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Piden cuatro años de prisión para el vigilante que provocó la muerte del lince 'Kairós'

Los hechos sucedieron hace más de tres años cuando este ejemplar cayó en una trampa de lazo para depredadores en un coto de caza de Ciudad Real 

Según el escrito de la acusación particular, el guarda arrojó el cadáver a otra finca por indicación de los dueños del coto

Portugal libera dos ejemplares de lince procedentes del programa de cría en cautividad coordinado por la Junta

Hace más de tres años que 'Kairós', un ejemplar de lince ibérico que había sido liberado cinco meses antes de su programa de cría en cautividad, murió por estrangulamiento al quedar atrapado en un lazo metálico de los que los cazadores utilizan para capturar a depredadores. Este artilugio fue colocado por el guarda de la finca donde se encuentra el coto privado Barranco de la Caminera, en el término municipal de Torruenueva, provincia de Ciudad Real, con conocimiento de su ilegalidad por tratarse de una zona de libre tránsito de linces, especie el peligro de extinción.

Ahora, la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción pide para este guarda hasta cuatro años de prisión y siete años de inhabilitación para cazar, por sendos delitos contra la fauna y el medio ambiente, de cara al juicio cuya primera vista oral está prevista para el próximo 13 de marzo. Así lo refleja el escrito de acusación enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Villanueva de los Infantes, que instruye las diligencias. También se exige, tanto al empleado como a la empresa propietaria (Promociones Sagemar), un total de 180.000 euros de indemnización para los gobiernos de Castilla-La Mancha y Andalucía, que comparten el programa Iberlince. 

El acusado ejercía de guarda de la finca ‘La Caminera’ en cuyo interior se encuentra el coto privado de caza conocido como Barranco de la Caminera, con aprovechamiento cinegético de caza menor. Según consta en el escrito de la acusación, este vigilante colocó un lazo sin freno atado a un tronco de encina cortado en una de las gateras dispuestas por la propiedad de la finca a lo largo de la alambrada, con el objeto de eliminar depredadores que amenazaban la caza de la finca. Lo hizo, añade, con "conocimiento del peligro que ello suponía para las especies animales y sabiendo de la existencia de linces ibéricos transitando por la zona”. 

Arrojó el cadáver a otro coto de caza

Lo más llamativo es que la acusación le responsabiliza de que, después de haber encontrado el cadáver de 'Kairós', lo lanzó a un coto colindante, donde fue hallado días después. Estas conclusiones las extrae de diferentes testimonios por parte del Seprona y que llevaron finalmente a la autoinculpación del guardia de la finca donde murió el lince. En el escrito también se estipula que el lazo se colocó “en beneficio y por instrucciones” de la mercantil propietaria del coto de caza. 

Otros de los agravantes manifestados es que la protección del lugar donde se encontró el cadáver es área crítica definida en el plan de recuperación de la especie, y que el coto había sido informado por los agentes medioambientales de la presencia de este ejemplar. “Todas estas circunstancias eran perfectamente conocidas por el titular cinegético y su máximo responsable, de quien el guarda de la finca recibía órdenes directas”.

De hecho, apunta que en la finca fueron encontrados en su almacén 18 lazos de las mismas características que el que sirviera para dar muerte a 'Kairós', lo que constituye también "un riesgo para otras especies" de la zona que se encuentran igualmente en el catálogo de fauna protegida.

El caso de 'Kenitra'

Ecologistas en Acción también ejerce de acusación particular en las diligencias contra el guarda que mató de un disparo a la lince 'Kenitra' en octubre de 2014, dentro de la finca ciudadrealeña ‘Fuente del Campo’, propiedad de Retamoso de la Mancha.

En este caso, el escrito de acusación considera probado que tal disparo fue realizado con un rifle propiedad del padre del acusado, ya fallecido, y aunque contaba con licencia de caza, y tenía autorización para la realización de labores correspondientes a los guardas de la finca, sin embargo no tenía la formación necesaria paras las actividades de rececho del zorro que estaba realizando en ese momento.

Por ello, la acusación pide dos años de prisión e inhabilitación para la caza durante cuatro años, así como la indemnización a los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Andalucía, por la cantidad de 180.000 euros.

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