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CATALUNYA

El Ayuntamiento de Barcelona supervisará las subvenciones a los grupos tras el aviso de los tribunales

El pleno tiene previsto aprobar el próximo viernes una regulación que pondrá condiciones para cobrar de los 8,5 millones que otorga cada legislatura

La Comisión de Transparencia dictaminó la obligación de los grupos a presentar las facturas y el Tribunal Superior catalán rechazó el recurso del consistorio

La nueva regulación obligará a que los partidos justifiquen en qué gastan los fondos públicos percibidos tras más de 30 años de descontrol

Colau suspende el pleno por la situación de "excepción"

El Ayuntamiento de Barcelona controlará las subvenciones que reparte entre sus grupos tras el aviso de los tribunales

El Ayuntamiento de Barcelona regulará por primera vez las subvenciones que los grupos políticos se reparten, que ascienden a un total de 8,5 millones en cada legislatura. El pleno tiene previsto aprobar el próximo viernes un acuerdo que pone condiciones para acceder a esas cuantiosas ayudas municipales, como es la obligación de justificar cómo se gastan. El consistorio ha aceptado impulsar esta normativa después de que la Comisión de Transparencia dictaminase que los grupos debían presentar facturas y que los tribunales rechazaran hasta dos recursos que el Ayuntamiento interpuso para tratar de evitarlo.

El control se impondrá finalmente sobre las subvenciones que los grupos políticos reciben con pagos fraccionados por trimestre y de forma proporcional a la representación obtenida. Sobre el papel, estos gastos deben servir solo par pagar la actividad política de los grupos y ser justificados ante el pleno, algo que hasta ahora no pasaba. Por eso, cuando el pasado mes de septiembre la Comisión de Garantía de Acceso a la Información (GAIP) requirió que el ayuntamiento entregase los justificantes y facturas a un ciudadano, el consistorio aseguró que no disponía de ellas.

Estas explicaciones, sin embargo, no convencieron a la autoridad de Transparencia, que consideró que el Ayuntamiento debía controlar el dinero que reparte tal y como reclama la ley. Ante las controversia el equipo de Colau, apoyado por todos los grupos menos la CUP, llevaron la resolución de Transparencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), reclamando una suspensión cautelar de sus efectos.

Fue en ese momento cuando el TSJC advirtió por primera vez al Ayuntamiento que debía hacer prevalecer el interés público y que no había razón para frenar la entrega de justificantes y facturas. Pero, como el consistorio volvió a recurrir, el tribunal lanzó una reprimenda al Ayuntamiento, recordándole que la Comisión de Transparencia (GAIP) es un órgano especializado y que actúa con funciones de tribunal administrativo, además de reiterar que el interés público estaba por encima de los intereses de los grupos municipales. El tribunal obligó al consistorio a pagar las costas del proceso hasta 800 euros.

En paralelo a esto la GAIP propinaba un segundo varapalo al Ayuntamiento por su rechazo a requerir a los grupos los justificantes. En una nueva resolución, Transparencia recriminó al ente municipal la falta de control sobre el dinero que reparte. "En cuanto a las facturas, el Ayuntamiento no sólo no ha sido diligente, ni siquiera se ha esforzado en obtener la información" asegura el organismo, que iba más allá al asegurar que la actuación municipal "ni siquiera ha sido neutral, sino que ha influido directamente y decisivamente en la decisión de los grupos de no facilitar" las justificaciones de gastos.

Desde el equipo de el Gobierno municipal de Colau ya habían anunciado su interés por regular esta cuestión, aunque no ha entrado en la agenda nunca durante los cuatro años de mandato. Sin embargo, tras las advertencias lanzadas por los tribunales en los últimos meses, finalmente el mes pasado la comisión de Presidencia aprobó una propuesta de acuerdo para regular de una vez las subvenciones a los grupos. Como el borrado obtuvo unanimidad, se espera este viernes el acuerdo sea ratificado en el pleno.

Según el texto que se votará, las condiciones que se impondrán son una mera extensión de las ya recogidas por la ley estatal de 1985, pero que en Barcelona, como en otros muchos municipios, nunca se había puesto en práctica. Así pues, obligará en primer lugar a que todos los grupos presenten ante el Ayuntamiento la relación de gastos, con sus correspondientes facturas, para justificar el dinero recibido trimestralmente. La cuantía que no pueda ser comprobada será sustraída de la siguiente aportación.

Respecto a la opción de que los grupos donen directamente lo percibido al partido, a la que se vienen acogiendo la mayoría de ellos, la regulación es poco restrictiva pero sí reclama que se firmen convenios en los que se detallen qué servicios prestará el partido al grupo, ya que estos deben estar vinculados a la actividad municipal. Con todo el Ayuntamiento se cura en salud asegurando que el control de esta parte debe hacerlo el Tribunal de Cuentas, no el pleno municipal.

Esta regulación, aunque modesta en el control, supondrá un hito en el panorama municipal catalán, ya que fiscalizará por primera vez las cuantías que se reparten los grupos. Además puede servir como un ejemplo a seguir para otras entidades municipales, que se han visto con el mismo problema que Barcelona, como son El Prat de Llobregat o L'Hospitalet. Con la obligación de depositar ante el pleno el destino de las facturas no solo se facilitará el control por parte de la intervención sino de cualquier ciudadano que desee acceder a ellas gracias a la legislación autonómica de transparencia.

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