La delimitación de fincas y el fin de la caza, claves para el desbloqueo del Plan Rector de Cabañeros

Cuatro años y medio han pasado desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara el inicio del expediente para el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. Se trata de una de las áreas naturales protegidas más importantes de España, con unos usos muy diversos donde confluyen multitud de intereses y por ello la modificación de sus normas de gestión ha encontrado en este periodo algunos escollos. Ahora el proceso se encuentra en una ‘segunda ronda’.

En el punto de mira se encuentran actualmente aspectos como la delimitación de fincas y el uso cinegético de sus terrenos. A todo ello se añade que, como el resto de los parques nacionales, se trata de un área de gestión mixta, entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

El primer borrador de este proyecto se sometió a un primer proceso de información pública entre 2015 y 2016. Las alegaciones que recibió en este primer ciclo ponían de manifiesto algunas carencias en cuanto al tratamiento de diversas infraestructuras de las fincas particulares ubicadas en el parque, principalmente caminos, cortafuegos y cortaderos (límites de zonas contra incendios). También se apuntaba a la necesidad de clarificar la actividad cinegética y su finalización como tal en diciembre de 2020, en virtud de la Ley de Parques Nacionales de 2014.

Revisión y estudio

Son cuestiones que provocaron que la Comisión Mixta de Gestión, que es el órgano responsable de la gestión del espacio, con representación paritaria de la Junta de Castilla-La Mancha y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, considerara conveniente abordar una revisión de este aspecto encargando un estudio en profundidad de las infraestructuras mencionadas en las fincas del parque.

Este informe finalizó a finales de 2018,y dadas las modificaciones sustanciales que sobre el borrador inicial suponían los resultados del mismo, la Comisión dio luz verde a un nuevo proceso de información pública. Este periodo se realizó el pasado de mayo y durante el mismo se han recibido un total de 33 alegaciones: 16 de propietarios, dos de colectivos ecologistas, tres del sector cinegético, una del ámbito científico, dos de ayuntamientos (Navas de Estena y Alcoba de los Montes) y otras ocho de la propia Administración.

Entre las cuestiones alegadas se encuentran ahora peticiones como  la necesidad de mejorar los límites de las fincas, como han propuesto algunos propietarios; y también sigue estando sobre la mesa la necesidad de una cartografía explicita de los cortaderos a eliminar, tal y como inciden las asociaciones ecologistas. Asimismo, el aprovechamiento cinegético y forestal, la regulación del uso público, y la inclusión de partidas económicas para indemnizaciones son otras de las peticiones expuestas.

En el caso de los cortaderos, los conservacionistas siempre han criticado su impacto en el paisaje, algo cuyo efecto se multiplica en el caso de Cabañeros debido a su nivel de protección. El borrador del PRUG contempla a este respecto los nuevos requisitos para mantener la red de estos elementos junto a los cortafuegos, que serán única y exclusivamente los incluidos en el nuevo mapa, y con la actualización correspondiente de cada modificación que se realice sobre el terreno.

Y en lo referente al uso cinegético, el borrador actual establece en cuanto al control de poblaciones de ungulados, que aunque la normativa estatal considera la caza recreativa “incompatible” con los objetivos y finalidades de un parque nacional (con ese horizonte 2020), por “necesidades de control de poblaciones y con carácter excepcional”, se podrá autorizar, en “condiciones basadas en datos científicos y estrictamente tuteladas por la Administración y cuando no exista otra solución satisfactoria”, el empleo de artes cinegéticas. Para ello no podrán organizarse ni publicitarse como actividad deportiva o recreativa sino como actuación de control de poblaciones, y tienen que haberse utilizado tradicionalmente sin producir efectos negativos en el medio ambiente.

Precisamente, en cuanto a la adaptación del Parque Nacional de Cabañeros a la Ley de Parques Nacionales de 2014, el borrador contempla que los cambios que se produzcan para adecuar la caza deportiva al desarrollo del control de poblaciones serán indemnizados de acuerdo a la legislación vigente.

¿Tercera ronda?

¿Cambiará de nuevo el borrador en base a las alegaciones? La pelota está ahora en el tejado del Gobierno castellanomanchego. Una vez recibidas todas las alegaciones, y según fuentes del Gobierno regional  la comisión mixta de gestión está estudiando y evaluando las propuestas para incorporar al Plan de Uso  las modificaciones que “técnica y legalmente se consideren admisibles”.

De hecho, en función de la trascendencia de las modificaciones, si estas se consideran sustanciales se valoraría realizar un nuevo sometimiento a información pública -sería el tercero- y si no es así se daría por bueno el texto resultante. En este caso, el texto definitivo debe someterse a informe del Patronato del Parque Nacional y después al Consejo de la Red de Parques Nacionales. Finalmente, el texto debe aprobarse por decreto del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.