El Gobierno de Cantabria dará a conocer la ubicación del futuro vertedero de amianto cuando la empresa quiera

El Gobierno de Cantabria, presidido por María José Saenz de Buruaga (PP), continúa sin revelar el lugar exacto en el que se ubicará el vertedero de amianto que recibirá las grandes cantidades de este material cancerígeno que se obtendrán del derribo del edificio de la antigua Residencia Cantabria.

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha confirmado este miércoles que Cantabria contará con la instalación dentro de unos meses, pero ha señalado que dará a conocer su ubicación únicamente cuando la empresa encargada “lo considere oportuno”.

Esta declaración refuerza el hermetismo que ya mostró el propio titular de Fomento hace unas semanas, cuando a pesar de adelantar que se situaría cerca del Centro Medioambiental El Mazo, en Torrelavega, declaró que no tenía intención de dar a conocer el lugar exacto de su ubicación.

En ese sentido, la voluntad de mantener en secreto el municipio que albergará el vertedero sigue intacta, porque, según el consejero, al tratarse de una inversión “cien por cien privada” se dará a conocer cuando la empresa quiera. “Se sabrá en breve”, ha asegurado Media, quien tampoco ha comunicado el nombre de la entidad.

El consejero ha insistido en que la futura instalación del vertedero ha conseguido “abaratar los costes” que en un principio iba a suponer transportar los materiales a otros lugares como Zaragoza, que ya explicó que serían “terroríficos” para las empresas y administraciones.

La decisión del Gobierno cántabro de seguir manteniendo en secreto el destino de estos residuos cancerígenos choca con las demandas de transparencia desde distintos sectores sociales, que exigen garantías sobre las condiciones ambientales y la seguridad del futuro vertedero.

Concretamente, UGT ha reclamado al Gobierno autonómico que incluya nuevas ayudas en los presupuestos del año 2026 para que los ayuntamientos tengan la capacidad de retirar el amianto de sus municipios. También ha advertido de la gravedad de los riesgos para la salud pública y para el medio ambiente si no se actúa de manera efectiva, por lo que defiende la necesidad de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Cantabria y las entidades locales.