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El Gobierno establece que los planes antincendios abarquen todo el año y mejoren las condiciones de los bomberos

Foto facilitada del incendio en Sierra Bermeja (Málaga) por los bomberos forestales.

Raúl Rejón

1 de agosto de 2022 21:46 h

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“Es uno de los grandes riesgos de las zonas geográficas como en la que se sitúa España. No se pueden reducir a cero, pero sí limitar riesgos y daños”. Así ha definido la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, los incendios forestales en el contexto del cambio climático. El Ejecutivo ha aprobado un decreto para que los planes antincendios de las comunidades autónomas abarquen todo el año y no se limiten a los meses de mayor riesgo.  

“Los datos avalan que durante todo el año estemos activando medidas e invirtiendo para reducir el impacto de los incendios. Vigilar de manera temprana y reaccionar de manera temprana”, ha dicho Ribera tras el Consejo de Ministros. La norma también va a ampliar los mínimos que las comunidades deberán incluir en la dotación, medios materiales y equipamiento para los equipos de extinción –una de las protestas que mostraron los bomberos forestales de Castilla y León durante el fuego que arrasó Zamora en julio–.

El decreto, que deberá desarrollarse a la par con los ejecutivos autonómicos que son los que tienen la mayoría de competencias, insta a que esos planes dividan todo el calendario en meses de riesgo bajo, medio y alto. “Y será para todo el territorio, ya no valdrá limitarse a las zonas especialmente vulnerables”, ha añadido la vicepresidenta.

Sin fuegos artificiales cuando el riesgo sea muy alto

Cada año, estos planes deberán estar aprobados y publicados antes del 31 de octubre para aplicarse durante los siguiente 12 meses de manera ininterrumpida, explica el Ejecutivo. También habrá de incluir un catálogo de actividades prohibidas establecido por Transición Ecológica cuando las condiciones meteorológicas impliquen riesgo muy alto o extremo de incendio. El mínimo será el siguiente:

  • Encender fuego en todo tipo de espacios abiertos.
  • La suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos silvícolas.
  • Encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello. 
  • La utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas.
  • La introducción y uso de material pirotécnico. 
  • Arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.

La temporada de incendios es cada vez más larga

“Ya no podemos pensar en una temporada de incendios que ocupa dos o tres meses en nuestro calendario. Es más que probable que los días de riesgo alto o extremo se vea alargada en 40 días al año”, ha resumido Ribera.

El decreto llega en medio de un verano donde los incendios han ido casi acompasados con las olas de calor extraordinario registradas en junio y julio de manera que 24 de julio, los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica marcaban una superficie de monte arrasada de 135.000 hectáreas. Tres veces más que la media de la década. Una cifra que, a estas alturas del año, solo fue peor en 2012 en estos últimos diez años. Se han contabilizado 31 grandes incendios forestales –de más de 500 hectáreas–.

La campaña de grandes incendios estivales tuvo sus primeros embates en junio tanto na sierra Bermeja de Málaga como la de la Culebra en Zamora. En ambos siniestros, los encargados de extinguir las llamas, bomberos forestales autonómicos, hicieron llegar sus protestas sobre las condiciones de trabajo.

Un mes después, en julio, Zamora volvió a arder en la misma zona, en esta ocasión la comarca de Tábara, anexa a la Culebra en el incendio más devastador de la historia en Castilla y León. Entonces, los bomberos reiteraron sus protestas. Y mostraron el precario avituallamiento que les hacía llegar la Junta castellanoleonesa.

Ante las críticas profesionales y de gestión de los dispositivos antincendios, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, se desmarcó culpando a los ecologistas de, en parte, la propagación de las llamas. La Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia de CCOO por la manera de regir ese dispositivo de Suárez-Quiñones.

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