Trabajadores y familias del CAD de Sierrallana no sacan “ningún compromiso en claro” de la reunión con el Gobierno

Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana no sacan “ningún compromiso en claro” de la reunión que han mantenido este lunes con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos en Peña Herbosa, en la que también han participado representantes de las familias.

“Nos van a hacer la obra, perfecto, no nos negamos y creemos que es conveniente”, expresa una trabajadora tras el encuentro, pero la impresión general del mismo, según relata, es que ha quedado todo en acuerdos verbales. “La reunión ha sido mucho hablar puesto que no hay ningún compromiso por escrito de que los chicos vuelvan al CAD, y eso es lo que queremos sobre todo, que no bajen las plazas”, subraya.

“No se concreta nada, el proyecto no se conoce”, lamenta. Esta empleada asegura que los usuarios “saldrán solo a última hora, pero nuestra postura es que no o hagan a otro centro privado, que se busquen alternativas”. “Queremos que si tienen que salir que regresen”, sentencia, y puntualiza como alternativas “únicamente los públicos, es decir, el de Cueto y el de Laredo, los únicos”. 

Por su parte, Feli Lois, directora general del ICASS, califica la reunión de “muy positiva”. “Hemos concretado que cada mes o mes y medio haremos un encuentro similar para mantener la información actualizada”, afirma. Asegura que ya tienen firmado el contrato de redacción del proyecto de obra del primer módulo y que “todos los pormenores” que tengan que ver con el desarrollo de la misma y con el posible traslado de residentes a otro centro, “se irán plasmando en esos encuentros”.

En cuanto al número de usuarios que se verán trasladados, Lois manifiesta que “irá de acuerdo a las necesidades” que en ese momento puedan acometer, y lo cifra “en torno a la veintena”. Finalmente, hace hincapié en que acometen el proyecto “con mucha ilusión”, no exento de “retos para los profesionales” y, a la par, ratifica que pretenden “pensar en el desarrollo del resto del centro”.

“Hay que ser ambiciosos”, subraya, “queremos convertir nuestros centros públicos en punteros y con la mejor atención”, prosigue, al tiempo que concluye avanzando que “la plantilla se mantiene” y que “muy probablemente con los nuevos diseños estructurales precisemos de más trabajadores”. 

Marga Monteoliva, delegada de la Junta de Participación, en representación de las familias, a pesar de creer que “deberían haberse hecho las cosas de otra manera”, afirma que no van a mirar al pasado porque “eso no resuelve nada”. “Queremos pensar que van a cumplir las pautas que acaban de marcar y que ese trazado va a ser posible”, sostiene. 

Garantías

Según expone, están a la espera de si van a ir “obteniendo respuesta” a sus “inquietudes y reclamaciones”, de las cuales “algunas convergen con las de los trabajadores pero también tenemos las nuestras propias”. Desde las familias creen que la obra “es necesaria”, pero exigen la garantía de que “antes de que este Gobierno pueda ser sucedido, los residentes estén trasladados y hayan retornado”. 

“Entendemos que son el Gobierno y las instituciones públicas las que tienen que proteger a este colectivo, el cual es severo, con una amplitud de déficits intelectuales, físicos y sensoriales”, subraya Monteoliva. Lo fundamental, tal y como reconoce, es “su adaptación”.

Por tanto, reclaman que esa protección no recaiga en las entidades privadas que “tienen otros valores, ya que buscan el rendimiento económico y no disponen de los mismos recursos”, según argumenta la representante de las familias.

En definitiva, “ponemos como condición que retornen cuando finalice la obra, y que los plazos se cumplan”, sentencia, y expone que les han presentado un plazo de 12 meses mientras que “antes nos hablaron de 18”. “Ahora están constriñendo ese intervalo”, explica Monteoliva. “Aseguran que los van a cumplir, pero yo creo que va a estar muy ajustado”, opina. 

En este sentido, pone de manifiesto que si se agota la edificabilidad habría que hacer una modificación del PGOU de Torrelavega y “no sé si daría tiempo en esos 12 meses como dicen”, apunta, y “con el presupuesto de 2018”, resalta. Todas esas incógnitas “aún nos quedan encima de la mesa pero ellos dicen que van a ir descartándose”, explica la delegada. “De momento hemos conseguido que nos reúnan por primera vez como familias, algo es algo”, concluye. 

La plantilla del CAD de Sierrallana llevan meses denunciando “una privatización encubierta” puesto que, temen que “con la excusa” de tener que cerrar un año para tratar una plaga de termitas y hacer obras de rehabilitación, el Gobierno “desmantele” el Centro. 

Como consecuencia de ello, han llevado a cabo numerosas acciones de protesta hasta el punto de que el 100% de los trabajadores secundaron la huelga e incluso amenazaron con encerrarse en un Consejo de Gobierno, ante la “falta de información” y “total indiferencia” del bipartito.