UGT reclama al Gobierno cántabro ayudas a los ayuntamientos para la retirada de amianto en 2026

El sindicato UGT ha reclamado al Gobierno de Cantabria que presupueste en 2026 la convocatoria de un plan de ayudas municipales para la retirada de amianto en los ayuntamientos de la comunidad. Actualmente, está a punto de concluir una convocatoria previa por la que el Ejecutivo autonómico financia con hasta 150.000 euros en total la elaboración censos y cronogramas de retirada en los municipios.

Varios ayuntamientos han concurrido a esta primera convocatoria. Según ha explicado Pedro Cobo, representante de UGT en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, “sin un censo donde se recojan los lugares con riesgo al amianto, no se puede hacer prevención, lo que implica no poder adoptar las medidas preventivas para reducir o eliminar este mineral clasificado como carcinógeno de categoría 1A que afecta gravemente a la salud, al trabajo y al medio ambiente”.

En mayo de 2024, UGT instó a los ayuntamientos de Cantabria a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto y el subsiguiente calendario para su retirada, tal y como estipula la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular publicada hace más de dos años.

En opinión de Pedro Cobo, secretario también de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Cantabria, “en aquellas fechas señalamos que se tenía que haber realizado el referido censo hacía más de un año, tal y como establece la propia ley, aunque la inmensa mayoría de los ayuntamientos no lo habían hecho”.

Desde inicios de 2024, UGT ha realizado peticiones ante organismos de representación institucional regional para que la Administración autonómica publicase una ayuda para poder facilitar el cumplimiento de esta ley, debido a que la inmensa mayoría de ayuntamientos no lo estaba cumpliendo, y además, manifestaban públicamente su negativa a realizarlo por la falta de recursos, con lo que esto iba a suponer para la salud de las personas que conviven en los entornos con un mayor grado de peligrosidad y exposición pudiendo provocar enfermedades graves; desde la fibrosis pulmonar a cáncer de pulmón, carcinomas gastrointestinales o de laringe. “La seguridad y salud en el trabajo no puede ni debe ser medida y protegida en base a criterios puramente económicos”, ha añadido Cobo.

La orden por la que el Gobierno de Cantabria aprobaba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales para la elaboración de un censo y cronograma de retirada ha supuesto “un antes y un después en el camino de la descontaminación de materiales con amianto, hecho este que, sin ningún género de duda, no se hubiera producido sin la publicación de esta orden”.

Siguiente fase: retirada

El asbesto (amianto) debe ser retirado de forma cuidadosa evitando su ruptura, ya que este hecho puede liberar fibras peligrosas, y finalmente encapsulado antes de su transporte para prevenir nuevamente la liberación de fibras.

La segunda etapa de este procedimiento para UGT será la retirada de los materiales con amianto que deberán estar sujetos a unos estrictos requisitos por medio de empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) de Cantabria. Deberá existir un plan de trabajo aprobado para su retirada, que puede ser un plan general o específico según la complejidad de la operación, con personal con formación específica y el uso obligatorio el uso de equipos de protección individual específicos, entre otros aspectos.

Con respecto al transporte, este debe ser realizado por transportistas autorizados e inscritos en el RERA, depositándose en vertederos autorizados para residuos peligrosos o en vertederos de residuos no peligrosos con instalaciones especiales para el amianto.

“Es evidente que el Gobierno debiera realizar el próximo año una dotación presupuestaria dando continuidad a este procedimiento, junto con los ayuntamientos, en un ejercicio de coordinación para afrontar una inversión preventiva para descontaminar todos los ayuntamientos de Cantabria, evitando así las consecuencias extremadamente dañinas de este mineral, que sin ninguna duda supondrá a futuro el reducir drásticamente las muertes por este factor de riesgo con lo que esto supone de costes para la persona, familiares, para las empresas y la sociedad en su conjunto”, ha concluido Pedro Cobo.