La infancia también tiene derecho a un hogar

En 2009, cuando nació la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), se registraron cerca de 28.000 desahucios en el Estado español, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado 16 años y en 2024 seguimos igual: 27.564 desahucios. Pero algo ha cambiado. En aquel entonces, muchas ni siquiera sabíamos cómo se escribía desahucio. Hoy, la emergencia habitacional encabeza desde hace dos años la lista de preocupaciones sociales en el país.

Lejos de resolverse, la crisis se ha ido agravando. Primero, la burbuja inmobiliaria (2001-2008) derivó en la crisis hipotecaria (2009-2014). Después, la burbuja del alquiler (2015-2019) dio paso a la actual crisis del alquiler, interrumpida solo brevemente por el COVID-19. Ahora asistimos a una nueva etapa, aún más silenciada: la burbuja de las habitaciones y la llamada crisis de “las sin rostro”, aquellas personas que, por su situación de precariedad, irregularidad administrativa o falta de redes, no aparecen en las estadísticas aunque existan. Viven en habitaciones realquiladas, en pensiones, en asentamientos, en naves o directamente en la calle.

Todas conocemos casos cercanos: familias, amistades, hijos e hijas, incluso abuelos que no encuentran piso de alquiler, a quienes les suben el precio sin previo aviso, o que reciben cartas para abandonar la casa en la que han vivido toda su vida. ¿El motivo? Que unos pocos sigan enriqueciéndose a costa del derecho a la vivienda: ya sea a través de apartamentos turísticos, fondos de inversión o propietarios que especulan con el aumento de precios.

Durante todos estos años los desahucios han dejado de ocupar titulares, pero no han desaparecido. Muchas escuelas lo saben bien: han sido testigos directos del impacto que tiene la inseguridad residencial sobre su alumnado. La pérdida de la vivienda, o vivir en condiciones indignas, afecta de forma profunda a niñas y niños: emocional, social y académicamente.

En Salt (Girona), la comunidad educativa se ha organizado para denunciar esta situación. Y en Barcelona, inspiradas por su ejemplo, nace la Plataforma Docents 080, que ha impulsado una encuesta junto al Observatori DESCA con la participación de 46 centros educativos de la ciudad. Los resultados son alarmantes: solo en un mes de recogida de datos, y referidos al curso 2024-2025, se han detectado 215 menores afectados por procesos de desahucio y 180 realojados en pensiones.

Pero el problema va más allá: el 96% de las escuelas detecta alumnado viviendo en infraviviendas. El 85% ha identificado cambios constantes de domicilio. El 61% tiene estudiantes alojados en pensiones, y un 13% ha reportado casos de sinhogarismo. Las consecuencias son evidentes: el 90% observa un aumento del estrés emocional en las niñas y niños afectados, el 91% detecta nerviosismo y falta de concentración, y el 76% señala alteraciones en su estado emocional.

Además, el 70% constata un descenso en el rendimiento académico y un aumento del absentismo. También hay impactos en las condiciones de vida: problemas de higiene, de alimentación —niños que llegan sin desayunar— y de descanso.

Estos datos evidencian el fracaso del sistema de vivienda. Un modelo que no garantiza el derecho a un hogar, y que tiene efectos especialmente graves en la infancia. Por eso es urgente un cambio de rumbo que sitúe los derechos en el centro. Un cambio que debe ser colectivo y transversal: desde las escuelas, los centros de salud, los sindicatos de vivienda, los barrios, y, sobre todo, desde las instituciones.

La escuela, como espacio de referencia, puede jugar un papel clave en el acompañamiento, la detección y la protección de estos niños y niñas. Visibilizar su rol educativo en la defensa de los derechos de la infancia, en especial el derecho a la vivienda, es esencial para construir políticas públicas transformadoras, con una mirada interseccional y de cuidados. Proteger a la infancia frente a la inseguridad residencial no es opcional: es una responsabilidad colectiva urgente. Y debería serlo para todas las administraciones.

Por eso resulta incomprensible que el próximo 2 de julio esté previsto un desahucio en Barcelona con 13 menores afectados, promovido por el propio Ayuntamiento. Exigimos la paralización inmediata de este y todos los desahucios con menores. La responsabilidad es de quienes gobiernan, no de quienes sufren sus decisiones. Basta de desahucios: la infancia tiene derechos