“Un gobierno en funciones no puede tener iniciativa legislativa”

El catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco Javier Díaz Revorio ha señalado este lunes ante la Comisión de las Cortes regionales que estudia la futura Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que “un gobierno en funciones no puede tener iniciativa legislativa”. El constitucionalista ha sido el primer compareciente de una larga lista (que se prolongará hasta el mes de diciembre) ante la Comisión que estudiará la reforma de la legislación para la que se contará con aportaciones de distintos estamentos sociales de la región.

Ha sido una de sus aportaciones como la que apunta a la necesidad de regular el régimen de incompatibilidad y la declaración de bienes de los miembros del Gobierno. Aunque reconoce que la actual norma castellano-manchega “es muy avanzada” cree que “deben evitarse conflictos de intereses y acumulación de sueldos”. También ha puesto en duda la teórica comparecencia ante las Cortes regionales de quienes son propuestos como consejeros del Gobierno autonómico. “¿En qué medida se puede obligar a quien no es diputado a comparecer?”, se preguntaba, según lo dispuesto por la Presidencia de las Cortes con fecha 1 de julio de 2015. “Es algo dudoso” y, en este sentido, ha pedido que la futura ley lo clarifique.

Además, ha pedido que la revisión de esta norma se realice “a la par” de la futura Ley de Transparencia regional y que se recoja “con más detalle” la participación ciudadana.

En su particular lista de ‘defectos’ de la actual normativa se ha referido al propio funcionamiento del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. “Cree que existe ”demasiado secretismo en la era de la transparencia“. Respeta el hecho de que la deliberaciones del Consejo no sean públicas pero otra cosa son los documentos. ”No es bueno el secreto de todo documento que entra en Consejo de Gobierno. En unos casos deben serlo, en otro no“, sostiene.

El futuro Consejo Consultivo

En lo relativo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha tiene claro que no solo debe mantenerse como institución regional - es el único cuya existencia está garantizada en el Estatuto de Autonomía, no así el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social - sino que debe reforzar su relación con el Gobierno y con las Cortes de Castilla-La Mancha. Propone que ambas instituciones puedan solicitar al Consultivo la realización de estudios sobre aspectos tan determinantes para la región como la reforma del Estatuto de Autonomía o de la Ley Electoral.

En este punto, recordaba que el propio presidente regional, Emiliano García-Page, anunciaba su intención de dotarle de estas funciones, algo que considera “positivo y recomendable” para un órgano que, en su opinión, “ha funcionado razonablemente bien, es una institución respetada aunque poco conocida por los ciudadanos. Algo que no es malo porque queda fuera del foco político”.

Ha dicho que sus argumentos para modificar este órgano son “razones no políticas sino de oportunidad” y que el futuro del Consejo Consultivo es “un asunto a pensar” no sólo en lo que tiene que ver con su composición sino con su papel de control o de aportaciones a futuras leyes concretas. En este sentido, advierte que “lo importante es la coherencia” entre lo que se quiere y sus competencias reales.

Acrecentar la garantía de independencia

El catedrático ha resaltado tanto la importancia de “elegir modelo” como garantizar la independencia y eso, ha dicho “tiene que ver con cómo designamos a los consejeros”. Actualmente se eligen cinco miembros del Consejo Consultivo, dos por parte del Gobierno y tres más por parte de las Cortes regionales. Su propuesta supondría elegirlos de forma alterna o “por partes” , en mandatos de seis años los miembros elegidos por el Gobierno en primer lugar, y a los tres años los miembros a elección de las Cortes.

Otra garantía de independencia en opinión del catedrático es que estos miembros también tengan que comparecer ante las Cortes para explicar su trayectoria profesional antes de tomar posesión de su cargo.

Díaz Revorio ha pedido ante los miembros de la Comisión parlamentaria “acrecentar la garantía de la independencia” del Consejo para, de esta manera, “asegurar el acierto” de la Administración -ha recordado que realiza un papel consultivo para la Junta y también para las entidades locales- o en su caso de las Cortes. También apuntaba un dato “a repensar” en relación con el grado de independencia: el 70% de sus dictámenes se refieren a procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además, no cierra la puerta a que expresidentes de las Cortes, del Tribunal Superior de Justicia de la región y del Gobierno autonómico puedan ser miembros “natos”, ya que según sus palabras, serían “muy útiles” en el caso de que se opte por un Consejo Consultivo con funciones de estudio. Valora en esta idea la “experiencia” de estos ex altos cargos que sería “muy valiosa”, si bien ha recordado que solo dos ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la región han accedido a este cargo por su currículum.

Sobre los sueldos de los miembros de este Consejo, apunta dos ideas. O un sueldo con dedicación exclusiva o basado en dietas por asistencia a plenos pero dejando a los consejeros mantener su actividad profesional.