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Una veintena de agricultores demandan al Estado por su “inacción” para proteger el Delta de l'Ebre (Tarragona)

Trabajando en el arrozal. Más de 22.000 hectáreas del Delta del Ebro se destinan al cultivo de arroz.

ACN

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Un grupo de 22 propietarios de fincas agrícolas del norte del Delta de l'Ebre (Tarragona) han demandado al Estado para exigirle responsabilidades ante lo que consideran “inacción” a la hora de defender la zona ante los problemas surgidos a raíz de la gestión del río Ebro durante los últimos 60 años.

La demanda ha sido presentada este miércoles ante la Audiencia Nacional e incorpora una petición de responsabilidad patrimonial que cifra en 22 millones de euros los prejuicios económicos de los propietarios. Reclaman al Gobierno que actúe de forma “urgente y decidida” con medidas efectivas para proteger el espacio.

Los agricultores, representados por abogados del Col·lectiu Ronda, aportan informes técnicos que argumentan que la construcción y puesta en marcha de presas durante la década de los 60, así como la gestión hidrológica posterior, ha privado a la zona de los sedimentos necesarios para su preservación.

Todo ello habría supuesto, según los demandantes, el retroceso continuado de la línea costera, provocando una salinización del terreno. “Se nos ha confiscado una parte del Delta que se encuentra al fondo de estos embalses”, ha expresado el ingeniero Josep Maria Franquet, autor de los estudios técnicos de la demanda.

Los agricultores aseguran que los sucesivos gobiernos desde el franquismo conocían la situación, pero “no se ha hecho prácticamente nada”, añade Franquet. Desde el Col·lectiu Ronda aseguran que se trata de un “claro ejemplo de inactividad administrativa y de responsabilidad sobre el territorio”, asegura Mariona Torra, abogada.

Según la letrada, la demanda es “pionera” porque reclama al Estado que ejerza sus competencias de protección y conservación de la costa, tal como reconoce la ley de costas de 1988 o la de responsabilidad medioambiental de 2007.

De manera paralela, los propietarios han presentado una reclamación patrimonial por los daños ocasionados por la pérdida de terreno y de productividad de los arrozales. “Aquí el rendimiento es de un 81% respecto a la media estatal”, ha precisado Franquet. Por otro lado, la pérdida de terrenos ante el mar se calcula en un 23%.

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