extra” al profesorado. Desde la Consejería se señala que la retribución ofrecida ahora obedece al carácter “extraordinario” de la medida.

La cuestión de la remuneración que hasta ahora habían recibido los monitores también es señalada por los sindicatos como uno de los fallos del PROA. Como señala José Ramón Merino (STEC), tener a trabajadores con esas condiciones no es sino “fomentar el subempleo”. Ante la situación creada, y como mal menor, su propuesta es clara: que esos puestos sean ofertados a los profesores que se encuentran en situación de contratación parcial y a los que, estando inscritos en las listas de interinos, no trabajan actualmente, enfoque bien visto por muchos de los docentes.

Precisamente el pasado jueves el STEC, sindicato mayoritario en Educación, ha presentado un escrito en la Consejería de Educación instando a que se convoque la Mesa Sectorial para tratar esta cuestión. Sin embargo, parece difícil que esto pueda llevarse a la práctica con la nueva licitación ya en marcha.