Ignasi, nieto de la señora Joana, este año no ha hecho las actividades extra escolares como había hecho en años anteriores. Hasta el año pasado sí que las había podido pagar, cuando aún no lo pasaban tan mal para llegar a fin de mes, cuando su hija aún cobraba el paro. Pero eso se acabó, ahora no hay más fuente de ingresos a la familia que su pensión.
Peor lo pasa Dacia con su hija Andrea. Como los ingresos de la familia están por debajo de las necesidades mínimas, los últimos meses ha ido a menudo al banco de alimentos a pedir ayuda para darle de comer a su hija.
Estos dos casos no son aislados. Han aumentado desde el inicio de la gran recesión y han sido fomentados por la implementación de las medidas llamadas “de austeridad”. La situación ha empeorado de manera progresiva y se ha extendido a una parte cada vez más importante de la población. Los indicadores de desigualdad socioeconómica muestran, año tras año, un empeoramiento de las desigualdades socioeconómicas, del riesgo de pobreza, y de las condiciones de vida infantil. Así, 1 de cada 3 menores vive en riesgo de pobreza, 1 de cada 10 en hogares sin trabajo, 1 de cada 2 jóvenes de 15 a 24 años es “ni-ni” (ni estudia ni trabaja), y las desigualdades entre las familias más y menos acomodadas ha aumentado un 20% desde 2007. La infancia está sufriendo las consecuencias más que cualquier otro grupo de población y no tiene ninguna posibilidad de solucionarlo por sí misma.
La población mayor de 65 años es la menos afectada. Parece que son los pensionistas que están sosteniendo muchas de las familias en situación de precariedad laboral o de vivienda. Pero, si esta situación de estrés económico se prolonga más tiempo y se hace crónica, los recursos familiares también se acaban.
La pobreza infantil y los gradientes sociales en salud en la infancia -a peor posición social peor salud- están asociados con peores resultados no sólo en salud pero también en rendimiento académico y posición socioeconómica en la edad adulta. Los determinantes sociales de la salud toman así un protagonismo más visible e importante ante la situación actual de crisis económica.
El aumento del precio de los alimentos básicos, de la energía y los combustibles, así como la dificultad de acceso a los créditos afectan a toda la población, pero con más fuerza a las familias más vulnerables, como las de origen inmigrante o las monomarentales y con escasos recursos. El número de familias que acuden a organizaciones no gubernamentales a pedir ayuda para cubrir sus necesidades básicas se ha triplicado desde 2007 en España y en Catalunya.
Los conocimientos actuales muestran que la perspectiva de la trayectoria vital, las condiciones de vida prenatal y durante los primeros años de vida son factores con gran influencia en la salud y la participación social del futuro adulto.
Desde el comienzo de la crisis económica se han encontrado pocos efectos inmediatos en la salud de la población general infantil, tanto en Catalunya como en España. En cambio, ya se han constatado efectos en la salud de la población infantil más vulnerable. El estudio del proyecto SOPHIE y Cáritas, hecho con familias con menores con riesgo de desahucio o que han sido desahuciadas, mostró peor salud general y salud mental en comparación con la población general infantil.
Es conocido también que las sociedades con más desigualdades socioeconómicas tienen peor salud y menor esperanza de vida a medio y largo plazo. El crecimiento de la brecha social incide en un empeoramiento de la salud física y mental de la población y genera mayor necesidad y demanda del sistema sanitario.
El Real Decreto Ley RD 16/2012 de exclusión sanitaria ha provocado una enorme variabilidad y iniquidad en el acceso a los servicios sanitarios de la población infantil más vulnerable. Este RD ha hecho evidente uno de los principios de la llamada ley de cuidados inversos: los que sufren más necesidades en salud son quienes menos pueden utilizar los servicios. En teoría, la atención a las embarazadas y menores de 18 años estaba garantizada según este decreto, y en Catalunya se han empezado a tomar medidas para resolver el problema pero un porcentaje elevado de denuncias hechas en Catalunya en el año 2015 por vulneración del derecho a la atención derivadas de este decreto ha sido en población infantil.
A pesar de que estos hechos son conocidos y han sido difundidos tanto en el ámbito político como de los medios de comunicación, no se toman las medidas mínimas necesarias para revertir el proceso de desigualdad social. Esta es una cuestión que se ha comentado de manera repetida en diversos foros de discusión sobre el tema, como en la reunión anual de la International Network for Research on Inequalities in Child Health (INRICH) de junio en Barcelona o la presentación Report Card 13, UNICEF Innocenti. Hay una distancia entre el discurso político y los movimientos de defensa de los derechos de la infancia. Los niños están en los discursos pero no en las medidas políticas efectivas. La inversión en políticas públicas para la infancia en España en los últimos años ha sido de un 40% por debajo de la media de la Unión Europea.
Desde la mayoría de organizaciones de defensa de los derechos de los menores, las sociedades científicas y las ONG se reclaman una serie de medidas para poner la equidad infantil en el centro de la agenda: promover el trabajo familiar digno y de calidad de las madres y padres priorizando las familias más vulnerables (monomarentales, parados de larga duración, etc.); implementar el salario social garantizado; asegurar el derecho a la vivienda y luchar contra la pobreza energética de todos los hogares con menores; garantizar los comedores escolar abiertos todo el año y, sobre todo, en las áreas con población con más necesidades; y garantizar el acceso a los servicios sanitarios a todos los menores y derogar las disposiciones del RD 16/2012.
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