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El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de caza de Castilla-La Mancha

Emiliano Garcia-Page ya había anunciado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que se trataba de cuestiones "técnicas" no a la "filosofía de fondo"

El recurso hace referencia al artículo primero, apartado cinco, de la ley autonómica que modificó la normativa de 2015

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado, donde se señala que el recurso se refiere al artículo primero, apartado cinco, de la ley autonómica, que modifica la normativa de 2015, y que fue aprobada en marzo de 2018 con el apoyo del PSOE y Podemos y el rechazo del PP.

En este apartado se desgrana la 'Responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas', y señala que la responsabilidad por los daños de accidentes que provoque este tipo de especies "se estará a lo dispuesto en la legislación estatal". Además, explica que serán los titulares cinegéticos los responsables de los daños causados en las explotaciones agrarias por las piezas de caza que procedan de sus acotados.

"La responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños", recalca el documento.

En el mismo se modifica el artículo 8 de la anterior ley autonómica en lo referente a la responsabilidad por los daños causados por especies cinegéticas. El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez, ha explicado a EFE que el recurso afecta a la responsabilidad del Ministerio de Fomento en las grandes infraestructuras, sobre todo líneas férreas y autovías, ante los daños que la caza produce a los agricultores, en particular los causados por los conejos.

El vicepresidente de la Junta precisó, además, que el artículo en conflicto es "copia literal" del artículo 69, apartado C, de la Ley de Caza que Aragón aprobó en 2015 y que "no se ha declarado inconstitucional".

Emiliano García-Page ya había anunciado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en su encuentro anual con los medios de comunicación. Sin embargo, quiso puntualizar que se trataba de una cuestión "técnica" relacionada con las infraestructuras del Estado y no a la "filosofía de fondo" de la caza de Castilla-La Mancha. "Habrá gente que quiera hacer demagogia con el asunto. Yo no", aseguró.

A la vez, anunció una "macrocampaña" en favor de la caza, que estará a cargo del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que servirá para "redoblar" los esfuerzos en defensa con el sector cinegético en la comunidad autónoma. Se trata, asegura, de un aspecto "clave" y "parte de una identidad" por lo que no va a permitir que haya una "contracultura que intente acomplejar, prohibir o vetar nada en este país".

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