Antifraude avisa al Tribunal de Cuentas de “irregularidades” de 1,9 millones en la recaudación fiscal de Alginet
La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha acreditado “irregularidades, anomalías, deficiencias e incumplimientos significativos” en la gestión tributaria y recaudatoria de los ingresos municipales por parte del Ayuntamiento de Alginet durante el último mandato de Jose Vicente Alemany, alcalde por el PSPV-PSOE entre 1979 y 1999 y con una escisión del partido y el apoyo del PP entre 2017 y 2023. La actual alcaldesa popular, Elia Ferrer, gobierna en coalición con Socialistes d'Alginet, la formación que montó Alemany tras romper con el PSPV. La localidad, de 14.442 habitantes, está situada en la comarca valenciana de la Ribera Alta. El exprimer edil se libró de un juicio por un supuesto delito de estafa al haber prescrito los hechos.
La AVA, el organismo que dirige Joan Llinares, recibió una alerta relativa a la prescripción de deudas de un teniente de alcalde por la supuesta “dejadez de las funciones” de Jose Vicente Alemany. El informe reseña una “aprobación indebida” de una deuda del entonces teniente de alcalde, inmerso en un procedimiento concursal, de apenas 1.837 euros. Sin embargo, tirando del hilo de la denuncia relativa a las deudas del concejal, la Agencia Antifraude ha destapado una posible 'amnistía fiscal' de 2,4 millones de euros durante todo el anterior mandato de Alemany.
El organismo ha decidido avisar al Tribunal de Cuentas “por si de las irregularidades apreciadas pudiera derivarse un menoscabo en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance”.
Tras analizar abundante documentación del consistorio, Antifraude ha detectado irregularidades “con daño a la Hacienda Local” a consecuencia de la aprobación en 2022 de un expediente de baja por prescripción por un total de 1,9 millones de euros. Todo ello “con riesgo potencial elevado de seguir causando perjuicios a la hacienda pública”.
Además, el informe recuerda que la situación fue advertida por la tesorera municipal en 2016, a pesar de que no constan “medidas efectivas” para evitarlo. Lo que supone, a juicio de Antifraude, un indicio de posible responsabilidad.
Fuentes del consistorio consultadas por este diario reconocen errores en la prescripción de la deuda del teniente de alcalde y alegan que ya se está subsanando. Las mismas fuentes recuerdan que la tesorera ya advirtió, durante el mandato del alcalde Jesús Boluda, de Compromís, de la falta de personal para tramitar los recibos que abocaría en una prescripción.
El consistorio adoptó un modelo de gestión de recaudación directa. A pesar de que el modelo exige cierto nivel de especialidad funcionarial, tampoco consta que se hayan adoptado durante los últimos años las medidas organizativas y de funcionamiento necesarias que “garanticen una estructura de recaudación propia”. La falta de “medios técnicos y personales” puede suponer un “real y potencial perjuicio económico para las arcas municipales”.
La AVA considera que las funciones de tesorería “se habrían ejercido por personal sin los requisitos y cualificación técnica necesaria”.
Las prescripciones se dispararon en 2022
El 17 de mayo de 2022, dos funcionarias propusieron que se aprobara la anulación por prescripción de un total de 1.066 recibos de 151 contribuyentes (todos ellos con el primer apellido encabezado por la letra A). Entre mayo y diciembre de aquel año la 'amnistía fiscal' se disparó hasta los 1,9 millones de euros.
Aquel ejercicio fue el que se saldó con más prescripciones. Sin embargo, entre 2019 y 2023 la aprobación de bajas supuso 2,4 millones de euros menos para las arcas municipales.
El informe recomienda al Ayuntamiento de Alginet que revise de oficio el decreto que perdonó la deuda del anterior teniente de alcalde para “rehabilitar” la deuda tributaria, con sus correspondientes recargos e intereses. También sugiere el reforzamiento de los servicios económicos municipales con medios técnicos y personales suficientes y una adecuada cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, lo cual podría cambiar el modelo de recaudación directa a gestión delegada.
Fuentes municipales sostienen que no ha habido perjuicio económico y defienden que el Ayuntamiento de Alginet es uno de los consistorios valencianos “más saneados”.
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