La crisis económica pone en grave riesgo el derecho fundamental a la libertad de información de los ciudadanos
Hace 21 años las Naciones Unidas instauró el 3 de mayo como el día mundial de la libertad de prensa. La crisis económica y sus repercusiones en relación con la libertad de expresión y las agresiones contra profesionales de la información centran este año la conmemoración.
Las dificultades económicas han castigado con dureza la profesión periodística. Después del sector de la construcción es el ámbito donde se ha registrado más destrucción de empleo. Y no es sólo eso, aprovechando la crisis se han cambiado legislaciones y las nuevas atentan claramente contra los derechos de los trabajadores. En el caso del sector de la comunicación, el efecto se transmite, como una mancha de aceite, al conjunto de la sociedad, porque la precariedad, la reducción de las condiciones laborales de los periodistas y el incremento de la dependencia de los medios respecto de los anunciantes, privados o públicos, pone en peligro derechos fundamentales como son el de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.
En Cataluña, el Colegio de Periodistas, y también varias organizaciones como el sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC), instan a los trabajadores del sector de la comunicación a movilizarse en favor de la libertad de prensa ya alertar y sensibilizar al público del peligro que esta libertad fundamental corre en estos momentos.
Leyes que son papel mojado
El Artículo 52 del Estatuto de autonomía vigente reclama de los poderes públicos que garanticen el derecho a una información veraz y que se respete el pluralismo político por parte de todos los medios de comunicación. Y en cuanto a los medios públicos, que la información que proporcionen sea neutral.
Pero, una cosa es lo que se dice y otra es la realidad. Las patronales consideran la información no un derecho sino una mercancía. La crisis ha supuesto, pues, una pérdida constante en las condiciones de trabajo y de empleo de los profesionales, y, afirma el SPC, “ninguna administración ha salido a defender el carácter público y los valores democráticos del derecho a la información”.
En este sentido la organización sindical recuerda los comportamientos que han tenido los poderes públicos en los casos del cierre de Canal 9 en Valencia, la casi privatización total de Telemadrid y, desde el gobierno de CiU, en Cataluña “la erosión del servicio público de la CCMA con la rebaja de la aportación económica y la inexplicada iniciativa de externalizar la venta de la publicidad”.
La seguridad de los profesionales de la información es otro de los elementos que se reivindican en el día de la Libertad de prensa. El caso de los tres periodistas secuestrados en Siria es paradigmático de la fragilidad con la que se debe trabajar en los países con conflictos.
Durante el año 2103 fueron asesinados 75 periodistas, 177 fueron encarcelados y 87 fueron secuestrados. Esta última cifra supone un aumento del 129% respecto del año anterior, según Reporteros Sin Fronteras.
En España y también en Cataluña han proliferado las agresiones a periodistas, hechas en algunos casos por policías mientras los profesionales estaban trabajando. Estas agresiones no han supuesto ninguna actuación práctica en su favor por parte de las autoridades políticas.