CGT pide seis años de cárcel para la jefa de los funcionarios valencianos con el PP por pasar las respuestas de una oposición a una amiga

Ana Brugger, en un acto cuando era directora General de Función Pública.

El sindicato CGT solicita seis años de cárcel para Ana Brugger, exdirectora general de Función Pública con el PP de Alberto Fabra, por falsedad documental con la agravante de abuso de confianza por haber revelado las respuestas de una oposición a una amiga. Para la beneficiada, María Gonzálvez Bernad, en la actualidad asesora de Vox en las Corts, pide tres años de prisión también por presuntamente haber falsificado documento público. Para la primera reclama también seis años de inhabilitación especial.

La solicitud de penas de CGT, sindicato que inició la denuncia inicial después de que varios cuidadores de la oposición "cazaran" a las dos acusadas, es mayor que la que plantea la Fiscalía, que solicita tres años de inhabilitación. El sindicato también pide que paguen una multa de 22.000 euros por el presunto delito.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de marzo de 2018 cuando Brugger, que formaba parte del grupo de funcionarios designados para vigilar el correcto funcionamiento de la prueba que se hacía en la Universitat de València, fue sorprendida cometiendo la irregularidad.

Según las fuentes judiciales el escrito de Fiscalía señala que "tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada (Brugger) ocupó una silla al final del aula, donde comenzó a consultar su teléfono móvil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada".

Sigue el mismo escrito señalando que "seguidamente la acusada Ana María Brugger se aproximó a la opositora y también acusada María Gonzálbez (...), quien mantenía con aquella una relación de amistad, actuando ambas con el común acuerdo de procurar que eta última aprobara el examen de forma irregular (...), depositando Ana María en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su puño y letra, valiéndose de información que obtuvo por razón de su cargo de funcionaria en el el ejercicio concreto de vigilancia en tales pruebas".

Concluye finalmente el documento que "la actuación descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigiéndose estas acto seguido a la mesa ocupada por María Gonzálbez Bernad e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria Ana María Brugger que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, y de las que finalmente no llegó a hacer el uso proyectado".

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