24 años del PP en la Diputación de León: una historia de enchufismo y corrupción con un asesinato
Casi un cuarto de siglo después, la Diputación de León ha vuelto a cambiar de dueño. El PSOE retorna al poder en la centenaria institución leonesa tras imponerse en las elecciones municipales y merced a un acuerdo con un partido regionalista. Desde 1995 los socialistas no gobernaban la institución, que en estos 24 años ha tenido seis presidentes del PP con mayoría absoluta. La más célebre y polémica, Isabel Carrasco, asesinada en 2014.
El último cuarto de siglo de la Diputación de León ha sido extremadamente convulso. En diciembre de 1994, el PSOE se rompía definitivamente en esta institución tras un mandato polémico. El presidente, Agustín Turiel, abandonaba la sede del Palacio de los Guzmanes hecho una furia y amenazando con romper con el partido tras imponer José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder provincial socialista, un ‘no’ a una moción sobre un referéndum secesionista de la autonomía de Castilla y León.
La moción del partido regionalista UPL fue uno de los últimos y más sonados problemas del último ejecutivo socialista en la Diputación de León. En ella se pedía un referéndum para la segregación de León de Castilla, un asunto recurrente en la política leonesa desde la imposición de la autonomía, y que provocó tanto en el PP como en el PSOE divisiones y expedientes a quienes la apoyaron, entre ellos el alcalde de León de la época, Juan Morano. El socialista Agustín Turiel, junto al luego alcalde de León Francisco Fernández, se abstuvo enfrentándose a su partido e iniciando así el fin de su época al frente de la institución, aunque nunca se marchó de las siglas y ocupó posteriormente otros cargos públicos.
Ahora, el PSOE ha recuperado la presidencia de la institución, que recae en Eduardo Morán, tras un acuerdo con los leonesistas de UPL sellado por el ministro de Fomento en funciones y número tres del PSOE, José Luis Ábalos. Un compromiso de inversiones de 24 puntos, con la lucha contra la despoblación y un polígono logístico como claves, vuelven a dar el poder a los socialistas en una Diputación conocida especialmente por sus polémicas de enchufismos y corruptelas.
Turiel, último presidente socialista, tuvo que reconocer meses antes de dejar el cargo que él mismo redactó y mecanografió un examen anulado por los tribunales y por el que se quedaban como fijos una docena de cargos de confianza de los grupos políticos. No fue la única denuncia de enchufismo que tuvo que afrontar el PSOE, al que el PP acusó de realizar 15 contrataciones irregulares de afines socialistas en un órgano de promoción industrial que luego desmantelaron. Pero el PP perdió, años después, el juicio por el despido que hizo de los presuntos enchufados y heredó las acusaciones de enchufismo y nepotismo que ellos mismos habían iniciado.
1995: año cero de la época PP
Las elecciones de 1995 tiñeron la provincia de León de azul y el PP logró por vez primera gobernar la Diputación gracias a una inédita mayoría absoluta. Impuso como presidente a José Antonio Díez Díez, que venía de un cargo en la Junta de Castilla y León avalado por su conocimiento del entramado administrativo. Ocho años duró en el puesto, hasta el 2003, cuando fue apartado por la formación después de apagar numerosos fuegos internos, hasta el punto de que sus compañeros de gobierno llegaron a barajar una moción de censura para echarle.
La gestión de José Antonio Díez Díez estuvo marcada por dos asuntos, la 'solución' al problema de gestión de las basuras con la creación del ente Gersul y el enfrentamiento con el Consejo Comarcal del Bierzo, gobernado por el PSOE, por más competencias.
El político popular tenía fama de buen gestor por haber participado en la organización del gobierno autonómico, pero sus formas autoritarias provocaron fuertes enfrentamientos con la oposición, con la prensa y, sobre todo, con sus compañeros de bancada.
Con Díez se eligió, tras muchas protestas y sonoros debates, la ubicación del vertedero provincial en la localidad de San Román de la Vega y la creación del ente público Gersul encargado de su gestión, que luego privatizó.
Gersul nació como un consorcio en 1997, lo que obligaba a todos los municipios a participar para cumplir con las leyes medioambientales, y desde sus inicios ha sido el principal quebradero de cabeza de la Diputación de León, que siempre ha asumido su presidencia.
El gestor de las basuras cuenta con un millonario y opaco presupuesto y debe afrontar una cuantiosa deuda de 23 millones de euros por los impagos a la empresa concesionaria del servicio, acuerdo judicial mediante. Además hay otras demandas pendientes por otros 8 millones de euros. Por el camino, la gestión de los recibos de la tasa pública por la que se financia, conocida como ‘gersulazo’, han sido un desastre tras una privatización de ida y vuelta a manos de la Diputación, ya que se han perdido por el camino entre 7 y 12 millones de euros sin recaudar, motivados por una mala gestión de los censos.
El presidente saliente de la Diputación, el popular Juan Martínez Majo, ha reconocido que Gersul sigue siendo hoy en día un dolor de cabeza y uno de los ‘marrones’ que traspasa al siguiente: “Tiene un problema grave, hemos intentado todo lo posible y está en vías de solución”. La gestión de los asuntos de Gersul será uno de los primeros problemas que deberá afrontar el PSOE.
García-Prieto y el fiasco de la estación de San Isidro
El segundo presidente del PP en la Diputación de León fue Javier García-Prieto, que llegó a la institución en 2003 con la tarea de tranquilizar los caldeados ánimos que había dejado José Antonio Díez Díez.
El economista logró apaciguar internamente al PP hasta que Isabel Carrasco se hizo con la presidencia del partido en 2004 y no ocultó que su intención era ocupar su sillón, haciendo de la presión su fórmula de desgaste a su rival interno pese a sus apoyos en el partido a nivel autonómico.
Las principales polémicas de su mandato fueron el crecimiento de la deuda de la Diputación y el fiasco de un proyecto en la estación de esquí de San Isidro, que acabó costando más de 3 millones de euros, años después, como indemnización al adjudicatario.
El proyecto se llamaba ‘Plan de Desarrollo Integral de San Isidro’ y era digno de la época del 'pelotazo': incluía la construcción de 350 viviendas y chalés a cambio de un campo de golf, spa, un centro comercial y siete hoteles, uno de cinco estrellas. La empresa no pudo realizar el proyecto y acabó reclamando una indemnización millonaria. Entre medias la Diputación se gastó más de 12 millones de euros para incrementar la potencia eléctrica de la estación de esquí, al hilo de aquel proyecto megalómano nunca ejecutado.
Todo el poder para Isabel Carrasco
En 2007 Isabel Carrasco se convertía en la primera mujer presidenta de la Diputación de León. Lo hizo por los pelos. La victoria del PP en las elecciones municipales fue ajustada y un mal recuento provocó que inicialmente no obtuvieran mayoría absoluta, por lo que todo el mundo contó con que no gobernaría. Pero finalmente el PP sacó 13 diputados y fue elegida presidenta, descubriendo además de paso que sus enemigos internos intentaron moverle la silla cuando estuvo en el aire su puesto.
Nunca se lo perdonaría y a su antecesor se lo hizo saber de una manera especialmente cruel: jamás colgó su cuadro en la galería de expresidentes, como sí hizo con el suyo propio estando todavía en el cargo. Ha habido que esperar a este 2019 para que el cuadro de García-Prieto haya sido colgado, 12 años después de dejar el puesto. En la galería faltan todavía tres, todos los de los sucesores de Carrasco.
Los singulares modales de Isabel Carrasco chocaron con la gestión diaria de la Diputación, hasta que la amoldó a su gusto. La presidenta -inspectora de Hacienda de profesión-, impuso un estricto régimen económico para reducir la deuda que heredaba de otros miembros de su partido, a los que no dudaba en reprochar en público su pésima gestión. Otras medidas más de andar por casa, como prohibir a los funcionarios ir a hacer la compra en sus descansos, simbolizaron su forma de entender la gestión pública.
Pero los recortes de fondos eran selectivos. El PSOE acusó a Carrasco de gastarse más de un millón de euros en la reforma de la planta noble de la sede del Palacio de los Guzmanes, incluyendo más de 25.000 euros en cortinas.
Otra de las medidas polémicas que adoptó Carrasco fue eliminar el acceso libre a la sede provincial. Para ello instauró un sistema de control, que justificó en una mayor necesidad de seguridad, por el que era obligatorio presentar el DNI al entrar y decir a dónde y a qué se iba, algo inédito en otras instituciones. Incluso llegó a poner precio a las visitas turísticas al palacio renacentista que es sede de la Diputación. Ambas medidas fueron eliminadas a su fallecimiento por su propio partido.
Pero la política de personal y las acusaciones de enchufismo y clientelismo se llevaron la palma de todas las polémicas en la gestión de Isabel Carrasco. La principal llegó en 2009 con la convocatoria de 40 plazas de auxiliar administrativo. El PSOE denunció que 26 de los 40 aprobados, que habían sacado 9 y 10 en el examen, estaban vinculados familiarmente al PP o a cargos de la Diputación de León. El caso tuvo una vertiente judicial que se cerró sin ninguna consecuencia y muchos de aquellos presuntos ‘enchufados’ siguen hoy trabajando en la institución.
La estrategia de Isabel Carrasco para controlar la Diputación de León consistió en colocar a funcionarios afines al frente de los principales servicios de la institución. Frente a esto, un grupo de trabajadores se organizó y consiguió una veintena de sentencias que anulaban los nombramientos a dedo, pero la estrategia del PP era recurrir indefinidamente y cuando perdían reiniciar el mismo proceso. Sólo a la muerte de Carrasco algunos de esos procesos fueron ejecutados tal y como exigían las sentencias.
En plena crisis económica y política del país, Isabel Carrasco se subió el sueldo a ella misma y a su equipo de gobierno para su segundo mandato, en 2011, y cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había iniciado la época de los recortes que continuaría con más ahínco el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Otro punto que sumar a su singular fama de política dura.
La publicación en medios nacionales de la docena de cargos que acumulaba Carrasco, y sus correspondientes retribuciones de más de 150.000 euros anuales, elevaron a la presidenta provincial un peldaño entre los políticos señalados por el despilfarro en plena crisis económica.
Un programa de La Sexta remató la imagen pública de Carrasco al ubicarla, en 2013, como una de las caciques políticas de España junto a los, por entonces, presidentes de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. El monumental cabreo de la presidenta cuando se la preguntó si iba a ver el programa todavía se recuerda entre los periodistas locales.
Pero si había algo que quitaba el sueño a la presidenta provincial era la investigación sobre presuntos cobros irregulares de dietas a la vez que acudía en el coche oficial de la Diputación de León a las reuniones del consejo de la entidad financiera Caja España. El llamado 'caso de los kilometrajes' acabó cerrándose tras su muerte sin que la acusada declarara nunca en casi dos años de investigación, pese a figurar como investigada. El Constitucional ha cerrado hace poco todo este asunto al absolver a un medio digital leonés que publicó la cuenta bancaria de Carrasco en la que se demostraban los pagos.
El asesinato, una serie y misterios por resolver
Isabel Carrasco fue asesinada el 12 de mayo de 2014. Según las sentencias del caso, la asesina confesa fue la madre de una extrabajadora de la Diputación de León muy cercana a Carrasco. Montserrat González la tiroteó sobre el río Bernesga compinchada junto a su hija Triana Martínez y una amiga de ésta, la policía local Raquel Gago. Las tres cumplen condenas de 22, 20 y 14 años de prisión, respectivamente.
La asesina material confesó que era “o Carrasco o mi hija” en el juicio, alegando la persecución a la que la sometió la presidenta tras finalizar su trabajo como ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación. Un presunto ‘acoso’ o la disputa de la plaza de ingeniera fueron las causas, según versiones expuestas, que motivaron el asesinato. Lo cierto es que la Diputación demandó a Triana por supuestos cobros indebidos durante su trabajo en la institución, pero la condenada por el asesinato acabó ganándolos todos.
El mediático juicio por el asesinato sacó a la luz las prácticas de enchufismo de la Diputación y fue modélico por la rapidez en la investigación y celebración de los procesos. El tribunal del jurado condenó a las tres acusadas en 2016 de forma más leve que las penas finales elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo en los recursos presentados posteriormente.
La serie documental 'Muerte en León', dirigidas por el cineasta británico Justin Webster, desvelaron adicionalmente una brecha en la investigación policial. Las llamadas de Triana Martínez no fueron incluidas en las pesquisas, pese a que un nombre sobresalía por el volumen de conversaciones que mantenía con la condenada por asesinato. Ese nombre era Luis Estébanez, asesor personal del expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
En una entrevista con eldiario.es Webster aseguró que “la gran duda en el asesinato de Isabel Carrasco es por qué no se investigaron ciertas llamadas deliberadamente”. Las 247 llamadas que mantuvieron Triana y el asesor en el año 2014, incluidas el mismo día del asesinato, y la vinculación entre ambos se quedó sin explicación oficial ante el cierre del caso y la negativa a cualquier aclaración posterior. Estébanez aseguró desconocer por qué no se le llamó a declarar judicialmente y reiteró que tenía “la conciencia muy clara y muy tranquila” al desconocer cualquier intención criminal de Triana.
La operación ‘Púnica’ y un presidente detenido
Cinco meses después del ‘shock’ por el asesinato de Isabel Carrasco la Diputación de León sufrió otro duro golpe, ver salir detenido a su sucesor y antigua mano derecha, Marcos Martínez Barazón.
En octubre de 2014 se iniciaba la llamada operación ‘Púnica’ y en León se abría una pieza separada para abordar la corrupción en la Diputación de León. La UCO detuvo a Marcos Martínez Barazón, que tuvo que dimitir del cargo a petición del PP estando en sus 50 días de prisión, y el juez imputó al interventor Suso López y, posteriormente, al exjefe de Gabinete de Carrasco y Barazón, Pedro Vicente Sánchez.
A todos ellos se les acusa de intentar amañar contratos relacionados con la estación de esquí de San Isidro y de pagar con dinero público a una red de periódicos digitales ‘zombies’ a cambio de favores de proyección personal. En total la Diputación abonó más de 100.000 euros por informaciones favorables en la red de medios del informático de ‘Púnica’ Alejandro de Pedro, tanto en época de Carrasco como de Barazón.
La Fiscalía pide para los tres imputados leoneses penas entre los 7 y los 10 años y medio de prisión en un juicio pendiente de fecha. Entre las pruebas figuran correos electrónicos en los que hay pliegos de contratos para amañar que mandaba Marcos Martínez o facturas por valor de 5.000 euros por un discurso.
Con la caída de Marcos Martínez llegó el tercer presidente de la Diputación de León en el mandato 2011-2015. Le tocó al diputado de Deportes, Emilio Orejas Orejas, tras una selección del PP entre los diputados temerosos de que cualquiera pudiera ser el siguiente imputado en ‘Púnica’, algo que finalmente no ocurrió. Orejas Orejas mantuvo inactiva la Diputación ante la cercanía de las elecciones y repitió como diputado el actual mandato que ha finalizado, pero no ha logrado seguir en el Palacio de los Guzmanes en el que comienza,
Insultos: del ‘mapa del clítoris’ de Aído, al “hijo de puta” y el “felpudo” de Carrasco
Una de las anécdotas más singulares de todos estos años es cuando la fallecida Isabel Carrasco llamó “hijo de puta” al diputado provincial Matías Llorente en un pleno tras un duro enfrentamiento: “Hijo de puta... Se va a enterar este tipo... Ya le llegará su hora”, espetó la todopoderosa presidenta cuando creía que el micrófono ya estaba cerrado.
Este la denunció por injurias y, de forma totalmente sorprendente, el juez la absolvió pese a reconocer la existencia del insulto. Para el juez el 'hijo de puta' fue “un comentario, más o menos desafortunado, realizado al finalizar el pleno y a micrófono cerrado, no dirigido a nadie en concreto”. Así que Carrasco no tuvo que pagar la multa de 200 euros que exigía Llorente.
Los enfrentamientos de Llorente y Carrasco también dejaron momentos más íntimos llenos de gruesas palabras. A cuenta de unas facturas Llorente aseguró que en su grupo “nadie ha dedicado un euro a arreglarse el felpudo”, en referencia a un posible gasto personal estético con fondos públicos. El PP acabó justificando el gasto asegurando que era erróneo que figuraran cuestiones estéticas ya que en realidad, según su versión, se debía a que se compró un bolso para una de las asesoras del partido como compensación por trabajos adicionales y que el gasto de los grupos políticos no era fiscalizable.
Pero si se trata de recordar insultos otro de los más sonados lo pronunció Isabel Carrasco, cuando arremetió en 2010 contra la ministra de Igualdad socialista Bibiana Aído mandándola “a estudiar el mapa del clítoris en Andalucía”. Las críticas a la presidenta surgieron hasta desde dentro de su propio partido, obligándola a matizar sus palabras pero sin formalizar una disculpa expresa.
Una Diputación condenada por discriminar a medios
Otro de los ‘hitos’ del PP en la Diputación de León fue ser una de las pocas instituciones del país en ser condenada por discriminar a un medio de comunicación en el reparto de la publicidad institucional, por no plegarse a las presiones e indicaciones de Isabel Carrasco.
El digital ileon.com consiguió que en dos sentencias se le reconociera el derecho a no ser discriminado en el reparto de la publicidad institucional, que Isabel Carrasco efectuaba según sus intereses. La presidenta llegó a reconocer su ilegal método en una entrevista televisada: “¿Cómo le voy a dar dinero a alguien que me ataca?”. Los tribunales recordaron que el reparto de dinero público debe obedecer a criterios objetivos y no políticos, por lo que el periódico fue indemnizado.
Las relaciones de la Diputación con los medios han estado rodeadas de fuertes polémicas, sobre todo en época de Carrasco. Vetos a periodistas, órdenes de corrección de informaciones o convocatorias excluyendo a medios, además de reparto discrecional de la publicidad, eran parte de las prácticas habituales que sólo algunos medios, especialmente los digitales, se atrevieron a denunciar.
Majo, un mandato con dinero pero sin rematar proyectos
El último presidente de la Diputación de León por el PP ha sido uno de los enemigos internos de Isabel Carrasco, Juan Martínez Majo. Su llegada al Palacio de los Guzmanes fue posible gracias a la situación creada en el partido tras el asesinato de Carrasco y la operación ‘Púnica’, que afectó al poder que tenían hasta entonces los ‘carrasquistas’.
Majo llegó sumando a su gobierno a parte de los barones locales que sostuvieron a Carrasco, no tenían otro remedio, y a otros antiguos enemigos internos de la presidenta. Prometió dotar de estabilidad a la institución tras dos años turbulentos y resolver los numerosos problemas que tenía.
Durante este mandato del PP la Diputación ha alcanzado la deuda cero, gracias a un ajuste financiero que empezó Carrasco en 2007 y que se acrecentó por la parálisis que provocó su asesinato y la operación ‘Púnica’. Esto lleno las arcas de la Diputación de León como nunca, cuyos gerentes optaron por pagar aceleradamente la deuda y dejarla a cero antes de que acabara la legislatura.
Oposiciones polémicas en el último mandato
Las acusaciones de enchufismo en la Diputación de León no han cesado en este mandato tampoco. La institución ha perdido dos docenas de juicios por colocar en plazas clave de la institución de forma irregular a funcionarios afectos al ‘carrasquismo’, lo que tuvo que motivar una reorganización interna del Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación, dividiéndolo en dos, para dar salida a las decenas de sentencias que anulaban nombramientos de funcionarios jefes. Esta fue la táctica habitual de Carrasco para controlar el funcionamiento de la institución, nombrar, con procedimientos declarados ilegales, a decenas de jefes para arrinconar a trabajadores incómodos. Sólo años después de lucha judicial este método se dejó de usar con carácter general.
Ya en plena campaña electoral de las elecciones municipales del 2015 la Diputación hizo otra de sus famosas convocatorias de empleo salpicadas de polémica. En esta ocasión fue un examen para un puesto de informador turístico que publicó un martes, puso fecha al examen el jueves y el viernes se celebró, decidiendo ya ese día quién ocupaba las que resultaron ser cinco plazas. Posiblemente una de las oposiciones más rápidas que se puedan recordar en la historia de la administración pública.
Otra polémica convocatoria de unas 'oposiciones exprés' ocurrió en las Navidades de 2018, con apenas 5 días hábiles para apuntarse y sin dar a conocer ni temario ni plazas concretas ni ningún elemento de prueba más allá de la convocatoria, lo que generó una sonora controversia. El PP tuvo que salir a dar explicaciones a la oposición y sindicatos alegando la urgencia del procedimiento pero no retiró la convocatoria, aunque matizó que era un procedimiento excepcional y que serían contratos temporales no renovables.
Como anécdota sobre las oposiciones del mandato que termina queda la convocatoria de plazas temporales de conductor, en la que uno de cada cinco presentados suspendieron por no ponerse el cinturón en el examen práctico.
La última polémica en las contrataciones es muy reciente y obedece al puesto de directora de la estación de esquí de Leitariegos. La plaza recayó en la responsable de Transparencia del PP de León, Camino Anzules, por apenas unas décimas en un proceso que dos de los aspirantes han decidido llevar a los tribunales. Si en el primer examen la política obtuvo la segunda nota más baja, en la segunda y tercera parte obtuvo las mayores puntuaciones, cuestionando otros aspirantes las notas que se les pusieron, por lo que han recurrido la adjudicación final de tan jugoso puesto.
La ‘Enredadera’ también llegó al Palacio de los Guzmanes
La última gran operación contra la corrupción también afectó de lleno a la Diputación de León, aunque en este caso al grupo de Ciudadanos. En la misma se detuvo e imputó, en el verano del 2018, al único diputado de Albert Rivera, Juan Carlos Fernández, y a su asesor en el grupo provincial, Sadat Maraña.
El juez les imputa en dos piezas de la trama una decena de delitos de presunta corrupción, detectados a raíz de las escuchas interceptadas en la operación con los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García ‘El Patatero’, considerados los cabecillas.
A los excargos de Ciudadanos, que los expulsó de forma inmediata, se les considera conseguidores de información privilegiada que transmitían a los empresarios y presionaban para que se les adjudicaran contratos públicos.
Además, en uno de los principales contratos de la institución, en aquel momento pendiente de resolución, aparecía como licitante una de las principales empresas investigadas de la trama ‘Enredadera’. Se trataba del contrato de los camiones para el futuro servicio de Bomberos provincial, valorado en 3,5 millones de euros, por el que miembros de la trama habían expresado interés en varias de las conversaciones pinchadas. En la adjudicación definitiva del mismo la empresa ‘Enredadera’ no obtuvo ninguno de los lotes.
La Fiscalía pide imputar a 9 diputados y exdiputados
En plena campaña electoral se conocía que la Fiscalía de León pedía al juez que imputara a nueve diputados y exdiputados del PP por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. El asunto nace por un sobrecoste millonario que se habría ocasionado en el mandato 2011-2015 por la decisión de rescindir el contrato de ayuda a domicilio a la empresa Carflor.
El caso afecta a quien fuera entonces el presidente de la Diputación por el PP, Marcos Martínez Barazón, y a los diputados populares José Antonio Velasco, Miguel Ángel del Ejido, Teodoro Martínez, Emilio Orejas, Raúl Valcarce, María Isabel Fresno, Miguel Ángel González Robla y María de la Paz Diez. Del Ejido y Valcarce siguen siendo diputados del PP actualmente.
Según el escrito fiscal las decisiones tomadas en 2012 en la Junta de Gobierno, que incluía a la fallecida Isabel Carrasco, “ocasionaron, además de la ilicitud del acuerdo y la nueva adjudicación” del servicio, “un perjuicio al erario público”, dado que la empresa recurrió la rescisión del contrato como la nueva contratación a otra empresa, lo que supuso finalmente “la necesidad de abonarle el beneficio industrial dejado de percibir”, recientemente resuelto en el juzgado de forma favorable.
El trasfondo de la cuestión es que el acuerdo alcanzado de anulación de contrato que se arguyó en 'razones de interés público' por falta de financiación “carece de la más absoluta justificación”, según la Fiscalía.
Nuevo presidente, el berciano Morán
El alcalde de Camponaraya, el socialista Eduardo Morán, ha asumido este viernes la presidencia de la Diputación de León. Morán fue uno de los principales apoyos de Susana Díaz en la carrera de las primarias socialistas y es el primer presidente berciano que tendrá la institución en el periodo democrático. Además, será la primera vez que el PSOE gobierne la Diputación y las tres principales ciudades de la provincia.
Morán y su equipo llegarán a un Palacio de los Guzmanes que el PP deja, eso sí, rebosante de dinero. La apuesta de los conservadores por finiquitar totalmente la deuda en este mandato supone que haya ahora mismo un superávit de más de 150 millones de euros, más que el presupuesto anual de 132.
El dinero espera ideas para resolver los problemas atascados de la Diputación como la construcción eterna de los parques de bomberos comarcales o la gestión de Gersul, además de los particulares de los 208 municipios a los que debe prestar servicios como la implantación de la banda ancha real en todo el territorio. Mucho dinero que debe quitarse, además, la mancha de oscurantismo y enchufismo que adorna la historia de la Diputación de León en el último cuarto de siglo.
