El decreto sobre incendios sorprende a los bomberos forestales: “No sabemos qué va a pasar con el Estatuto Básico”

25.000 bomberos y bomberas forestales de España llevan años reclamando regular y homogeneizar su trabajo en una normativa marco aplicable al conjunto nacional, independientemente de si su trabajo se inscribe en una comunidad autónoma o entre los efectivos del Estado.

Este lunes, el colectivo se vio sorprendido con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales y que ya se ha oficializado en el BOE.

En materia de incendios, dice el Ejecutivo central que la tendencia apunta a que las emergencias tendrán “mayor complejidad” en un futuro próximo. De ahí que se acabe de dar luz verde a una norma que, entre otras cosas, establece que los planes antincendios abarquen todo el año y mejoren las condiciones de los bomberos.

Tras los devastadores fuegos de este verano, en particular en Castilla y León, se ha dado un paso que ha sorprendido (y hasta molestado) entre el colectivo. “Llevamos dos años de excusas para avanzar con el Estatuto Básico del Bombero Forestal y ahora vemos que, si quieren, usan las atribuciones del Estado recogidas en la Ley de Montes y las aplican”.

Así lo cree Carlos Martín, bombero forestal en la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) Prado de los Esquiladores en Cuenca y una de las caras visibles en la negociación nacional del Estatuto, en representación de CCOO. “Han tenido que esperar a que ocurriese lo de Zamora, con un 5% del territorio quemado y a que haya fallecido gente. Me pone de muy mala leche”.

Pese a la crítica, se muestra expectante en lo que pueda suponer un decreto nacional que habla de mínimos en dotaciones, equipamientos y de extender los planes de prevención y extinción a los 12 meses del año porque no es algo común en todas las comunidades autónomas.

“Nuestra principal reivindicación es acabar con la precariedad laboral y que deje de ser un trabajo temporal”, aclara el bombero. Incide en las diferencias según los territorios. “Provoca situaciones tan vergonzosas como que mis compañeros en Castilla y León salgan a los medios de comunicación tapados y con la voz distorsionada, por temor a ser despedidos por alguna de las 19 o 20 empresas que se reparten los contratos de la extinción de incendios, que en realidad lo son de obra y servicio, con otras tareas y con el salario mínimo. Hablamos de personas que reivindican sus derechos”.

Estos profesionales llevan más de una década reclamando homogenizar el trabajo de los y las bomberas forestales españoles. “En 2009 existía una asociación nacional de bomberos forestales que hoy ha desaparecido como organización”. Ya entonces se planteaba la necesidad de cambiar condiciones laborales.

“Arrastramos de hace décadas el hecho de ser personal reconvertido”, porque, explica Carlos Martín, “tradicionalmente en los incendios forestales se movilizaba a los agentes forestales y a trabajadores del campo como los agricultores, resineros… Se les contrataba durante los meses de verano. Es lo que siempre hemos conocido como los retenes”.

Incide en que “hay una gran disparidad entre unas y otras comunidades autónomas. La necesidad de un marco común que emane de lo que recoge la Constitución y la Ley de Montes se viene poniendo de manifiesto desde hace más de una década”.

“Hacemos un trabajo público, de protección civil y de emergencias” y eso, asegura, hay que plasmarlo en una normativa que se ha quedado anclada en los usos del pasado. “Se trata de impulsar también unos mínimos, por ejemplo, en materia de comunicaciones y protocolos de actuación. En cada sitio están organizados de una forma y hasta hay idiomas diferentes. Ahora lo habitual es compartir dispositivos solidariamente entre comunidades autónomas”.

Carlos Martín incide también en la importancia de la prevención en los planes de las comunidades autónomas y en determinadas prácticas en la extinción de incendios. Apunta en particular a trabajos como el llamado ‘fuego técnico forestal’, es decir, usar fuego para combatir el fuego. “No lo puede realizar cualquier profesional que sepa manejar una motosierra como se viene diciendo”.

“No sabemos qué va a pasar con el Estatuto”

El pasado mes de julio el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) expresaba su “voluntad” de propiciar el necesario marco de acuerdo entre administraciones para llevar el texto a tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones, tras una reunión con CSIF, CCOO y UGT.

Pero en el camino, el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales introducirá cambios importantes, independientemente del propio Estatuto Básico del Bombero Forestal.

Necesidad obliga, dice el Gobierno de España. La tendencia es que las emergencias tengan “mayor complejidad” en un futuro próximo. Y parece un primer paso en el objetivo de coordinar un difícil puzle en el que entran, además, otros protagonistas como los agentes medioambientales o forestales, la propia UME, los efectivos aéreos dependientes en cuanto a normativa de Aviación Civil,  Protección Civil, los servicios sanitarios y hasta ONG colaboradoras como Cruz Roja.

“No sabemos qué va a pasar ahora con el Estatuto del Bombero”, apunta Carlos Martín. “Puede retrasarlo o acelerarlo. En principio nos han dicho que en octubre o noviembre esperan que pueda estar listo para llegar al Congreso. Pero el decreto ya es una manera de quedar bien”.

En todo caso anuncia que habrá movilizaciones en otoño, tanto en septiembre como en octubre. En juego también está el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Debe cambiar también nuestra relación con las mutuas y que entiendan nuestro trabajo”, así como la posibilidad de obtener coeficientes reductores en la edad de jubilación.

El decreto convierte en prohibición lo que en Castilla-La Mancha era recomendación

Por cierto, que el decreto obliga a las comunidades autónomas a aprobar y publicar planes anuales de prevención y extinción de incendios antes del 31 de octubre de cada año para aplicar en los siguientes 12 meses. Y establece todo un catálogo de actividades prohibidas en caso de riesgo muy alto o extremo de incendios forestales.

Eso introduce un matiz importante en la normativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba de urgencia el pasado 16 de julio, ante las elevadas temperaturas y el potencial riesgo de incendios, que ha sido prorrogado hasta el 7 de agosto. La Junta castellanomanchega ‘recomendaba’ evitar el uso de maquinaria agrícola entre las 12 y las 22 horas. Parte del sector agrario regional ha criticado duramente esta medida pese a que algunos de los incendios más devastadores en la región este verano han tenido como origen, precisamente, la actividad agraria en una situación de riesgo extremo de incendios. La Junta ya anunció que acudirá a la Fiscalía cuando el fuego se deba a “algo más que una negligencia”.

Ahora lo que en Castilla-La Mancha era una recomendación se convierte en obligación con el decreto aprobado por el Gobierno central. Se prohibirá “la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas”. Y ese es el caso, por ejemplo, de las cosechadoras.