Una jueza de Badalona anula hasta seis “cláusulas abusivas” que un fondo imponía a sus inquilinos

Una jueza de Badalona (Barcelona) ha obligado al fondo Nestar, vinculado a Azora (uno de los mayores caseros de España), a suprimir de los contratos de alquiler suscritos con once familias hasta seis “cláusulas abusivas” impuestas a los inquilinos.

El Col·lectiu Ronda, que ha representado a los arrendatarios en su demanda contra el fondo, ha celebrado la sentencia (recurrible ante la Audiencia de Barcelona) y ha reclamado que no sea “un caso aislado”, sino “el inicio de una ofensiva legal para poner fin a los excesos de los grandes propietarios y garantizar los derechos de los inquilinos”. 

En su sentencia, la magistrada de Badalona concluye que seis cláusulas de los contratos son “abusivas” o implicaban un “desequilibrio injustificado” en la relación entre propiedad e inquilinos. Nestar está vinculado al fondo de inversión Azora, uno de los mayores caseros de España (posee unas 13.000 viviendas).

Las cláusulas anuladas imponían a los arrendatarios el coste de un seguro por impago que, en caso de producirse, solo beneficiaba al dueño. También incluían automáticamente a los inquilinos en un registro de morosos, lo que, según la jueza, vulnera su protección de datos.

La supresión incluye las cláusulas que penalizaban “desproporcionadamente”, resalta la jueza, a los inquilinos por demoras en el desalojo de los pisos (hasta tres veces el alquiler por día de retraso), así como la que exoneraba a la propiedad de cualquier pago al inquilino en caso de que fuera el fondo quien incumpliera alguna de las condiciones del contrato.

También se anulan las partes de los contratos que repercutían parte del IBI o de los gastos de comunidad a los inquilinos, una práctica vetada en el periodo en el que estuvo vigente la ley catalana de protección a los inquilinos (posteriormente anulada por el Constitucional), y se obliga al fondo a devolver esos importes.

Las maniobras de los fondos de inversión y los fondos buitre, que se han convertido en los grandes caseros de España tras la crisis de 2008, llevan años en el punto de mira de organizaciones como el Sindicato de Inquilinos o incluso de las administraciones: el Ayuntamiento de Barcelona abrió expediente a Azora por mantener pisos vacíos, y el fondo ya fue condenado hace dos años por incluir cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.

Según ha denunciado el Col·lectiu Ronda, la imposición de cláusulas sin “posibilidad real” de negociación por parte de los inquilinos “es una práctica generalizada y sistemática” de los grandes propietarios como los fondos.

Para Montse Serrano, abogada de Col·lectiu Ronda, esta nueva sentencia “ejemplifica el carácter sistemático de las prácticas abusivas de la mayoría de fondos inversores se imponen a miles de arrendatarios en todo el país”. Serrano ha recordado que las sentencias solo afectan a los inquilinos que demandan y no a todos los arrendatarios, por lo que los casos en los juzgados todavía representan “una cantidad ínfima” de inquilinos

“No podemos dejar solo en manos de los juzgados las cláusulas abusivas, es necesario regular con firmeza y con carácter urgente un nuevo marco de contratación”, ha reclamado Serrano.