El consorcio de Servicios Sociales de Barcelona adjudicó contratos a dedo sin justificar, según varias auditorías

Irregularidades en contratos públicos y sobresueldos fuera de convenio en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona. Este ente, que controla la Generalitat y en el que participa el Ayuntamiento, realizó contratos a dedo sin justificar entre los años 2014 y 2019 por valor de 20 millones de euros, según unos informes de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención General de la Generalitat que ha adelantado El Periódico este miércoles. 

El informe 6/2017 de la Sindicatura de 2014 apunta a pérdidas por 731.000 miles de euros de los ejercicios 2013 a 2014 y se observan “incidencias” sobre el objeto contractual, los importes y los datos que hacen pensar que se produjeron “fraccionamientos indebidos” de contratos. El informe de la Intervención de la Generalitat de 2015 asegura que no se dio cumplimiento a la normativa en materia de personal y que hay conceptos retributivos “fuera de convenio”. El sindicato CGT ya ha anunciado que llevará el caso a la Oficina Antifraude.

El informe de la Sindicatura sobre 2014 concreta que 20 de los 22 expedientes analizados, por un valor de 22 millones de euros, se tramitaron sin publicidad, transparencia y concurrencia pública y sin justificación. Además, en doce de los contratos menores fiscalizados el importe facturado supera el importe autorizado en el contrato y en siete casos el importe total facturado por el proveedor supera el umbral fijado en la normativa de contratación para los contratos menores, por lo que se deberían haber tramitado mediante un procedimiento con concurrencia.

En este sentido, afirma que el consorcio tramitó la mayoría de contratos para la gestión de servicios públicos mediante el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la exclusividad, pero la Sindicatura considera que el Consorcio “no motiva ni justifica suficientemente la utilización de este procedimiento”. 

El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona se creó en 2006 para gestionar los servicios de atención a los más vulnerables en la ciudad, desde los recursos para menores tutelados hasta los de atención a víctimas de violencia machista. El organismo está formado por Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona con una participación del 60% y el 40%, respectivamente, lo que hace que el control esté de facto en manos del Govern. En el momento en que comenzaron estas supuestas irregularidades, en ambas Administraciones gobernaba CiU. Luego ERC asumió las competencias de servicios sociales a partir de 2017. 

Sobresueldos sin justificación

En cuanto al área de personal, los informes muestra que algunos trabajadores recibieron una tercera paga extra, en concepto de asistencia y puntualidad, mientras que la normativa de la función pública sólo prevé dos. Además, indica que en 2017 no se disponía de manuales del circuito de caja en que se determinaran el uso de efectivo y el control y que se ejecutó gasto por 957.840 euros por la que no se disponía de crédito suficiente.

En el informe de la Intervención de la Generalitat de 2015 se concluye que la entidad dio cumplimiento a la normativa a excepción de la referente a los gastos de personal, de la normativa patrimonial, de la de contratación y de la de protección de datos. Entre otros, apuntan a la creación de dos conceptos retributivos que no constan en el convenio y también se incrementó la retribución de dos personas sin justificación aparente. 

Según el análisis que hace la CGT de las auditorías, en 2015 se pagaron sobresueldos por encima de convenio por valor de 352.379 euros; en 2017, 328.726 y en 2019, por valor 256.000 euros.

El sindicato CGT ha anunciado que llevará todos estos hechos a la Oficina Antifraude los próximos días “para exigir responsabilidades”. Entre otros, han asegurado que algunos de los contratos implicados son a fundaciones y empresas con “vínculos” con los partidos de gobierno o empresarios que buscan el lucro económico. Lo ven como un “caso grave de puertas giratorias” y apunta a las presuntas irregularidades en la contratación de personal, con “sobresueldos por encima de convenio”.