UGT denuncia “graves irregularidades” en la elaboración de la RPT en el Ayuntamiento de Santander

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander ha solicitado en un escrito remitido a la alcaldesa, Gema Igual, que “se corrija lo antes posible” el proceso de valoración de puestos de trabajo y la elaboración de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo), tras denunciar “graves irregularidades” desde que se adjudicó a la empresa CIEM Consultoría Integral el pasado 5 de mayo con un presupuesto de 140.000 euros.

UGT critica que “de por sí, el proceso se ha iniciado muy tarde ya al final de la legislatura, pese a que se incluía en el pacto de gobierno suscrito hace cuatro años entre el PP y Cs; se está realizando a toda prisa sin negociación alguna con los sindicatos y se basa en un cuestionario que la plantilla tiene que rellenar a ciegas porque carece de manual de valoración, metodología e información indispensable”.

“Es como si nos presentáramos de nuevo a la oposición pero sin bases ni temario”, ha explicado en nota de prensa la delegada de UGT en el Ayuntamiento, Elena del Campo, que rechaza que “se pretenda valorar funciones profesionales y cuestiones tan relevantes como los salarios o los complementos de destino o los específicos e incluso la modificación de servicios con un cuestionario sin información de ningún tipo”.

Del Campo recalca, tal y como se ha detallado en el escrito dirigido a la alcaldesa, que “la inmensa mayoría de los puestos de la plantilla municipal pretenden que sean analizados únicamente con este cuestionario porque, es más, la empresa adjudicataria nos dice que las entrevistas personales quedan reservadas sólo para jefaturas de primer nivel y para algunos mandos intermedios”.

La delegada de UGT precisa que “no podemos asesorar o informar adecuadamente a la plantilla si no tenemos acceso alguno a la información y documentación necesaria”, tras advertir que “no vamos a permitir que las prisas malogren la valoración y la elaboración de una nueva RPT que no se actualiza desde el año 1993”.

Para Del Campoo, “no es admisible que quieran resolver a última hora y con prisas lo que no se ha hecho en toda una legislatura y, además, sin respetar la obligación legal de participación y negociación de los sindicatos”.