La falta de apoyos obliga a Ada Colau a aplazar de nuevo la creación de su funeraria pública
La funeraria pública de Ada Colau vuelve a un cajón. La falta de apoyos entre la oposición ha obligado a enterrar de nuevo el proyecto al Gobierno de la alcaldesa, que ha retirado del pleno de este viernes el punto para crear una funeraria municipal. Colau también ha prescindido de la medida que pretendía vender la participación que mantiene el consistorio del 15% de Serveis Funeraris de Barcelona.
En cambio, el Ayuntamiento sí ha conseguido sacar adelante la modificación de las ordenanzas funerarias, lo que abrirá la competencia en el servicio para abaratarlo, y además ampliará las bonificaciones a las familias vulnerables. Los grupos de la oposición han avalado que la apertura de la competencia favorecería el descenso de precios –de los más elevados en España– de la sepultura en la capital catalana.
El Gobierno de Barcelona no ha logrado hasta este momento seducir a la oposición con su proyecto de funeraria pública, una negociación turbulenta que ya le costó la retirada del pleno de abril la misma propuesta que este viernes ha quedado en dique seco. La mano tendida del PDeCAT y ERC si la alcaldesa rompía con el PSC todavía no ha dado frutos en esta materia.
Si bien la funeraria municipal deberá esperar, Colau sí ha dado los primeros pasos para hacer de la muerte en Barcelona un derecho más accesible: la modificación de las ordenanzas de servicios funerarios y de cementerios servirá para abrir la competencia de forma real en esta materia –a partir de ahora no será obligatorio que las empresas, dos hasta ahora, dispongan de tanatorio para poder operar– y se actualizarán los criterios para acceder al servicio gratuito y las bonificaciones dirigidas a las personas con menos recursos.
En concreto, a partir de enero de 2018 se utilizará como indicador el índice de renta suficiente de Catalunya; el servicio pasará a ser gratuito si dicho índice es igual o inferior al 0,66. Si se llega al 1 se podrá acceder a una bonificación del 30%. Todos los grupos excepto el Partido Popular han dado apoyo a la iniciativa. Por su parte, el Grup Municipal Demòcrata –antigua Convergència– ya anunció el jueves que había llegado a un acuerdo con BComú sobre dichas ordenanzas.
