Gabriel y Boya (CUP) plantean que el Supremo no es competente para investigarlas por rebelión
Primer movimiento de Anna Gabriel y Mireia Boya ante el magistrado Pablo Llarena. La defensa de las dos exdiputadas de la CUP ha cuestionado la competencia del Tribunal Supremo para investigar los delitos de rebelión, sedición y malversación por los que están imputadas.
Entre los 27 motivos esgrimidos por la defensa de Gabriel y Boya, destaca la falta de imparcialidad e independencia que, a su juicio, tiene el Supremo para investigar la rebelión. Recuerdan los exdiputadas que la querella que dio origen a la causa estuvo firmada por el exfiscal general del Estado, José Manuel Maza, que era miembro en excedencia de la sala de lo penal del Supremo, la encargada de decidir si se admitía o no a trámite la querella.
En este sentido, remarcan que la querella contra los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament por rebelión ha sido la única que la sala de admisiones del Supremo, formada por antiguos compañeros de Maza, ha admitido, pese a que en anteriores ocasiones la misma sala había declarado la competencia para investigar a aforados al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
“Lo recomendable para preservar la apariencia de imparcialidad objetiva del Supremo es la remisión de la causa a los juzgados naturales, ordinarios y ubicados en el lugar de comisión de los hechos, los juzgados de instrucción de Barcelona”, añade el escrito de la CUP.
El escrito, firmado por el abogado y exdiputado cupaire Benet Salellas, alerta de que el propio Supremo consideró la falta de garantías procesales como uno de los motivos que justifican incluir una causa dentro del llamado “derecho penal del enemigo”, algo que, a su juicio, se podría dar en la investigación por rebelión si el Supremo no reconoce que es incompetente para instruir el caso.
Con este escrito, la CUP-CC pretende que la causa en el Supremo quede archivada o , al menos, que se derive a los juzgados de Barcelona. Asimismo, según ha indicado el partido en un comunicado, se busca “denunciar el funcionamiento poco democrático de las instituciones españolas”, y la posibilidad de que este elemento se pueda discutir en instancias judiciales internacionales en caso de que sea desestimado en España.
La defensa de la CUP ha sido la primera de los 28 líderes independentistas imputados en cuestionar formalmente y por escrito ante el Tribunal Supremo su competencia para investigar la supuesta rebelión. El pasado mes de noviembre, cuando la causa estaba en manos de la Audiencia Nacional, este tribunal ya se declaró competente para investigar la sedición por la que estaban imputados los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
