“Duele hacer tu trabajo lo mejor posible y que los parques se paralizasen durante años”

“Duele hacer tu trabajo lo mejor posible, lo más rapido que puedes y que los parques se paralicen durante años”. Jesús G.F, funcionario del Servicio Territorial de Industria León desde 2000 a 2023, ha declarado este martes en el juicio de la Trama Eólica y ha relatado como las autorizaciones finales de muchos parques se paralizaron durante al menos tres o cuatro años, desde que en 2004 se llevó a cabo la avocación de competencias por la que los jefes de los Servicios Territoriales dejaban de autorizar los parques eólicos hasta que desde la Dirección General o la Consejería de Economía daba la orden.

Además ha apuntado a que con esa avocación se aprobaba “todo” sin revisar proyectos que podían tener deficiencias o estar incompletos. Su declaración ha coincidido con la que hicieron otros funcionarios de otros servicios territoriales al relatar que el 30 de marzo de 2005 acompañó a su jefe a una reunión con Delgado en Valladolid en la que coincidieron con los de otras provincias, si bien se les hacía pasar de uno en uno, algo que no era habitual.

“Yo no entendí mucho el objeto de la reunión”. Rafael Delgado le dio a su jefe una hoja de excel con un listado de parques que había que autorizar en León. A partir de ese momento, muchos promotores eólicos vieron como sus proyectos se estancaban, y pasaban por el despacho de Jesús G.F para contarle “sus cosas”. El funcionario ha reconocido que se hablabla de una imposición de la Junta para que cada promoción contase con empresarios locales, pero ha precisado que nunca tuvo pruebas.

Poco antes, Carlos F.J, que fue letrado jefe de la Consejería de Economía había explicado que la avocación es una fórmula que no puede aplicarse de forma genérica sino caso por caso y que su adopción siempre tiene que hacerse de manera razonada.

Además han declarado como testigos varios directivos de Endesa como la responsable del desarrollo de la promoción técnica de activos renovables entre 2000 y 2010, que ha asegurado que nunca recibió instrucciones de la Junta sino que se aliaron con empresarios locales o lo intentaron porque había problemas en nudos eléctricos y tenían que ponerse de acuerdo. Además ha negado rotundamente que que asociarse con Collosa para promover algunos parques fuese a coste cero, en concreto, como le ha recordado el fiscal a un euro por acción, porque “se les repercutían gastos de tramitación”. Endesa tenía el 85 por ciento del capital de la mercantil Inverduero mientras que el otro 15 por ciento estaba en manos de la constructora.

Sin embargo, su declaración choca con una carta remitida al entonces consejero, Tomás Villanueva, el 14 de marzo de 2005 por el entonces consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, en la que le informaba de posibles socios como IDER, Canon Power, Ibervento, Preneal, Ecotecnia, para promover parques eólicos en Castilla y León. Este documento es uno de los que ha aportado Rafael Delgado, principal acusado, para apuntalar su defensa y demostrar que era el consejero quien movía los hilos de la trama mientras que él sólo cumplía órdenes.

Curiosamente, Miranda, que también ha declarado como testigo, ha asegurado que pudo firmar la carta, pero que no la redactó él y no recordaba el contenido. En esa misiva, Miranda también comunicaba a Villanueva que en los próximos días el director general de Generación Manuel Ángel Morán -a quien ha atribuido la redacción de la misiva-, le solicitaría una reunión. Morán ha asegurado en su declaración que pudo reunirse con Villanueva varias veces, pero sólo “en plan institucional” para hablar de la “política” de Endesa de ir de la mano con empresarios locales“. Sin embargo tampoco él ha recordado haber escrito la carta.

“Han pasado más de veinte años y no recuerdo ni siquiera que yo redactara esa carta con ese listado, no lo creo”. Morán ha negado que se les impusieran socios locales y ha definido la constructora Collosa como un “socio estratégico a largo plazo”.

El juicio se desarrolla en la Audiencia de Valladolid, donde se sientan en el banquillo exaltos cargos de la Junta y empresarios, por supuestas prácticas corruptas en la autorización de proyectos de parques eólicos en Castilla y León. El juicio se reanudará el miércoles.