La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión para la expresidenta de la Junta Vecinal de Soto
El Ministerio Fiscal pide dos años y seis meses de prisión para la expresidenta de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, María del Carmen Anievas, y tres para el extesorero, José Manuel Pintado, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Ambos dirigentes del PP están siendo investigados por la desaparición de 42.800 euros en las cuentas de la entidad local. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso eldiario.es, hace responsables solidarios del desfalco a Anievas y a Pintado, por lo que si hay una sentencia condenatoria, el Tribunal podría reclamar el pago de la deuda a uno de los dos en caso de que el otro no haga frente a sus obligaciones.
Los hechos se remontan al año 2009, cuando todos los representantes de la Junta Vecinal de Soto de la Marina acordaron proveer esta cantidad de dinero en un plazo fijo. Este depósito se fue renovando año tras año hasta 2011.
Tras las elecciones celebradas ese año, la entonces presidenta dejó de convocar asambleas, incluso las obligadas por ley, lo que despertó las sospechas del representante del PSOE, quien reclamó un informe detallado de las cuentas. Después de varios meses en los que eludió dicha reclamación, Anievas acabó reconociendo que los 42.800 euros no figuraban en los extractos bancarios.
La expresidenta señaló directamente como responsable al extesorero y compañero de partido, José Manuel Pindado. Según su versión, este retiró los 42.800 euros para la contratación del depósito pero en su lugar dispuso del dinero para sus propios fines, entregando en la Junta Vecinal un certificado falso.
Ante la confirmación de la desaparición del dinero, los miembros de la Junta encomendaron a la entonces presidenta formular denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, que incoó diligencias dando como resultado la imputación en junio de 2014 de Pindado.
En octubre de ese año, los socialistas presentaron una querella al considerar a Anievas también responsable, por omisión, de los hechos, ya que desde 2011 y durante tres años dejó de convocar las preceptivas asambleas, en su opinión, para no destapar el escándalo.
Una supuesta 'caja B'
Por su parte, durante la intrucción del caso, el extesorero afirmó que la entidad local tenía una 'caja B' y que fue la expresidenta quien utilizó parte de ese dinero negro para pagar las obras de rehabilitación de la parroquia municipal. Pintado también aseguró que el entonces equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento era consciente de los hechos, ya que recurrieron a ellos para intentar solucionar el desaguisado.
Ante el juez, Anievas se acogió a su derecho a no testificar, mientras que el cura, que declaró en calidad de testigo, aseguró haber recibido de la expresidenta más dinero del que estaba presupuestado para la reforma y afirmó que creía que la aportación extra fue a título individual.
Una vez que los abogados de los dos acusados realicen su escrito de calificación, se dará traslado al Tribunal del Jurado que, previsiblemente, fijará una fecha para la apertura de juicio oral.
