La Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha quiere ser “pionera” incluyendo el concepto 'estancia efectiva': empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización

El Consejo de Gobierno ha dado esta semana el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.

Ahora, el texto será enviado a las Cortes regionales a las que el Ejecutivo regional va a solicitar su tramitación por “la vía de urgencia” para que la norma quede aprobada “a lo largo de abril”.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz, Blanca Fernández, quien ha detallado que el objetivo es que la Estrategia contra la Despoblación que se está diseñando “entre en funcionamiento cuanto antes” porque las zonas rurales necesitan una apuesta “definitiva” y, entre otras cosas, “consolidar servicios públicos que fueron recortados”.

“Sabemos que el reto es importante y no escatimaremos esfuerzos”, ha dicho Fernández, teniendo en cuenta que solo nueve municipios de la región tienen más de 30.000 habitantes. Por debajo de esa cifra poblacional, la ley básica del Estado considera a los municipios como “rurales”. Por otro lado, más del 90 por ciento de su geografía es rural y más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes

Ha recordado que la norma castellanomanchega dispondrá de dos herramientas de planificación. Por un lado, la Estrategia de Despoblación ya citada y, por otro, la Estrategia de Desarrollo Rural. “ No está todo hecho con la ley. Ahora empieza un arduo camino”. 

La ley se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recoge, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes tipos de zonas rurales (Título II); el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos (Título III); la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables o la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial y en el de la cohesión social medidas de apoyo a la conciliación y las familias que se plasman en el Titulo IV; o los beneficios fiscales para quienes residan en las zonas más afectadas por la despoblación del Título VI.   

Se trata, decía Fernández, de una norma “consensuada, novedosa, que garantiza la igualdad de oportunidades y muy participada”. También ha resaltado su “carácter trasversal” porque “se tocan todas las competencias del Gobierno regional”.

“Es una norma pionera que ojalá pueda servir de ejemplo para la legislación básica del Estado y para otras zonas despobladas de España”, decía, entre otras cosas porque incorpora cambios en la fiscalidad para luchar contra la despoblación y conceptos como el impacto demográfico o la estancia efectiva, que conlleva el empadronamiento, la tarjeta sanitaria y escolarización de hijas e hijos si los hubiera.

La consejera también se ha referido al proceso de participación abierto para que la ciudadanía pudiera opinar sobre la futura Estrategia de Despoblación que incluyó 11 preguntas relacionadas con las razones para vivir en el medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, entre otras. En total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.

La hoja de ruta para futuras leyes y decretos en 2021

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades para 2021, “un plan ambicioso que contempla 14 proyectos de ley y 68 decretos, cifras muy importantes que indican que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar”, decía la consejera quien ha resaltado la importancia de “la estabilidad política” en estos momentos.

Todas las consejerías tienen alguna iniciativa, sea vía ley o decreto, y ha dado algunos ejemplos como la Ley de Garantías y Medios para la Resolución alternativa de Conflictos en materia de Consumo; la Ley de Vivienda; el proyecto de Ley para agilizar y simplificar procedimientos para la gestión de los Fondos Next Generation de la Unión Europea; la Ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema sanitario, el proyecto de ley de Igualdad para modificar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres así como continuar con la Ley LGTBI.

Por lo que respecta a las iniciativas reglamentarias, Blanca Fernández ha citado algunos ejemplos, como el Decreto de creación del Observatorio de Precios de la cadena agroalimentaria; la ordenación de prestaciones económicas en materia de servicios sociales; la regulación de la figura del Municipio Turístico; el Observatorio de Comercio y la Red de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha, entre otras.