Castilla-La Mancha no pedirá confinamiento domiciliario hasta comprobar los resultados del cierre perimetral de la región

Castilla-La Mancha no ha hecho ninguna solicitud específica para la región en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y acatará los puntos consensuados en un clima de “cogobernanza” entre el Gobierno nacional y las comunidades autónomas. Entre otras, medidas se ha acordado que las distintas regiones mantendrán el toque de queda y el cierre perimetral “más allá” del 9 de noviemibre. Y es que el Consejo acordó que todas las medidas acordadas el pasado 25 de octubre, como el toque de queda, el perimetrado de las regiones o reducir el grupo de personas a seis personas, deben estar vigentes durante un periodo mínimo de siete días antes de tomar otras medidas.

En el caso de que alguna región decida tomar otro tipo de medidas, ya sea por sus datos epidemiológicos u otras causas que se justifiquen por la pandemia, deberán tratarlo de manera bilateral para que el Ministerio pueda estudiar las propuestas y otorgar o no el permiso. Sólo Castilla y León trató un posible confinamiento domiciliario, según señalan fuentes del Gobierno castellanomanchego, pero no se ha ahondado en la posibilidad. Por otra parte, se ha decidido crear un grupo común de trabajo de comunicación de las decisiones del Consejo, en el que también entrarán representantes de la Federación de Municipios y Provincias de España y las comunidades autónomas también trasladaron su la evolución de la campaña de vacunación contra la gripe, cuyo porcentaje es mayor en todas respecto al año anterior.

Declaración contra los altercados

El pleno del Consejo ha firmado una declaración para condenar, de manera “rotunda”, los altercados y disturbios producidos en varias ciudades por las medidas puestas en marcha contra la COVID-19, y también las actitudes “negacionlistas e intolerantes” de quienes promovieron los altercados. Así lo señala al texto, al que ha tenido acceso Europa Press, que también describe que ha habido un incremento “lógico y comprensible” de la incertidumbre en la ciudadanía, no sólo por su propio estado de salud, sino por sus condiciones y medios de vida.

Se trata de lo que la Organización Mundial de la Salud llama “fátiga pandémica”, y que se trata de la “desmotivación” para seguir las conductas de protección recomendadas y “que está afectada por diversas emociones, experiencias y percepciones, así como por el contexto social, cultural, estructural y legislativo”. Sin embargo, en la declaración del Consejo se advierte a negacionistas de la pandemia de que son los “mejores aliados” de la enfermedad. “Quienes alientan y participan en estos altercados y disturbios tratan, en vano, de socavar la esperanza de la ciudadanía en una solución científica, el seguimiento de las medidas de prevencióny, en definitiva, destruir el nexo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas”, recalca el documento.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, recordó que desde el principio de la pandemia se ha trabajado en una estrategia nacional de respuesta para las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, con respuestas adecuadas a cada territorio de España. De este modo, señaló, se han establecido criterios comunes para que cada Comunidad pueda evaluar el riesgo y establecer así los niveles de alerta y adoptar las medidas apropiadas para cada región. “Cada paquete de los gobiernos autonómicos necesitan un tiempo de reacción, por eso es importante un seguimiento de los datos. Necesitamos consciencia compartida desde la cogobernanza”, aseveró.

Por su parte, el ministro de sanidad, Salvador Illa, señaló que las incidencias que se comunican de manera periódica desde cada una de las comunidades autónomas ayudan a tener una “política común” para bajar la media nacional de casos hasta los 25 por cada 100.00 habitantes. Además, recalcó que todavía queda “mucho” margen de actuación para las comunidades autónomas.

“Hay que ser estrictos y rigurosos y darnos el tiempo suficiente para ver los resultados”, explicó, ya que la situación es diferente en las distintas comunidades autónomas. “Los presidentes tomarán las decisiones que consideren oportunas respecto a su situación y si hay alguna situación concreta en la que puede crecer la movilidad, se va a valorar en el seno de una reunión bilateral con la comunidad y se llegará a un acuerdo conjunto”, afirmó.