Tiempo muerto a la espera de las próximas elecciones autonómicas

No se sabe con qué fundamento, la Junta de Castilla y León sorprendió a propios y extraños manifestando que acudía a la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander con “altas expectativas” de que en ella se concretaran acuerdos y compromisos en materias tan importantes como la vivienda, la inmigración, la Sanidad y la financiación autonómica.

Fernández Mañueco ha sido el único de los 17 presidentes autonómicos con esas expectativas, ya que todos los demás, empezando por los de su partido, no esperaban absolutamente nada de esa Conferencia, escepticismo lógico dado el abismo que separa a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en esas y en cualquier otra materia.

Al final, Sánchez se sacó de la chistera el conejo de reabrir el melón del sistema de financiación autonómica, convocando para enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral competente al respecto.

En él se verá como puede coexistir la reforma del actual modelo con la “financiación singular” comprometida con Cataluña como moneda de cambio de la investidura de Salvador Illa. Y también la posición de cada comunidad sobre la condonación de la deuda autonómica, asunto este sobre la que los gobiernos autonómicos del PP están lejos de mantener una postura uniforme.

La consigna transmitida por Núñez Feijóo de oponerse sistemáticamente a cualquier propuesta planteada por el gobierno Sánchez puede quebrarse en el momento en que cada comunidad eche sus propias cuentas y vea que aferrarse al no a todo que propugna Isabel Díaz Ayuso equivale a arrojar piedras sobre el propio tejado. Entre exabrupto y exabrupto de Díaz Ayuso contra Sánchez —su consiliario Rodríguez le ha dicho que no se distraiga embistiendo a ningún trapo tendido por Óscar López— la presidenta madrileña mantiene un dumping fiscal especialmente perjudicial para las comunidades autónomas vecinas como Castilla y León, cuyo presidente traga con ello sin rechistar. Por mucho menos, su antecesor, Juan Vicente Herrera, impugnó en los tribunales las “vacaciones fiscales” del País Vasco.

Una información del diario “El Mundo” especulando sobre un posible adelanto electoral en Baleares y Castilla y León ha reavivado los rumores sobre una nueva anticipación de los comicios autonómicos, un runrún que había remitido a raíz de la DANA valenciana, desde la cual Feijóo y el PP arrastran el pesado lastre de apoyar la ominosa actuación de Carlos Mazón.

Si por Mañueco fuera, aquí se hubieran adelantado las elecciones desde el mismo día en que Vox dio la espantada de romper la coalición mantenida con el PP en la Junta y otros gobiernos autonómicos. Pero, aunque la facultad de pulsar el botón del adelanto electoral corresponde estatutariamente al presidente de la comunidad, en la práctica, dado su alcance y repercusión sobre el tablero de la política nacional, dicha medida no puede ser adoptada sin el plácet previo de Génova.

Y Mañueco ha tenido que reprimirse las ganas en el momento en que hubiera pillado a su ex socio y verdadero contrincante, Vox, bastante a la deriva, con sondeos que situaban al PP de Castilla y León al borde de la mayoría absoluta y en todo caso en condiciones de gobernar en solitario como si dispusiera de la misma. De paso, el PSOE no habría tenido otro remedio que repetir el cartel electoral de Luis Tudanca, sin la menor duda el candidato socialista preferido por Mañueco y el PP.

En los últimos meses, y entre otras cosas gracias a la DANA valenciana, Vox ha superado ese bajón y las expectativas señalan hacia una correlación de fuerzas en la que el PP volvería a depender de nuevo de la ultraderecha. Y bien lo sabe Mañueco, que no en vano tiene en su organigrama de gobierno a un exalto ejecutivo de la demoscopia.

Salvo el desplome de “Soria ¡Ya!”, del que se beneficiaría el PSOE, principal damnificado de la eclosión electoral de la antigua plataforma soriana, y la desaparición del escaño de Ciudadanos y seguramente del de Podemos, a priori no se atisba ningún vuelco en el mapa político de Castilla y León. Eso sí, con un nuevo liderazgo al frente de los socialistas, que a la vuelta de Navidades probablemente sea proclamado sin necesidad de celebrar elecciones primarias.

Mañueco aseguraba hace unos días su propósito de acabar la legislatura, que concluye en febrero de 2026, lo cual es tanto como no decir nada, ya que eso mismo decía hace tres años, días antes de que, dejando colgada la aprobación de los Presupuestos para 2022, rompió la coalición de gobierno que mantenía con Ciudadanos para convocar unas elecciones anticipadas tras la cuales se echó en brazos de Vox con los resultados por todos conocidos.

Si Feijóo da su visto bueno a un nuevo adelanto electoral —como pronto a la próxima primavera—, Mañueco no podrá justificarlo con la coartada de que la oposición ha bloqueado la aprobación de los Presupuestos para 2025. Sencillamente, porque, pese a que las Cortes han dado luz verde al techo de gasto propuesto por la Junta, el gobierno en minoría del PP, ante el riesgo de morder el polvo durante su tramitación en el mausoleo parlamentario de Villa del Prado, no se atreve a registrar ante la Cámara el correspondiente Proyecto de Ley. Con ello al gobierno Mañueco se le ha caído la careta presupuestaria, quedando al descubierto la gran engañifa que fue la presentación, el pasado 15 de octubre, de un denominado “anteproyecto” de Presupuestos meramente propagandístico, diseñado exclusivamente de cara a la galería.

De momento, los Presupuestos de 2024, aprobados por la extinta coalición de gobierno PP/Vox, seguirán vigentes a partir del 1 de enero mediante su prórroga indefinida Un signo más del tiempo muerto que se prolongará hasta la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas cuyo resultado puede situarnos inmediatamente después en un desesperante “día de la marmota”.