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CATALUNYA

El Gobierno no pondrá impedimentos al nombramiento de Turull, que le permitirá levantar el 155

Moncloa considera que el rey deberá firmar la designación del nuevo president incluso si es procesado por el Supremo

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Turull se compromete a "revertir los daños del 155" y a desplegar la hacienda catalana

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Ante la posible investidura de Jordi Turull como nuevo president de la Generalitat catalana en el pleno del Parlament del próximo sábado, el Gobierno no pondrá impedimentos a su toma de posesión y considera que el rey Felipe VI deberá firmar su decreto de nombramiento. Lo tendrá que hacer, apuntaron ayer fuentes del Ejecutivo, incluso a pesar de que este viernes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decida su procesamiento por rebelión. Solo en el caso de que el magistrado decrete su ingreso en la cárcel ese nombramiento podría ser anulado en función del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que el encausado queda automáticamente inhabilitado cuando se encuentra en prisión provisional y el procesamiento es firme.

Moncloa se remite a lo que dice el artículo quinto de la Ley de Presidencia de la Generalitat, que establece que “el presidente o presidenta de la Generalidad, tras ser investido por el Parlamento, es nombrado por el rey o reina a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento”. El nombramiento del president “se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y tiene efectos a partir de la toma de posesión, que debe celebrarse en el plazo de cinco días a partir del nombramiento”.

No obstante, una vez publicado en el Diari Oficial, el nombramiento también se debe incluir en el Boletín Oficial del Estado, con la firma tanto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como del propio rey. Y fuentes de la Zarzuela aseguran que “a los efectos del jefe del Estado, solo se firmará el decreto cuando lo haya firmado el presidente del Gobierno”. Como recuerda Javier García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, “los actos del rey no tienen validez sin el refrendo del Gobierno”. De esta forma, el presidente del Parlament, Roger Torrent, debería comunicar previamente al Ejecutivo central  la investidura de Turull, para que Moncloa remita el decreto de nombramiento a la Zarzuela.

El Gobierno podría obtener una ventaja política de conseguirse el nombramiento de Turull como presidente. Y es que la configuración del Govern supondría levantar el 155, el mayor obstáculo del PNV para entrar en la negociación de Presupuestos. Moncloa presentará su proyecto de cuentas públicas la próxima semana y fuentes del Ejecutivo aseguran: “Estamos hablando con todo el mundo”. Levantar el escollo del 155 podría suponer para el Gobierno allanarse el camino para unos presupuestos para los que aún no había conseguido los apoyos suficientes.

"En el caso de que se celebre el pleno y que Jordi Turull reciba la confianza del Parlamento, para su nombramiento como presidente de la Generalitat faltan requisitos formales, falta el nombramiento por parte de el rey, la publicación en el Boletín Oficial del Estado y después él tendría que designar a sus consejeros, que tendrían a su vez que ser nombrados y tomar posesión", aseguraba ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al ser preguntado sobre si la elección de Turull acabaría automáticamente  con el 155. Y es que desde Moncloa remarcan que la excepcionalidad solo finalizará “cuando todos los consejeros tomen posesión de sus cargos”.

Con la perspectiva de los cinco meses transcurridos desde la activación del citado artículo de la Constitución, el Gobierno ha concluido que la decisión “fue acertada y proporcional a la crisis provocada por el secesionismo”. Moncloa considera que el Estado de Derecho “ha salido fortalecido”. “Los poderes del Estado lo han defendido con la Constitución y la ley, y lo volverán a hacer si es necesario”, señalaba ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, considerado como el ejecutor del 155. A su juicio, ese procedimiento también ha mostrado su eficacia práctica: “La Administración catalana ha recibido un impulso del que estaba muy necesitada, se ha rebajado la tensión en la sociedad y la seguridad jurídica recuperada ha tranquilizado a empresarios e inversores”, concluía.

El Gobierno espera ahora que se pueda formar cuanto antes el nuevo Govern y que éste cumpla “sus obligaciones de legalidad, neutralidad, transparencia e interés general”.

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