El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende su actividad económico-financiera de 2017 tras el tirón de orejas del Tribunal de Cuentas

El interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, ha defendido hoy en las Cortes regionales que la actividad económico-financiera del sector público regional en el ejercicio 2017 “se ajustó a la legalidad y a las normas aplicables”, después de los reproches del informe que hizo público.el Tribunal de Cuentas el pasado mes de enero.

Así lo ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos que se ha celebrado esta mañana en las Cortes regionales, al objeto de informar sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2017, que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Unos presupuestos que fueron los primeros del Gobierno conjunto PSOE-Podemos durante la pasada legislatura.

El Tribunal de Cuentas, ha explicado el interventor general, realiza un informe anualmente sobre toda la actividad económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como órgano de control externo, dependiente de las Cortes Generales, una vez que en 2013 se suprimió la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

El informe analiza de una forma exhaustiva toda la actividad económico-financiera que realiza la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, las entidades públicas dependientes, así como todas las empresas públicas y fundaciones públicas que forman parte del sector público regional.

Durante su intervención, Martín Cabeza ha señalado que para realizar esta actividad de fiscalización el Tribunal de Cuentas toma como base para sus trabajos la Cuenta General de 2017, que fue remitida al Tribunal Constitucional por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas dentro del plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Del análisis de esa Cuenta General de 2017 el Tribunal de Cuentas, ha insistido, “concluye que la actividad económica y financiera del sector público regional se ajustó a la legalidad y a las normas aplicables” aunque reconoce que se realizan “algunas observaciones, que en su mayoría son de carácter menor, como puede suceder en la práctica totalidad de la actividad de las administraciones públicas”, ha indicado Martín Cabeza. De hecho, el propio informe del Tribunal ya constataba que al no ser dichas observaciones vinculantes, las realizadas en años anteriores venían siendo sistemáticamente incumplidas.

En cuanto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de 2017, Martín Cabeza ha resaltado que algunas de ellas se han ido cumpliendo en los siguientes ejercicios, tal como recoge el Tribunal de Cuentas en sus informes. “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabaja siempre con la intención de seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”, ha incidido sobre esta cuestión.

Finalmente, el interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha resaltado que el pago a proveedores en el año 2017 se realizó todos los meses dentro del plazo legal establecido, sin superar ningún mes los 20 días.

PP y Ciudadanos: hubo “irregularidades” y la gestión fue “desastrosa”

Tanto PP como Cs han pedido explicaciones por lo que consideran un informe que recoge “irregularidades” y denota que dicha gestión fue “desastrosa”.

El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha considerado que este informe revela “mala gestión” por parte del Gobierno, alertando que “pasará factura”.

Para el parlamentario “controlar el gasto público no es solo una obligación, sino cuestión de ética pública, porque el dinero es de todos”. Ha resaltado que el informe destaca “graves fallos” en cuanto al patrimonio, irregularidades como pagos a una empresa de Illescas ya pagados con anterioridad o una ley de Hacienda “muy laxa” en cuanto a las modificaciones de crédito presupuestario.

El Tribunal, recuerda Muñoz Zapata, “señala que el Gobierno no aprobó un plan de tesorería y esto provoca problemas para atender el pago a proveedores”. “Si no se hace un plan, la caja se vacía, y si a esto le unimos que el fondo de reserva para deuda no se provisionó, se concluye que Castilla-La Mancha lleva 10 años entre las comunidades autónomas más endeudadas”, lamenta.

Falta de transparencia en gasto público o no publicar actas de mesas de contratación son otras de las irregularidades contempladas en el informe y por las que Ciudadanos ha pedido explicaciones.

Según las conclusiones del partido naranja, “se hace un uso irresponsable del dinero, que se usa en intereses políticos y no generales”, con “graves deficiencias en gestión de Recursos Humanos en Sanidad”.

En esta línea, ha lamentado la “alta temporalidad” de los contratos de profesionales sanitarios, “algo que desafío la jurisprudencia del Tribunal Europeo”. También ha reparado en la “falta de paridad” en el sistema directivo funcionarial, y ha aconsejado “evaluar cada euro que se gasta”. “Tenemos que ser más escrupulosos”.

De otro lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha arrancado la rueda de prensa previa a la Comisión lamentando la “tardanza” a la hora de dar explicaciones en sede parlamentaria sobre este informe, el cual ha valorado como “una auténtica catástrofe presupuestaria que ni la UME pondría en cintura por su cúmulo de deficiencias”.

El Tribunal de Cuentas, según el parlamentario 'popular', “saca los colores y destapa la catástrófica gestión” del Gobierno con un informe que recoge “irregularidades”, que en su opinión son consecuencia de “haber metido en el Gobierno a los radicales de Podemos”.

También ha tenido palabras de crítica para Cs, que ahora también pide explicaciones por este informe pero aún así no exige al Gobierno convocar la Comisión de Estudio por la gestión de la crisis sanitaria. “No pueden ser un día el azote del Gobierno y otro la muleta, tienen que tener clara su posición”, ha aconsejado al partido naranja.

Repara el diputado ciudadrealeño en que en 2017 “se incumplió la regla de gasto”; y se elevó la deuda hasta los 14.400 millones de euros. Para Rodríguez, “no se puede mirar para otro lado porque es deuda generada por el PSOE”.

También resalta que el informe destaca el “alto grado de interinidad” en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como otro de los extremos más graves de las conclusiones del Tribunal de Cuentas.

El PSOE habla de “normalidad y algunas salvedades”

De su lado, el diputado del PSOE Fernando Mora ha considerado que en virtud de este informe en 2017 “las cuentas de la Junta se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables”.

Este informe “hace una valoración positiva en general de lo que ha sido el presupuesto de 2017”, y ha recordado que ha tenido que ser elaborado por el Tribunal de Cuentas nacional porque en la anterior legislatura con el PP en el Gobierno se suprimió el órgano regional.

El texto solo hace “recomendaciones” y apunta alguna “salvedad” que Mora ha circunscrito en la normalidad de la gestión de un presupuesto de 9.000 millones de euros, algo que “ocurre en el Estado, el resto de comunidades autónomas y todo lo que se fiscaliza”.

“No se detecta ninguna ilegalidad. Entiendo que el PP hinche las cosas y saque las anécdotas como si fuesen realidades que nos van a arrollar”, ha manifestado Mora, retando al PP a “llevar a los tribunales” este informe si ve algo susceptible en sus conclusiones de ser judicializado.

Ha recordado en este punto que, por ejemplo, sí se ha condenado la gestión en etapa de Gobierno del PP de quien fuera director general de Radio Castilla-La Mancha, Nacho Villa.

Del mismo modo, ha reincidido en que en ese 2017 hubo obligaciones financieras como la recuperación de la paga extra de funcionarios suprimida por el Ejecutivo del Partido Popular en la legislatura precedente.