La jueza no ve ilegales las detenciones de la Policía a dos alcaldes de Girona y archiva la denuncia de Torra
Carpetazo a la denuncia del president de la Generalitat, Quim Torra, a la Policía Nacional por las detenciones de 16 personas, entre ellas dos alcaldes de municipios de Girona, un fotoperiodista y el sobrino del president, que el cuerpo efectuó el pasado 16 de enero en relación con una protesta en las vías del AVE de la estación de la ciudad durante el primer aniversario del 1-O.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 2 de Girona ha archivado la causa abierta como consecuencia de la denuncia presentada por Torra contra la Policía Nacional al considerar que de las diligencias practicadas “no se desprenden indicios de comisión delictiva” por parte del cuerpo.
Torra denunció por los presuntos delitos de detención ilegal y de usurpación de funciones a los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo los arrestos así como contra el responsable del cuerpo que ordenó las detenciones y “cualquier persona que hubiera colaborado con la comisión del delito”.
El TSJC negó que los arrestos se hubieran practicado por orden judicial y los atribuyó a una iniciativa policial para identificar a las personas que habrían ocupado las vías del AVE de Girona por el aniversario del 1-O. El TSJC matizó que la Policía sí informó al juez del operativo.
Torra pretendía con su denuncia dilucidar si la Policía actuó por su cuenta –y de forma ilegal– con los arrestos o si, por contra, estaba oficiada como policía judicial y tenía amparo para llevar a cabo las detenciones en el marco de la investigación que mantenía abierta el juez instructor de Girona por la ocupación de las vías del AVE a raíz de una denuncia de Adif, el operador ferroviario. La instructora se decanta por esta segunda hipótesis y descarta delito alguno.
Las detenciones enervaron al soberanismo y abrieron una brecha entre la Generalitat y la Delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que junto al Ministerio del Interior, Fernando Grande–Marlaska, defendieron el operativo. Cunillera negó cualquier tipo de irregularidad ni ilegalidad alguna en las detenciones.
