El catedrático Jorge Tomillo defiende que las reclamaciones de los consumidores tengan acceso a la justicia gratuita

El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria (UC) Jorge Tomillo aboga por la implantación de un Sistema Arbitral de Consumo obligatorio para que los consumidores obtengan una respuesta “motivada” en sus reclamaciones, al tiempo que permita el acceso de estos a la justicia de manera gratuita.

Así se recoge en el libro 'El arbitraje de consumo obligatorio' publicado recientemente por Tomillo. Se trata de una obra financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria en ejecución convenio de colaboración para el fomento de la investigación en materia de consumo (2025/2026) suscrito entre la UC y la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

Según el autor, el Sistema de Arbitraje, que se basa en un principio de voluntariedad (empresarios, consumidores e instituciones resuelven los conflictos en un órgano extrajudicial), se encuentra “estacando” debido, en gran parte, a la baja adhesión del sector empresarial: a nivel nacional, solo se encuentran adheridas un 3,4% de los tres millones de empresas existentes. “Muy poco”, sostiene.

No obstante, a nivel de Cantabria, el dato mejora, ya que están adheridas al sistema unas 3.600 de las 20.000 existentes. “Hay masa crítica para trabajar, sí. Pero queremos llegar más allá, porque hay muchas reclamaciones de consumo que se quedan en el limbo porque, por la cuantía, la justicia ordinaria no sirve”, apunta.

Por ello, aboga por la implantación de un sistema de arbitraje obligatorio en cumplimiento de la Directiva Europea 2025/2647 del Parlamento Europeo y del Consejo que entró en vigor el 5 de enero.

Y apunta que hay dos requisitos a tener en cuenta: el cumplimiento del mandato constitucional y de la Unión Europea, para dar cobertura a las reclamaciones de los 'Servicios Económicos de Interés General', donde se engloban a los sectores con mayor número de reclamaciones y participan poco (bancos, seguros, transportes y comercio minorista) y las reclamaciones de escasa cuantía, que sitúa en unos 2.000 euros por ser la cantidad hasta la que se permite que las partes comparezcan en un juicio verbal sin abogado ni procurador.

Ley y pacto de estado

A su juicio, debe abordarse la renovación “radical” del sistema mediante una ley especial de arbitraje y mediación de consumo, que debe ser propositiva. Para ello, apunta, debe realizarse un gran Pacto de Estado en el que estén implicados los gobiernos central y autonómicos y los ayuntamientos, con el objetivo de la universalización del acceso de los consumidores a la justicia y también de los pequeños y medianos empresarios.

En su opinión, debe huirse de la percepción de que el arbitraje de consumo es “una especie de arbitraje casero, donde el árbitro está comprado y beneficia a unos de los contendientes. No es verdad”, sentencia.