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El Supremo mantiene como testigo protegida a la secretaria judicial que entró en Economía por “riesgo de amenazas”

Registro del 20 de septiembre en la conselleria de Economía

Oriol Solé Altimira

El Tribunal Supremo ha confirmado la condición de testigo protegida a la secretaria judicial del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que participó en los registros en la conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre. La decisión fue adoptada por el magistrado Pablo Llarena en mayo, cuando la funcionaria debía testificar en la causa por rebelión contra los dirigentes soberanistas. La sala de apelaciones confirma el criterio del instructor al considerar que existe un “riesgo de amenazas o de acoso” sobre la funcionaria por haber participado en la investigación del proceso soberanista.

La decisión del juez Llarena de declarar a la funcionaria testigo protegida fue uno de los encontronazos que han mantenido a lo largo de la investigación el instructor y las defensas. El juez había aceptado la propuesta de la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva para que la secretaria comparecencia el 16 de mayo. Sin embargo, antes de iniciarse la declaración, la Fiscalía pidió que se la considerase una testigo protegida, es decir, que declarase tras un biombo y se omitiese su identidad real.

Las defensas se opusieron y recordaron que, en su declaración en la causa por sedición en la Audiencia Nacional, la funcionaria compareció como cualquier otro testigo. El juez Llarena terminó suspendiendo la declaración por la polémica, en la que el fiscal Javier Zaragoza llegó a alertar del riesgo de que algunos letrados le hiciesen fotos y se difundiese su identidad, lo que soliviantó a las defensas.

Llarena se solidarizó con la letrada de la administración de justicia porque aseguró sentir un acoso similar al de la funcionaria el 20-S en la conselleria de Economia. “Me miran en cada esquina”, dijo el juez, que fue señalado con pintadas el pasado mes de marzo y este sábado ha sido increpado por una decena de independentistas. Tras suspender la declaración, el mismo 16 de mayo el juez dictó un auto por el que la funcionaria pasaba a ser testigo protegida. Además, acordó poner inhibidores en la sala de declaraciones para evitar filtraciones. La testifical de la funcionaria no llegó a producirse durante la fase de instrucción.

Las defensas de Junqueras, Romeva, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Dolors Bassa recurrieron la decisión del juez. Su objetivo no era otro que poder interrogar como cualquier otro testigo a la funcionaria para intentar agrietar el relato de acoso que la funcionaria describió sobre lo sucedido en la conselleria el 20-S. En un escrito aportado al juzgado de instrucción 13 y luego a la causa por rebelión, la secretaria aseguró que “jamás” había sentido “mayor vergüenza y humillación” que el 20 de septiembre, cuando tuvo que “escapar cual delincuente” trepando por la azotea, ante su “absoluto abandono”.

En un auto, la sala de apelaciones desestima todos los argumentos de las defensas y mantiene el carácter de testigo protegida a la funcionaria. “Es cierto que la identidad de la testigo es sobradamente conocida e, incluso, que su imagen puede ser obtenida de otras fuentes. Sin embargo, la imagen de la misma prestando declaración, concretamente sobre estos hechos, vinculándola a las acusaciones por graves delitos, puede tener un efecto negativo no despreciable a priori, lo que justifica medidas de protección”, argumentan los magistrados.

La resolución definitiva de este conflicto será durante el juicio, en caso de que las defensas propongan la declaración de la funcionaria, que ha sido recusada y sustituida por otro secretario judicial en la causa de Barcelona. “No se conocen impedimentos actuales ni se han previsto obstáculos futuros para que la testigo declare, en su caso, en el juicio oral, momento el que se podrá decidir si son pertinentes medidas de protección”, concluye la sala de apelaciones.

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