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Aprobados los decretos que regulan el registro los 'lobbies' y el código ético de los altos cargos

Se trata de dos documentos que desarrollan la "ambiciosa" ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha

Desde la Junta destacan lo "avanzado" de la región en esta materia, en relación al resto de las Comunidades Autónomas

Nacho Hernando, portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos decretos de la "ambiciosa" Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Se trata de la normativa que regula el registro de los grupos de interés, también llamados 'lobbies' y la que desglosa el código ético que han de seguir quienes ostentan un alto cargo dentro de la Junta de Comunidades.

Nacho Hernando, portavoz de la Junta de Comunidades, ha señalado que estos avances sitúan a Castilla-La Mancha "incluso por delante de Cataluña" en materia de regulación de los grupos de influencia, ya que la región catalana había aprobado un decreto pero no lo había puesto en marcha. Ha recordado así que un grupo de influencia es "cualquier persona o institución" cuya actividad principal o "al menos una de las más importantes" pudiese influir en la aplicación de normas y políticas públicas o en "cualquier ámbito" de la toma de decisiones.

Los 'lobbies' deberán estar inscritos en un registro de grupo de interés y en él deberán dar información sobre sus intereses y "comprometerse" a actuar de acorde con el código de conducta. En Castilla-La Mancha, explicó el portavoz, hay más de un centenar. De este modo, "cualquier toma de decisión puede ser contrastada de manera pública por toda la ciudadanía", señaló Hernando.

Por otra parte, el código ético para altos cargos o asimilado, se refiere a los miembros del consejo de Gobierno, viceconsejeros, Directores Generales, o directores de organismos autónomos. Esta normativa quiere definir los valores o los  principios éticos a los que estas personas "deben comprometerse" al estar en el ejercicio de la actividad pública. Para ello, se ha creado una comisión ética, presidida por el Vicepresidente primero de la Junta, que valoraría cualquier posible error que se pudiera cometer.

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