La jueza de la 'Estafa de los ataúdes' autoriza que la Policía entre al tanatorio El Salvador a verificar el consumo de gas

Foto tomada por el extorsionador en la que se ve una cremación sobre la tapa de un féretro. sobre una tapa de ataúd

La Policía Nacional volverá a entrar en el Tanatorio El Salvador, donde presuntamente se sacaban cadáveres de los féretros para reutilizarlos. La jueza que instruye el caso conocido como 'estafa de los ataúdes' ha accedido a la petición de la UDEV de la Policía Judicial para que pueda completar el informe sobre el consumo de gas en las instalaciones. Para ello, los investigadores buscarán el libro de registro de incineraciones del año 2019 y accederán a las bases de datos informatizadas para realizar 'in situ' una copia del archivo o archivos donde se encuentre la relación de cremaciones. Los responsables de la gestión de estos datos deberán facilitar las claves en el caso de que las haya.

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Además, Grupo El Salvador deberá entregar el libro de registro o dietario de incineraciones correspondiente al año 2017 y que no fue hallado durante los registros que realizó la Policía en su momento. La jueza considera que procede autorizar a la UDEV "ya que no se trata de iniciar una nueva investigación de un periodo temporal distinto", sino que se trata de obtener los datos necesarios para completar el informe que están elaborando sobre el consumo de gas de los hornos crematorios instalados en el Nuevo Tanatorio El Salvador como en el Cementerio Parque El Salvador durante el periodo objeto de investigación.

La intención de la Policía es llevar a cabo en el informe un estudio comparativo de los consumos de gas y por ello solicita los registros de incineraciones de 2017 y 2019. El año 2017 corresponde al inicio de las actuaciones judiciales por el delito de extorsión por el que fue condenado Justo M.G, el exempleado que fotografió y llevó un diario detallado de la práctica, a lo largo de 20 años, de sacar cadáveres de los féretros antes de su incineración para reutilizarlos varias veces con otros fallecidos. El extrabajador no estaba conforme con la jubilación que le había quedado y presionó al dueño del tanatorio, Ignacio Morchón, con hacer pública la presunta estafa si no mejoraba sus condiciones. Una vez que Morchón denunció al extorsionador, la Policía halló en su vivienda las pruebas e inició una investigación.

En 2019 se levantó el secreto de las actuaciones y se llevaron a cabo las entradas y registros y detenciones correspondientes, con la incidencia que dichas circunstancias pudo tener en el volumen de las incineraciones y lugar en el que se efectuaban las mismas. Para la instructora del caso "se trata de dos periodos concretos que pueden resultar importantes a los efectos de llevar a cabo una comparación con los otros periodos de los consumos de gas de las dos instalaciones". La relación de las incineraciones es una información que también resulta "necesaria, idónea y proporcionada" para complementar el informe.

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26 de octubre de 2021 - 17:42 h

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